En los últimos días, la Convención Nacional de Agricultores del Perú (Conveagro), gremio de pequeños y medianos productores agrícolas del Perú, y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) han convocado a un paro nacional agrario para el lunes 13 de mayo. Según sus dirigentes, la medida obedece a la falta de políticas y programas de parte del Gobierno que defiendan los intereses de la pequeña y mediana agricultura rural campesina del Perú, que contribuye con el 70% a la seguridad alimentaria del país. Así, restablecer niveles arancelarios y la franja de precios, o que las compras efectuadas por el Estado mediante programas de asistencia social e instituciones públicas sean atendidas al 100% por los pequeños agricultores y ganaderos nacionales, son algunas de sus demandas.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha manifestado que reconoce los problemas y prioridades de esta pequeña y mediana agricultura, que justamente coincide con las zonas de mayor presencia de anemia y pobreza rural. Por tanto, la solución efectiva del Gobierno debe de ser un cambio estructural enfocado en una mayor productividad de esta agricultura familiar, que priorice tres aspectos: (i) el uso de semillas certificadas; (ii) la mejora de sus sistemas de riego, que en su mayoría depende de las lluvias (por gravedad), para lo cual se destinaría, en este año, un fondo de más de US$ 100 millones a Agromas[1]; y (iii) la reconversión de cultivos en ciertas zonas o regiones, buscando los de mayor productividad.

Con respecto a las demandas mencionadas, estas carecen de todo sentido técnico y de aceptarse terminarían perjudicando al consumidor. De restablecerse los aranceles y la franja de precios, estas medidas proteccionistas terminarían afectando el precio final de los productos agrícolas, por ejemplo. Asimismo, generarían problemas con la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el incumplimiento de normas aceptadas del comercio internacional y posibles represalias de los países con los que mantenemos acuerdos comerciales.

En lugar de culpar a las importaciones, sería mejor poner énfasis en las reformas estructurales que permitan una mayor competitividad de esta pequeña y mediana agricultura. Una de ellas sería eliminar la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados. Levantar dicha moratoria, que se estableció sin sustento técnico alguno, beneficiaría no solo la rentabilidad y productividad del campo, sino también a la población rural que vive del agro. Adicionalmente, se debe fomentar mejores técnicas de riego, mayor uso de tecnología y uso de semillas certificadas (ver Semanario 904). Sin mencionar que existirían otros factores en donde se requiere mayor trabajo y capacitación, como la calidad, presentación y suministro continuo de la producción, que también afectan las decisiones de compra.

En línea con esto, como lo evidenció la ministra Muñoz, una política importante para revertir esta problemática agrícola es la “Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar 2015-2021”, elaborada por el Minagri. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la productividad del agro, lo que terminaría mejorando la seguridad alimentaria, para lo cual se plantearon nueve lineamentos, como acceso a factores de producción, fortalecimiento de la asociatividad, mayor inversión para la dotación de bienes públicos, gestión de conocimiento e innovación, entre otros. Por lo tanto, se debería usar esta herramienta para mejorar la situación del agro de tipo familiar.

La solución a la problemática de la pequeña y mediana agricultura no se dará mediante un paro agrario. Por el contrario, se debe trabajar con el Gobierno en un objetivo conjunto enfocado en la mejora de su competitividad. El paro agrario solo traería consecuencias negativas a nuestra economía y, peor aún, la aceptación de sus demandas solo traería mayor proteccionismo y asistencialismo, algo que nunca les permitirá mejorar ni ser competitivos.

Así, se debería priorizar el diálogo entre el Gobierno y estos gremios con la finalidad de evitar un paro que afectaría a la economía nacional. Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 283 del Código Penal, se configura como delito penado con cárcel entorpecer el funcionamiento del transporte o de servicios públicos (ver Semanario 979). Esperamos que bajo el pretexto del paro agrario no se repitan actos delincuenciales como los sucedidos durante el paro de camioneros o la toma del oleoducto Norperuano.

[1] Programa del Minagri que permitirá el mejoramiento, acceso y aprovechamiento de las aguas de riego para la producción agrícola rural del Perú.