Fitch Ratings es una agencia internacional que proporciona calificaciones crediticias, comentarios e investigación para los mercados de capitales globales pertenecientes a Fitch Group. El pasado 20 de octubre, la entidad mantuvo la calificación de riesgo crediticio en "BBB"; sin embargo, redujo la perspectiva de estable a negativa, lo cual sirve como advertencia de que ponen en riesgo a la baja la calificación otorgada. Para tener una idea, esta valoración representa el último escalón del grupo “grado de inversión”.

Una nueva caída implicaría dejar de pertenecer al mencionado “grado de inversión”, pasando a tener una calificación BB dentro del grupo “sin grado de inversión”. Esto significa que nuestro país pasa a ser mucho más propenso ante cambios en la economía.

Una de las razones principales, según la agencia, es el deterioro en la estabilidad política del país. Por ejemplo, las diversas investigaciones de corrupción contra el presidente y sus afiliados cercanos (familiares y ministros) hacen que la eficiencia del Gobierno termine socavada. Esta marcada volatilidad política trae como consecuencia una caída en la inversión privada, así como la desaceleración en la implementación de políticas.

Con relación a lo dicho, el desastroso clima político trajo consigo una alta rotación del gabinete y los cargos ministeriales. El presidente Pedro Castillo ha tenido hasta el momento 74 ministros en tan solo 14 meses de gobierno, número que se incrementará tras la renuncia de Jorge López como ministro de Salud el pasado 23 de octubre. Estas decisiones, definitivamente, ralentizan la inversión pública, la cual es clave para impulsar el crecimiento económico ante una coyuntura internacional que afectaría el consumo y la inversión.

A esto se suma el hecho de que Fitch afirma que los conflictos sociales representan un riesgo latente para el desempeño del país, específicamente para la producción minera. Según el Reporte de Conflictos Sociales publicado por la Defensoría del Pueblo, durante setiembre de 2022, se registraron un total de 136 conflictos socioambientales activos y latentes, de los cuales 91 estuvieron asociados con la actividad minera. Esto representa el 66.9% del total de casos, tendencia que viene repitiéndose desde meses precedentes.

Uno de los conflictos más sonados del mes anterior ocurrió en la provincia de Espinar, en Cusco, donde el día 14 de setiembre se inició una huelga indefinida en contra del proyecto minero de explotación Antapaccay Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco. La población reclama la aprobación de la consulta previa y la entrega del bono solidario a todos los habitantes de la provincia.

A pesar de que luego de diversas reuniones se logró un consenso entre las partes involucradas, así como se estableció un cronograma para el cumplimiento de los compromisos, el pasado 17 de octubre se produjo un bloqueo en la comunidad de Huisapata, también en la provincia de Espinar. Este se llevó a cabo en protesta por el retraso en el asfaltado del tramo Yauri-Tintaya-Marquiri-Condoroma. La medida de fuerza, además de impactar a la minera Antapaccay, trajo consigo complicaciones para Hudbay y las Bambas. Cabe destacar que estas empresas representan un 30% de la producción nacional de cobre.

Estos conflictos sociales han hecho que se tenga una expectativa menor de la producción minera, a lo que se suma una demanda global más débil de las exportaciones de cobre. Los ingresos inesperados del cobre y la subejecución de la inversión pública están reduciendo el déficit por debajo del objetivo presupuestario del 2.5 % del PIB. Debido a estas razones, Fitch modificó a la baja la expectativa del crecimiento del PBI real de la economía peruana para el 2022, del 2.5% al 2.3%. Para 2023 y 2024, se espera un crecimiento promedio del 2% (por debajo del promedio que recibe un país con calificación BBB, que es del 2.8%), lo cual se debe a la persistencia en la reducida exportación de cobre y la inversión privada, así como la caída en la inversión pública debido a la transición a nuevos Gobiernos subnacionales.

Nuestras autoridades deben ponerle fin a la crisis institucional y política, la cual seguimos enfrentando día a día a través de nuevos casos y denuncias. Este tipo de noticias son nuestra puerta a la confianza ante el mundo; sin embrago, los resultados obtenidos y la realidad política dejan en evidencia que no estamos a la altura.