La creciente ola de criminalidad en nuestro país está generando una sensación de inseguridad generalizada. El Gobierno tiene un papel clave en la implementación acciones para mitigar el problema; sin embargo, en las últimas semanas, sin un plan integral contra la inseguridad ciudadana, optó por declarar el estado de emergencia en diversos distritos del país, lo que restringe la movilidad de personas durante las primeras horas de la madrugada (0:00 a 4:00 horas). La medida, aunque respaldada por algunos, carecería de efectividad a largo plazo. Asimismo, ha generado preocupación en países emisores de turistas, como el Reino Unido, que publicó una alerta de viaje hacia el Perú. 

INSEGURIDAD Y PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO

Según un informe del INEI, en el período enero-junio de 2023, a nivel nacional, un 26.9% de la población urbana de 15 años a más fue víctima de un delito. En Lima, las noticias sobre atentados con artefactos explosivos a pequeñas empresas, debido a las mafias extorsionadoras, han desatado alerta y preocupación generalizada. Como consecuencia, el Gobierno declaró a cuatro distritos en estado de emergencia en Lima Metropolitana, con el fin de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, ¿esta medida trae consigo una verdadera solución al problema? 

El Estado cuenta con recursos financieros para combatir la inseguridad. Específicamente, se puede evaluar el presupuesto de la partida Reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana, que fue de S/ 5,147 millones a nivel nacional en 2022 y aumentó a S/ 5,525 millones en 2023 (+7.3%). Los departamentos con mayor presupuesto anual por cada habitante son Moquegua (S/ 238), Cusco (S/ 236) y Arequipa (S/ 227), mientras que los que tienen menores montos son Loreto (S/ 82), Cajamarca (S/ 100) y Ayacucho (S/ 101). Se puede observar que Loreto tiene cerca de un tercio del presupuesto por habitante del monto destinado en Moquegua; no obstante, ¿esta inversión está justificada en la tasa de robos por departamento? Según datos del INEI, en el primer semestre de 2023, los departamentos con mayor porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo fueron Puno, con un 37.5%; Tacna, con un 34.9%, y Lima Metropolitana, con un 33.6%. Por otro lado, quienes tuvieron las menores cifras fueron Moquegua (11.2%), San Martín (13.7%) y Cajamarca (14.2%). 

¿QUÉ MEDIDAS APLICAN OTROS PAÍSES PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA?

Al analizar las medidas adoptadas por otros países, se observan enfoques más duros. Por ejemplo, en El Salvador, se han construido prisiones masivas donde los reclusos enfrentan castigos físicos severos, e incluso se han reportado casos de muertes durante el régimen de excepción[1]. En contraste, Noruega ha optado por invertir en instalaciones carcelarias especializadas que se centran en la reinserción social, ofreciendo programas de formación, educación y un entorno cómodo, donde el único derecho que se les retira a los reclusos es el de la libertad. Por su parte, Nueva Zelanda destaca por enfocarse en la incorporación de los jóvenes al sistema educativo como parte de la prevención del delito, además de proporcionar supervisión individual y prestar atención al entorno familiar de aquellos que cometen un delito por primera vez. Chile, por su parte, ha optado por una política de regulación masiva de migrantes, que expulsa a los que entraron de manera ilegal al país y quienes tengan una denuncia penal en su contra. 

La falta de acción ante la criminalidad no solo perjudica a las víctimas, sino que también tiene un impacto severo en la calidad de vida de las personas y en la productividad de diversos sectores económicos. Además, un entorno menos seguro tiende a experimentar deficiencias en la prestación de servicios públicos, lo cual, en lugar de disuadir, fomentaría la comisión de delitos, cuando en realidad debería ser el Estado quien garantice estos servicios. Finalmente, es deber de las autoridades desarrollar un plan integral para abordar la inseguridad, que incluya medidas de prevención con efectos sostenibles en el tiempo, con resultados reales y sin generar mayores costos, como la afectación de la imagen del país como destino seguro ante los ojos del mundo.

[1] El régimen de excepción en El Salvador suspende la libertad de reunión e incluye la privación de libertad sin necesidad de una orden judicial, la incautación de bienes y armas a pandillas, y una duración máxima de detención administrativa de 15 días, entre otras medidas.