En los últimos dos años, la primera infancia se ha encontrado en una posición vulnerable frente a la COVID-19, debido a la postergación o reducción de los servicios dedicados a su cuidado y desarrollo. Así, uno de los principales problemas de política pública que pone en riesgo el desarrollo de la niñez es la prevalencia de la anemia. De acuerdo con cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) para 2020, en nuestro país, el 40% de niños y niñas entre 6 y 35 meses padeció de anemia, al igual que el 29% de la población menor de cinco años. Estos valores evidencian una casi nula reducción respecto de los valores registrados en 2019 y que alcanzaron el 40.1% y el 29.5%, respectivamente.

Existen diversos factores que explicarían este estancamiento en la reducción de la anemia a nivel nacional, entre los cuales resaltan la interrupción de los servicios de salud debido a la COVID-19, la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos y la repercusión económica en las familias producto de las medidas de aislamiento que condicionó la alimentación en algunos hogares.

Además, cabe destacar que la presencia de esta condición guarda relación con el nivel económico del hogar. Para tener una idea, la prevalencia de anemia de la población entre 6 a 35 meses que pertenecía al quintil inferior de riqueza alcanzó al 50.5%, mientras que en el quintil con mayores ingresos solo fue de un 22.8%. De acuerdo con un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el incremento de la anemia explicado por la caída en los ingresos de los hogares a causa de la pandemia resultaría mayor en los hogares en situación de pobreza y residentes de zonas rurales. 

Ahora, si evaluamos el panorama a nivel departamental, encontramos un escenario bastante heterogéneo en relación con este problema nutricional. En 2020, Puno se mantuvo como el departamento con mayores tasas de anemia en niños entre 6 y 35 meses de edad, con el 69.4% de esta población, es decir, 7 de cada 10 niños sufren de anemia. Le siguen los departamentos de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, con tasas del 57.2%, 55% y 53.7%, respectivamente. En el otro extremo, esta condición alcanzó solo al 29.2% de los niños en Tacna.

Las prioridades en el gasto público juegan un rol importante en la reducción y prevención de la anemia. Por ejemplo, de acuerdo con una publicación del Banco Central de Reserva del Perú, entre 2014 y 2019, los departamentos donde más se incrementó el gasto en suplementos de hierro lograron mayores reducciones en la incidencia de anemia infantil.

Este análisis resulta importante para el caso de Puno, pues encontramos que, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en 2021, la ejecución presupuestal en dos de los programas claves que contribuyen con la prevención de la anemia fue relativamente baja. Así, de los S/ 170 millones destinados al departamento para cubrir el Programa Articulado Nacional, solo se ejecutó el 69%, mientras que la ejecución a nivel nacional alcanzó, en promedio, el 94%. Algo similar sucede con los S/ 116 millones destinados al Programa de Salud Materno Neonatal, pues en el departamento solo se ejecutó el 80.7%. Esto, sin duda, refleja la necesidad de reforzar el seguimiento a la ejecución presupuestal de manera oportuna y efectiva, lo que permitirá ofrecer los servicios de tratamiento y prevención a la población objetivo. 

Por otro lado, evaluamos el desempeño los indicadores multisectoriales de anemia y, como se observa en el gráfico, en 2021, se registró un progreso significativo en cuatro de las siete variables priorizadas, lo cual supera incluso los niveles prepandemia. Sin embargo, aún queda espacio de mejora en los indicadores de prevención y seguimiento como el porcentaje de niños entre 4 y 5 meses con visita domiciliaria (26%), niños entre 6 y 11 meses con anemia y visita domiciliaria (16%), y madres de niños entre 6 a 8 meses que asisten a sesión demostrativa de alimentos (7%). Cabe destacar que este rezago en los indicadores respondería a la necesidad de cumplir con los protocolos de distanciamiento social que continúan a la fecha.

En respuesta a la alarmante problemática durante la pandemia, en 2020, se aprobó el Plan de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y Anemia en tiempos de COVID-19 que, con una duración de tres meses, buscaba reforzar y mejorar las acciones de 2020 para alcanzar la meta del 19% de anemia en 2021. No obstante, sin una buena institucionalidad y una gestión eficiente de los recursos, la meta propuesta planteada no sería más que un ambicioso sueño.

Frente a esta realidad, Unicef recomienda ampliar las intervenciones públicas de los programas sociales para reforzar las prácticas de alimentación. Además, sugiere fortalecer los programas de vacunación, controles de crecimiento y suplementos de hierro, con una participación comunitaria con énfasis en los niños de zonas urbanas en situación de mayor pobreza, y en las zonas rurales.

Por otro lado, entre los factores que inciden en la alta prevalencia de la anemia está la falta de agua segura y saneamiento básico en el hogar, para lo cual se necesita ampliar la provisión de estos servicios públicos a nivel nacional. Lo señalado requiere de sustanciales mejoras en la capacidad de gestión de los Gobiernos locales, los cuales concentran el mayor presupuesto para inversión en saneamiento pero que, lamentablemente, dejaron de invertir S/ 1,883 millones en programas de saneamiento urbano y rural en 2021 (ver Semanario 1105).

La pandemia ha afectado la continuidad de las acciones destinadas a disminuir la anemia infantil en nuestro país. Si bien las cifras demuestran una mínima reducción en 2020 respecto de 2019, preocupa la gran disparidad que se evidencia a nivel departamental y que atenta contra el desarrollo de la niñez. Quizá es momento de actualizar y repotenciar las estrategias del Plan Multisectorial de la Lucha contra la Anemia, aprobado en 2018, de manera que las metas se aterricen a la realidad que enfrentamos tras la llegada de la COVID-19. Solo de esta manera garantizaremos que más niños peruanos puedan llegar al sistema educativo en condiciones de salud óptimas y así se forme el capital humano que el país necesita.