Sí, somos partidarios y férreos defensores del libre comercio, pero del que es leal. Hoy en día, los países cuentan con una serie de herramientas a las que pueden acudir para proteger temporalmente su industria nacional de un daño causado por importaciones realizadas en forma desleal.

Estas herramientas son de 3 tipos: (i) medidas antidumping, (ii) subvenciones y (iii) salvaguardias; todas ellas plenamente respaldadas por los instrumentos jurídicos comerciales internacionales aplicables en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), muchas veces replicados en acuerdos de libre comercio.

En el caso de las medidas antidumping, estas se encuentran reguladas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC (Acuerdo Antidumping), el mismo que ha sido reglamentado internamente a través del Decreto Supremo N.º 006-2003-PCM. Cabe resaltar que este acuerdo no regula las acciones de las empresas que incurren en dumping, sino que se centra en la manera en que los Gobiernos pueden o no reaccionar ante el mismo, mediante la aplicación de medidas antidumping.

Así, según el acuerdo, se considera que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior a su valor normal o precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. Así pues, para determinar la existencia de dumping se deberá realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal en el mercado de origen.

Si bien tiene una connotación negativa, el dumping no está prohibido per se, por ello requiere una investigación muy minuciosa y cumplir con determinadas condiciones para que dé origen a la aplicación de derechos antidumping. En este sentido, deberá determinarse la existencia de daño, amenaza de daño o retraso sensible a la creación de una rama de producción nacional como consecuencia de las importaciones objeto de dumping, para lo que deberá considerarse el volumen de las importaciones, el efecto de estas en los precios de productos similares en el mercado interno y la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales. En definitiva, si las importaciones objeto de dumping causan daño a una rama de producción nacional y si existe una relación de causalidad entre el daño y estas.

Solo en caso de que la autoridad competente[1] compruebe que se dan estos tres elementos, podrá establecer la aplicación de derechos antidumping, a fin de corregir las distorsiones generadas en el mercado y en forma temporal, por un plazo no mayor a cinco años.

En cuanto a las subvenciones, las mismas se encuentran reguladas en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, el mismo que ha sido también reglamentado internamente a través del Decreto Supremo N.º 006-2003-PCM.

A diferencia del dumping, que constituye una práctica empresarial, las subvenciones o subsidios son aquellas contribuciones financieras que otorga un Gobierno o un organismo público a favor de una empresa o rama de producción (o de un grupo de empresas o ramas de producción), y que implican una transferencia directa de fondos o posibles transferencias directas de fondos u obligaciones, la condonación de tributos, el suministro de bienes o servicios que no sean de infraestructura general, o los pagos a un mecanismo de financiación.

Estas subvenciones se clasifican en prohibidas y recurribles. Las prohibidas son aquellas cuya concesión está supeditada al logro de determinados objetivos de exportación o a la utilización de productos nacionales en vez de importados. Su prohibición radica en que están destinadas específicamente a distorsionar el comercio internacional y, por consiguiente, es probable que perjudiquen al comercio de los demás países.

Las recurribles son aquellas que causan efectos desfavorables para los intereses de otro país, como el daño a una rama de producción de un país importador o a los exportadores rivales de otro país cuando compiten en terceros mercados, y las subvenciones internas de un país que perjudiquen a los exportadores que traten de competir en su mercado interno.

Así, estas subvenciones podrán ser suprimidas en caso se inicie un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC. De otro lado, si las importaciones de productos subvencionados perjudican a los productores nacionales, podrán imponerse derechos compensatorios mediante el mismo procedimiento que el previsto para los derechos antidumping y ante la misma autoridad competente.

Finalmente, las salvaguardias se encuentran reguladas en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, reglamentado internamente a través del Decreto Supremo N.º 020-98-ITINCI, modificado posteriormente por los decretos supremos N.° 023-2003-MINCETUR y N.° 017-2004-MINCETUR.

Dicho marco legal establece que los Gobiernos podrán aplicar medidas de salvaguardia a un producto cuando, después de una minuciosa investigación, determinen que las importaciones de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que elabora productos similares o directamente competidores. Estas medidas se aplicarán al producto importado independientemente de la fuente de donde proceda.

Dada la excepcionalidad de esta medida, a diferencia del dumping y las subvenciones, la investigación que sustente la imposición de estas medidas está a cargo del Indecopi, pero la decisión de aplicarlas le compete a una comisión multisectorial, conformada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de la Producción.