Entre 2005 y 2012, el Perú vio pasar una de sus mejores épocas de crecimiento económico, con tasas superiores al 6% anual. Incluso, en 2008 se logró un crecimiento del 9.1%, una de las tasas más altas de los últimos tiempos. En el mismo periodo, la pobreza se redujo de un 55.6% a un 25.8%. No obstante, motivado principalmente por el boom en los precios de los metales, este auge ocultaba detrás una situación de estancamiento estructural que hoy en día nos pasa factura. Entre 2014 y 2018, nuestro crecimiento económico ha oscilado en un rango entre el 2% y el 4%, y la pobreza se ha reducido en tan solo un punto porcentual, simple y únicamente por haber pasado tantos años en piloto automático, sin haber implementado las reformas que se necesitaban.

Hoy, poco a poco, estas comienzan a ver la luz. Prueba de ello es la tan urgente reforma educativa que inició el ministro Saavedra en 2013, y que hoy continúa el Ministerio de Educación, uno de los primeros sectores en ponerse las pilas; y también las acciones que viene realizando el Indecopi en materia de eliminación de barreras burocráticas y el Ejecutivo, en general, en materia de impacto regulatorio, tan necesarios para mejorar el ambiente de negocios. Pero, aun así, estamos bastante rezagados respecto del mundo y falta mucho trabajo por hacer.

DEL SECTOR PRIVADO PARA EL PÚBLICO

Para solucionar la ausencia de una reforma articulada a todo nivel de gobierno orientada a incrementar la productividad y competitividad del país, se creó en marzo de 2018 el Consejo Privado de Competitividad (CPC), un centro de pensamiento de iniciativa privada que busca contribuir al desarrollo del Perú con propuestas concretas de política. Como bien menciona el CPC, en los últimos cuatro años, el crecimiento del Perú ha entrado en una meseta; y la baja productividad y la falta de reformas estructurales dirigidas a incrementarla serían la principal razón del estancamiento. Si bien no podemos desmerecer el crecimiento que se ha logrado en los últimos años, sería imprudente cruzarnos de brazos a estas alturas. No podemos esperar un cambio en el resultado si seguimos haciendo lo mismo.

Ante este contexto, inicialmente, el CPC ha elaborado propuestas de reformas clave en siete pilares importantísimos que están directamente relacionados con la mejora de la productividad a nivel nacional: infraestructura, mercado laboral, sistema de justicia, ambiente de negocios, logística, capital humano, y ciencia, tecnología e innovación.

En cuanto a infraestructura, la reforma estructural incluye, entre sus principales propuestas, la elaboración de un plan de infraestructura de largo plazo para generar predictibilidad en los inversionistas y que priorice 20 proyectos urgentes de corto plazo, la contratación de un project manager office (PMO) para la ejecución de grandes proyectos o paquetes de proyectos y el desarrollo de una base única catastral para agilizar procesos de adquisición de predios. En el mercado laboral, el CPC propone establecer una metodología técnica de cálculo de la remuneración mínima vital (RMV) y diferenciarla según regiones, crear un régimen laboral para las nuevas contrataciones de trabajadores de la pequeña empresa, otorgar carácter de permanente al régimen laboral agrario, acuícola y forestal, y expandirlo a sus cadenas productivas y a otros sectores con estacionalidad, e implementar la indemnización como regla ante despidos injustificados, en lugar de la reposición.

Con respecto al sistema de justicia, se propone modificar el modelo de acceso, permanencia y promoción en la carrera judicial y fiscal, crear nuevos organismos de evaluación y control de jueces y fiscales, limitar el acceso a la Corte Suprema y ampliar la competencia notarial en materias no contenciosas, así como también limitar el contencioso administrativo en los casos Estado contra Estado.

Para mejorar el ambiente de negocios, el sector privado es quien conoce de antemano las principales urgencias. Así, encontramos propuestas de reformas importantes como implementar el análisis de impacto regulatorio en los tres niveles de gobierno y en el Poder Legislativo; establecer el alcance general de las inaplicaciones de barreras burocráticas por vulneración a la ley; sistematizar y digitalizar los trámites más frecuentes del Estado, como las licencias de edificación y de funcionamiento en las municipalidades; mejorar la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado; realizar la consulta previa en un solo momento, antes del inicio de exploración, y actualizar la base de datos de pueblos indígenas, para evitar conflictos sociales que puedan retrasar el crecimiento de la inversión.

En cuanto a la logística —clave para el sector de comercio exterior—, el CPC propone ejecutar un proyecto integral para mejorar la seguridad en las principales rutas por las que circulan los camiones que ingresan y retiran carga del puerto del Callao, considerando que de allí parte casi el 40% de nuestros envíos al exterior y se recibe un 75% de nuestras importaciones. Este proyecto comprende el equipamiento con cámaras de seguridad, centro de operaciones, vehículos, semaforización, la mejora de las vías y zonas de descanso de camiones, y la presencia de personal policial en la ruta como “Águilas Negras de Ejes Logísticos”. Como parte de la reforma en logística, el CPC propone también establecer la certificación indefinida para lugares de producción y empacadoras con buen perfil de riesgo, así como ampliar la certificación fitosanitaria electrónica a EE.UU. y China.

El capital humano es un factor clave para incrementar nuestra productividad como país y si bien, como mencionamos arriba, ya se ha avanzado en este frente, el sector privado propone de manera complementaria impulsar la educación técnica en los últimos años de secundaria, implementar asociaciones público-privadas para la administración de institutos públicos de educación superior y otorgar becas hacia carreras productivas, en coordinación con lo demandado por el sector empleador, entre otros. Finalmente, respecto de ciencia, tecnología e innovación, un pilar en el que nos encontramos bastante rezagados en relación con el mundo, el CPC propone, principalmente, dictar medidas tributarias para atraer talento extranjero, otorgar mayor cofinanciamiento en fondos concursables por asociaciones academia-empresa y reforzar la ley de beneficios tributarios en innovación.

En total, 77 medidas concretas que iniciarían las reformas estructurales en siete pilares clave para la productividad de nuestro país, que deberían integrarse al Plan de Competitividad que viene elaborando el Gobierno. Manos a la obra.