La llegada de la pandemia reveló las grandes debilidades de nuestro precario sistema de salud a nivel nacional. Las medidas aplicadas para frenar la propagación del virus afectaron la provisión del servicio de manera significativa. De acuerdo con una encuesta de la Organización Panamericana de la Salud, las interrupciones en los servicios ambulatorios habrían perjudicado la atención de pacientes con enfermedades no transmisibles. Las principales razones de estas interrupciones son la cancelación de la atención (58%), la reasignación del personal médico a la respuesta de la COVID-19 (50%) y la ausencia de pacientes a las consultas (50%).

En nuestro país, pese a los grandes retos que nos impuso la pandemia en 2020, se logró un avance en la cobertura de población asegurada en línea con el objetivo del aseguramiento universal en salud. De esta manera, según el último reporte de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), el 100% de la población peruana estaría asegurada[1] y, de esta, el 70.2% contaría con un seguro en el SIS. No obstante, la provisión de servicios de calidad de manera oportuna y a nivel nacional sigue representando un gran desafío.

Para tener una idea, según cifras del INEI, entre julio y setiembre de 2020, solo el 34.3% de la población que reportó algún problema de salud buscó atención, lo cual significó una caída de 15.5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo de 2019. No obstante, los lugares más recurridos fueron las farmacias o boticas (18.6%), seguidos por establecimientos del Minsa (6.5%) y particulares (5.5%). Ahora, si observamos el caso de la población con algún problema crónico, encontramos que solo 29 de cada 100 personas que reportaron sufrir enfermedades crónicas buscaron atención. Este escenario revela el gran déficit de atención en salud en el país, que se explicaría por el cierre temporal de establecimientos del primer nivel, así como por la congestión en el servicio enfocado en la atención de la COVID-19.

A la problemática presentada, se suma otra que ya veníamos arrastrando desde hace años. Como se ha observado, si bien el Estado en su mayoría realiza el aseguramiento, 8 de cada 10 pacientes que recibe receta médica debe comprar medicinas en farmacias privadas, debido a la falta de disponibilidad en los establecimientos públicos. De no hacerlo, el paciente deja de tratarse o acude a opciones “más baratas” con el riesgo de adquirir medicamentos ilegales o vencidos.

En esta línea, si enfocamos la mirada en la gestión de los medicamentos, encontramos que, al 30 de noviembre de 2020, un 20.6% de establecimientos del primer nivel de atención a nivel local se encontraban con una baja disponibilidad de medicamentos esenciales, un 26.2% con disponibilidad regular, un 36% con disponibilidad alta y solo un 17.3% con disponibilidad óptima, según información actualizada de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Por poner algunos ejemplos, las Direcciones Regionales de Salud de Madre de Dios, Loreto y Ucayali tienen más del 50% de sus establecimientos con baja de disponibilidad.

Por otro lado, si se observa el segundo y tercer nivel de atención a nivel regional, se evidencia que todos los hospitales del país cuentan con un sobrestock de medicamentos, es decir, con disponibilidad para cubrir la demanda por más de seis meses y, por ende, con riesgo de vencimiento. Ahora, lo ideal sería mantener un abastecimiento óptimo de medicamentos, pero claramente la pandemia ha limitado su adecuada provisión y ha exacerbado los problemas que arrastramos. 

Una aproximación a la eficiencia del proceso de gestión en medicamentos es la ejecución del presupuesto destinado al abastecimiento del sector. La ejecución promedio de esta partida en los últimos 10 años fue del 78.9%. Asimismo, llama la atención el sustancial incremento para medicamentos en 2020, con un total de S/ 1,107 millones y una variación del 45.8% respecto de 2019. Así pues, se observa un espacio de mejora en la gestión de compras de los medicamentos, el cual asegura su provisión a los pacientes de manera adecuada.

La salud es un derecho fundamental, por lo que, a la par que enfrentamos al coronavirus, debemos asegurar el tratamiento de los pacientes que sufren otras enfermedades. Si bien esto exige el trabajo conjunto de distintos actores, una manera de lograrlo es garantizando el acceso efectivo a los medicamentos. Para ello, debemos aprender y replicar las buenas prácticas en gestión de medicamentos que evidenciamos el año pasado. Este es el caso del programa Farmacia Vecina, iniciativa público-privada entre EsSalud y la Sociedad Operadora Salog, que busca mejorar la accesibilidad a medicamentos en Lima Metropolitana y Callao, a través de farmacias y boticas cercanas a sus domicilios. Urge un sistema logístico más eficiente, ya sea público o privado; de no atender este problema, más pacientes sufrirán las consecuencias.

[1] El reporte toma como base la población proyectada a 2020 del INEI, pero aún persisten brechas para lograr el aseguramiento universal en todo el país.