El Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) es un proceso de negociación iniciado en junio de 2013 con el objeto de impulsar el comercio de servicios, a través de compromisos que garanticen la no imposición de restricciones a los proveedores de servicios provenientes de sus integrantes.

Los participantes en esta negociación son los siguientes 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC): Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, EE.UU., Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Chinese Taipei, Turquía y la Unión Europea. Cabe resaltar que, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), estos representan el 70% del comercio mundial de servicios, aproximadamente.

Al ser todos miembros de la OMC, desde el inicio, el texto de negociación tomó como base el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de esta organización (AGCS), con la intención de que este sea posteriormente llevado al plano multilateral y forme parte de la OMC.

Cabe resaltar que el AGCS, que entró en vigor en enero de 1995, se inspiró en los mismos objetivos del comercio de mercancías, es decir, crear un sistema creíble y fiable de normas comerciales internacionales, garantizar un trato justo y equitativo (principio de no discriminación), impulsar la actividad económica mediante consolidaciones garantizadas y fomentar el comercio y el desarrollo a través de una liberalización progresiva.

Así pues, lo que plantea el TISA es actualizar las disposiciones previstas en el AGCS, tomando en consideración el escenario distinto que se vive actualmente y que indudablemente ha influido en los modos de suministro de los servicios. Por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías de transmisión, que han permitido las operaciones bancarias electrónicas y los teleservicios de salud o educación; la supresión en muchos países de monopolios existentes, como en el sector de telefonía y de servicios postales; y las reformas normativas en sectores sometidos a una estricta reglamentación, como el de transportes.

Estas innovaciones técnicas y normativas, así como los cambios en las preferencias de los consumidores, vienen potenciado el comercio de los servicios, lo que hace necesario el establecimiento de disciplinas multilaterales que permitan su liberalización sin restricciones.

Si bien, en principio, el TISA incluye todos los sectores de servicios, al igual que en el caso del AGCS, son dos los sectores que no forman parte de las negociaciones: los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales[1] y los derechos de tráfico aéreo. Además, se brinda a las partes la flexibilidad de incluir excepciones para los sectores de servicios en los que decida no aplicar, o aplicar parcialmente, los compromisos de liberalización.

Es importante mencionar que lo negociado en este acuerdo no es nuevo para el Perú, ya que responde a la tendencia de lo contenido en los capítulos de servicios de los acuerdos de libre comercio que ha venido negociando nuestro país desde hace ya un buen tiempo, y que la gran mayoría se encuentran vigentes, como los suscritos con la Alianza del Pacífico, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, Japón, México, Panamá, Singapur y la Unión Europea, así como el concluido Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).

En estos acuerdos, el Perú ya ha efectuado compromisos de liberalización en diversos rubros, como los de comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, telecomunicaciones y comercio electrónico.

Debido a su condición de tratado plurilateral de relevancia mundial, esta negociación no ha sido ajena a críticas por parte de organizaciones acostumbradas a hacer frente a demás iniciativas comerciales de gran envergadura, como el mismo TPP. Así, se dice que el TISA afectará la capacidad que tienen los Estados de regular los sectores de servicios, lo que no es cierto. La capacidad de regulación estatal no se ve disminuida por las disposiciones contenidas en acuerdos comerciales ya suscritos por el Perú ni por las que se vienen negociando en el TISA, ya que las partes mantienen el derecho de emitir la regulación que consideren necesaria en temas de calidad, competencia, salud, medio ambiente o cualquier otro de interés público.

También se dice que el TISA obligará a los Estados a privatizar los servicios públicos, afirmación que tampoco es verdadera. Como bien se comentó previamente, aquellos servicios que son provistos por el Estado y no son suministrados en competencia, no están cubiertos por el TISA. Asimismo, si alguna parte brinda servicios públicos en competencia con otros proveedores, dicha parte tiene la facultad de mantener dicho servicio como público. Esto significa que el TISA no exige privatizar un servicio público.

Finalmente, se menciona que el TISA afectará la capacidad del Estado de proteger los datos personales o la privacidad; pues esto, evidentemente, también es falso. En primer lugar, dada la masificación del uso del internet para la provisión de servicios, el acuerdo lo que busca es establecer compromisos que eviten las restricciones a los servicios suministrados a través de internet o que utilizan el comercio electrónico. En segundo lugar, los compromisos que se vienen negociando en el TISA, relacionados con el comercio electrónico o internet, no afectan la facultad estatal de proteger los datos personales o la privacidad. Por el contrario, las disposiciones relacionadas con el comercio electrónico hacen referencia a mantener un marco legal que proteja la información privada de los usuarios del comercio electrónico. Asimismo, dado que el TISA está basado en el AGCS, se preserva la facultad de los Estados de adoptar cualquier acción que sea necesaria para la protección de dichos datos.