Tal como se venía anunciando desde al año pasado, debido a los altos precios de las materias primas en el mercado internacional, las transferencias fiscales producto de la actividad extractiva minera iban a marcar récords este 2022. Las cifras así lo demuestran. Solo en los primeros siete meses del año, ya se superaron las transferencias de canon y regalías mineras a Gobiernos locales y regionales en relación con lo recibido todo el año pasado, con un 65% más, lo que constituye, además, un récord histórico. 

A nivel desagregado, solo las transferencias de canon minero en 2022 alcanzaron los S/ 7,844 millones, esto es, 2.7 veces más que lo transferido el año pasado. Cabe recordar que, de acuerdo con el actual calendario de trasferencias del canon, en enero se realiza un adelanto de este recurso y la segunda parte, en julio de cada año. Por su parte, las transferencias por concepto de regalías mineras hasta julio de 2022 ascendieron a S/ 2,005 millones. De igual manera, de acuerdo con el mecanismo que mantienen, las regalías se transfieren mensualmente a los departamentos.

Además, recordemos que, según el esquema de distribución actual del canon y las regalías mineras, el 75% y el 80% de lo transferido por este recurso, respectivamente, les corresponden a los Gobiernos locales. El resto se divide entre el Gobierno regional y las universidades públicas, tal como se observa en el gráfico. En tanto, las municipalidades provinciales y distritales, así como los Gobiernos regionales, tienen un importante rol en la creación de infraestructura social para el desarrollo de los departamentos. Y ello debe estar centrado, principalmente, en atender las demandas de la población rural.

En esa misma línea, cabe destacar el aporte de estos presupuestos en la inversión pública según nivel de Gobierno. Para este año, los recursos del canon, sobrecanon y regalías explican el 46% de la inversión pública de los Gobiernos locales y el 59% de los Gobiernos regionales. Es decir, alrededor de 1 de cada 2 soles destinados para proyectos de inversión de los Gobiernos subnacionales se financia con estos presupuestos.

A nivel departamental, Áncash lidera la lista de transferencias de canon y regalías mineras, con un total de S/ 2,635 millones, con lo cual concentra el 26.8% del total transferido a nivel nacional. Le siguen Arequipa (S/ 1,355 millones; 13.8%), Ica (S/ 1,184 millones; 12%) y Tacna (S/ 1,094; 11%).

Pese a los cuantiosos montos que han recibido y continúan recibiendo las entidades subnacionales, su trabajo para traducir estos recursos en mejoras de las condiciones de vida de los habitantes deja mucho que desear. Uno de los factores que explica este problema es la baja ejecución de los presupuestos. Para tener una idea, según cifras del MEF, en lo que va del año, las municipalidades de Áncash, Arequipa e Ica solo han ejecutado el 25%, 32% y 29% del presupuesto del Rubro 18, que contempla los conceptos de canon y regalías mineras[1].

No obstante, tal como evidenciamos en nuestra edición especial sobre análisis del canon, sobrecanon y regalías, publicado a inicios de este año, la baja ejecución presupuestal es un problema estructural que arrastramos desde hace años. Así pues, hay más de un 30% de estos presupuestos que se dejan de ejecutar anualmente. Solo el año pasado, los Gobiernos locales y regionales dejaron un saldo de S/ 4,845 millones, dinero equivalente a la construcción e implementación de 24 hospitales de mediana a alta complejidad en el país. De mantenerse la tendencia de baja ejecución, este año se podría dejar sin invertir incluso más millones.

Más allá de la baja ejecución, que es un proxy del desempeño de la gestión pública subnacional, habría que ver cuán bien se están invirtiendo esos recursos. Para tener una idea de su destino, en lo que va de 2022, el gasto público de los Gobiernos subnacionales en el Rubro 18 se divide en las siguientes funciones: transporte, con un 22% del total; planeamiento, con un 20%; y agropecuaria y educación, con un 10% de participación cada una. Una vez más, sorprende que, por ejemplo, salud y saneamiento, a pesar de los conocidos retornos que trae invertir en estos derechos básicos, solo representan un 5% y un 7% del total gastado, respectivamente.

¿Y CÓMO VAN LAS UNIVERSIDADES?

Como se detalló anteriormente, el 5% de los recursos fiscales recaudados producto de la actividad minera a través del canon y las regalías se destina a las universidades públicas del departamento de influencia. Veamos cómo les va a estas entidades.

Según cifras del MEF, al 8 de agosto del presente año, las universidades nacionales del país contaban con S/ 893 millones como presupuesto proveniente del canon, sobrecanon y regalías destinadas a invertir en investigación y en proyectos de infraestructura y equipamiento. Seis de estas concentran el 52% del presupuesto: la UN San Antonio Abad del Cusco, con S/ 111 millones; la UN del Santa, en Chimbote (S/ 97 millones); la UN Jorge Basadre Grohmann, en Tacna (S/ 69 millones); la UN Santiago Antúnez de Mayolo, en Huaraz (S/ 67 millones); la UN San Luis Gonzaga de Ica (S/ 61 millones); y la UN Intercultural de Quillabamba, en Cusco (S/ 57 millones).

Luego de más de siete meses en este año, el nivel de ejecución de estos presupuestos es del 20.4% en total. Por separado, sorprende el rezago de la UN de San Antonio Abad del Cusco, con un avance único del 4.6%, a pesar de contar con 32 proyectos de inversión tanto para la sede principal como para las demás sedes, ubicadas en provincias y distritos.

Nuestro país no es ajeno a los beneficios que trae consigo el incremento de los precios de los minerales a nivel internacional. Por lo tanto, es ahora cuando debemos trabajar a fin de crear las condiciones necesarias y sentar las bases para el desarrollo socioeconómico sostenible. Por un lado, se deben atender de manera oportuna las demandas sociales que han provocado la paralización de importantes proyectos mineros en lo que va del año y, por el otro, asegurar que los recursos recibidos gracias a la minería se transformen en bienes y servicios públicos de calidad para la población.

Para ello, además de reforzar la asistencia técnica a los servidores públicos de las zonas con alta concentración de ingresos por canon, resulta importante evaluar la modificación del actual sistema de distribución del canon, tarea en manos del Poder Legislativo. Esto último permitirá evitar el despilfarro de recursos de aquellas municipalidades que reciben presupuestos que superan ampliamente sus capacidades de ejecución, tal como se ha evidenciado en anteriores ediciones (ver semanarios 1121, 1119, 1097).

[1] De acuerdo con el portal Consulta Amigable, el Rubro 18 contempla las partidas de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones.