En vez de impulsar la competitividad en sus regiones, la ineficiencia de las autoridades regionales y locales para administrar sus recursos genera que no se logren las metas establecidas. Muchas veces, esto se encuentra ligado a actos de corrupción. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en setiembre de 2018, con un 60.1%, la corrupción fue catalogada como el principal problema que aqueja al país. De ahí que, un mes más tarde, el presidente Martín Vizcarra declarara que el Perú pierde cerca de S/ 10,000 millones anuales debido a la corrupción, los cuales podrían ser utilizados para reducir la pobreza e impulsar otros sectores de la economía. Esta situación, evidentemente, perjudica la inversión pública y retrasa el desarrollo de las regiones al existir posibles casos de malas prácticas de gestión pública local que desvían la atención de las principales problemáticas en cada región. 

En este contexto, de acuerdo con el Informe Anual del Proceso de Descentralización, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), hacia finales de 2018, se efectuó una transferencia de un total de S/ 2,822 millones a los Gobiernos regionales. Aquella vez, los más beneficiados fueron Arequipa (13.6%), Cusco (9.1%), San Martín (8.5%) y Ucayali (8.5%). El principal sustento de esta transferencia fue el tamaño y la disponibilidad de los proyectos de inversión pública aprobados para su ejecución, entre ellos los programas sociales. Por el contrario, Huancavelica, Áncash y Tumbes recibieron los menores montos. 

Por tanto, llama la atención que el Gobierno plantee una transferencia importante de recursos a estas autoridades subnacionales con el fin de financiar proyectos de inversión pública, cuando son evidentes los serios problemas de ineficiencia en la ejecución del gasto. Por ejemplo, esto se da en el caso de la ejecución de algunos programas sociales (ver Semanarios 983 y 988), en donde existe una alta tasa de filtraciones y subcobertura. 

Por ejemplo, durante 2018, el departamento de Pasco, pese a enfrentar en 2017 una tasa de pobreza del 38.5%, que lo convirtió en el tercer departamento con mayor pobreza —con 16.8 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (21.7%), según el INEI—, ocupó el segundo lugar con peor desempeño en cuanto a ejecución de gasto, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Esto es solo un ejemplo de cómo aún existen regiones con dificultades en la ejecución del presupuesto asignado y, coincidentemente, son las que cuentan con niveles altos de pobreza. Mas aún, aquellas regiones que lograron niveles relativamente altos de ejecución utilizaron el presupuesto para proyectos que, aunque llamativos a simple vista, no representaron una prioridad, y dejaron de lado sectores que requerían ser atendidos con urgencia. Este es el caso de Cajamarca, que, pese a presentar la tasa de pobreza más alta del país (47.5%), priorizó la ejecución de proyectos culturales y deportivos (99.5% ejecutado), antes que impulsar los sectores transporte (22.7%) o saneamiento (38.5%), lo que hubiese mejorado la competitividad de la región y brindado una mejor calidad de vida a su población. 

De acuerdo con estos resultados, ¿tienen los Gobiernos regionales y locales las herramientas necesarias para dirigir y focalizar correctamente la ejecución del gasto público en beneficio de los más pobres? Mientras estos Gobiernos no cuenten con capacidades y no se tenga un sistema de priorización adecuada de proyectos, no se solucionarán las ineficiencias actuales ni mucho menos se reducirá significativamente la pobreza. ¡Brindemos soluciones sólidas para el progreso del país!