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… El Ejecutivo ya solicitó al Congreso delegación de facultades?
Por ComexPerú / Publicado en Septiembre 19, 2016 / Semanario 861 - ¿Sabías que..
El artículo 104 de la Constitución Política del Perú dispone que “el Congreso
puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos
legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado
establecidos en la ley autoritativa”.
Así pues, en virtud de este precepto constitucional, el pasado 8 de
setiembre, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley por el cual solicita al
Congreso que le delegue facultades para legislar, por un lapso de 120 días, en
materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha
contra la corrupción, agua y saneamiento, y sobre la reorganización de
Petroperú. Estos temas han sido desarrollados de forma muy detallada en el
texto del mencionado proyecto, lo que demuestra que la solicitud llega con un
trabajo previo bien realizado.
El apartado correspondiente a reactivación económica y formalización es
el más extenso de todos, pues incluye la ampliación de la base tributaria e
incentivos a la formalización, mediante la modificación de tasas impositivas;
una mayor simplicidad y mejores procesos de recaudación; incentivos para que
las personas naturales exijan comprobantes de pago; la simplificación de la
estructura tributaria empresarial; un marco legal temporal para el
sinceramiento de deudas tributarias y repatriación de capitales peruanos; y el
desarrollo del mercado de capitales, con el fin de incrementar la competencia
en el sistema financiero.
Entre estos temas se tocaría la reducción del impuesto general a las
ventas (IGV), el retorno a las tasas del impuesto a la renta empresarial y de
los dividendos modificadas por el Gobierno anterior, el establecimiento de un
régimen tributario especial para las micro y pequeñas empresas, la adecuación
de la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales
emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), entre otros.
Asimismo, se incluirían disposiciones orientadas a perfeccionar el marco
legal del proceso de formalización y de lucha contra la minería ilegal; la
reorganización del sistema de inversión pública; la reestructuración de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión); la promoción,
reestructuración y regulación del sistema nacional de abastecimiento público; y
el establecimiento de medidas que garanticen el buen y oportuno desarrollo de
la infraestructura y las operaciones para los Juegos Panamericanos 2019.
Mención aparte merecen los objetivos de modificar el marco normativo
para simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos; de
estandarizar procedimientos administrativos comunes; de eliminar barreras
burocráticas y de optimizar la prestación de servicios en las entidades
públicas del Estado, para contribuir al fortalecimiento institucional y la
calidad en el servicio al ciudadano.
Como parte de este rubro, son muchas las acciones que venimos impulsando
desde hace un tiempo atrás y que esperaríamos ver aprobadas entre las
facultades delegadas, como la mejora del marco legal de las barreras
burocráticas, a fin de garantizar su aplicación general (a todo nivel de
gobierno) y disponer que una vez declarada la barrera como burocrática no pueda
ser impuesta por ninguna autoridad a nivel nacional. Asimismo, convertir a las
agencias sanitarias de alimentos (Digesa) y medicamentos (Digemid) en
organismos públicos con autonomía administrativa y económica, a fin de que
funcionen de una manera más eficiente, y junto con las agencias de sanidad
agraria (Senasa) y pesquera (Sanipes), que ya tienen la calidad de organismos
públicos, dotarlas de consejos directivos público-privados que les permitan
conocer de primera mano las necesidades de los usuarios particulares. Finalmente,
permitir que las agencias públicas puedan tercerizar sus servicios en entidades
privadas especializadas, sobre todo en aquellas en donde exista falta de
capacidad para emprender acciones de fiscalización posterior y problemas de
predictibilidad en su accionar, como la agencia de fiscalización laboral
(Sunafil) y de defensa civil (Indeci), además de incluir los distintos
procedimientos especializados en el ámbito de las autoridades de nivel
municipal.
En cuanto a seguridad ciudadana, observamos la intención de precisar y
modificar la legislación penal para luchar frontalmente contra el crimen
organizado, la delincuencia común y la violencia contra las mujeres y el grupo
familiar. Se pone especial énfasis en medidas de participación ciudadana y de
prevención social contra la delincuencia y los ataques a la infraestructura e
instalaciones de hidrocarburos (y así evitar las constantes paralizaciones del
Oleoducto Nor Peruano); al igual que en la reestructuración del Sistema
Nacional Penitenciario, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, del
Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú.
Asimismo, se dispone la mejora de la política migratoria y la regulación
de la seguridad fronteriza, así como el fortalecimiento del sistema de lucha
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo el
acceso al secreto bancario y la reserva tributaria por parte del Unidad de
Inteligencia Financiera. En lo referido a lucha contra la corrupción, encontramos
la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la adopción de medidas orientadas a la lucha contra la
corrupción y la reestructuración del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Respecto
de agua y saneamiento, se busca aprobar medidas que promuevan el acceso y
ampliación de la cobertura de estos servicios, que pasan por fortalecer la
rectoría en este tema, mejorar la gestión empresarial de las entidades
prestadoras y agilizar las inversiones necesarias en el sector. Finalmente, con
relación a la reorganización de Petroperú, se buscaría garantizar la
confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos.
Como verán, gran trabajo de detalle en cuanto al contenido de esta
solicitud de delegación de facultades. Esperamos que el Congreso la apruebe
cuanto antes y así el Gobierno sustente el alto nivel de confianza depositado
en él.
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