Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la importancia de la educación radica en su aporte fundamental al desarrollo económico y social de un país, al proporcionar a las personas las habilidades y conocimientos necesarios para participar activamente en la sociedad, contribuir al crecimiento económico y promover la igualdad de oportunidades. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Educación, el 24 de enero pasado, recordemos la importancia de realizar una inversión pública de calidad en el sector educativo a fin de mejorar su accesibilidad. 

Para empezar, el estado de la educación en el país es preocupante. Según el Índice de Competitividad Regional (Incore) 2023, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), tan solo un 8.5% de estudiantes de secundaria en el Perú cuenta con un rendimiento satisfactorio en lectura y matemáticas. Esta cifra se vuelve aún más alarmante a nivel departamental. Menos de un 4% de los estudiantes de secundaria de Loreto (1.4%), Ucayali (2%), Tumbes (2.7%), San Martín (2.9%), Huancavelica (3.5%) y Amazonas (3.5%) muestran un rendimiento satisfactorio. 

En esa línea, la infraestructura educativa resulta fundamental para proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje. Según el Incore 2023, tan solo un 39.4% de los colegios en el Perú contaron con acceso a electricidad, agua y desagüe en 2022. Precisamente, los departamentos que ocupan los últimos puestos en el ranking de accesibilidad a los tres servicios básicos, como Loreto (7.1%) y Ucayali (10.1%), son los que han presentado peores resultados en el rendimiento escolar. 

Frente a esto, la inversión pública en el sector educativo se convierte en una de las principales herramientas para reducir la falta de educación de calidad en nuestro país. ¿Cuál fue el resultado en 2023? De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto asignado para las obras públicas educativas fue S/ 10,967 millones, el segundo mayor luego del destinado al sector transporte (S/ 17,960 millones). 

El Gobierno nacional contó con S/ 4,694 millones, de los cuales ejecutó el 84.5%. En cuanto a los Gobiernos regionales, el presupuesto con el que contaron fue de S/ 2,907 millones y ejecutaron el 75.1% del total, es decir, dejaron de ejecutar S/ 724 millones. Los Gobiernos locales recibieron un presupuesto de S/ 3,366 millones y solo ejecutaron el 60.6%. Por tanto, otros S/ 1,327 millones tampoco fueron empleados para su propósito. 

Al analizar los Gobiernos regionales, el GORE de la Provincia Constitucional del Callao (17%), el GORE Áncash (21.1%), el GORE Lambayeque (30.1%) y el GORE Ica (53.5%) fueron los que registraron una menor ejecución del presupuesto para inversión pública en educación, mientras que el GORE Madre de Dios (99.4%), el GORE Junín (99.4%) y el GORE Ayacucho (98.3%) fueron los que presentaron una ejecución cercana al 100%. 

En cuanto a los Gobiernos locales, las municipalidades de Madre de Dios (37.6%), Ucayali (43%), Huancavelica (43.2%) e Ica (46.5%) presentaron una ejecución incluso menor al 50% en 2023. Por otro lado, las municipalidades de Tacna (96.1%), San Martín (92.9%) y Piura (78%) fueron las que presentaron un mayor avance en la ejecución de su presupuesto. 

Además, otro de los serios problemas que afectaría el desempeño escolar, y que golpea nuestro sistema educativo, sería la falta de una fiscalización exhaustiva de la calidad de la planilla docente. Uno de los casos más alarmantes fue el de los “profesores bambas” en julio de 2023. En una de sus investigaciones, la Contraloría General de la República encontró que al menos 184 individuos que habían presentado títulos sin autenticidad estaban desempeñando funciones como docentes y auxiliares de educación en la Provincia Constitucional del Callao. Debemos tener en cuenta que los deficientes métodos de fiscalización activa de la enseñanza ponen en riesgo a los más de 6 millones de alumnos que se matriculan en colegios públicos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación (Minedu). 

En 2024, es crucial que el Estado reúna esfuerzos para la puesta en marcha de obras públicas que mejoren la calidad educativa y refuercen los servicios educativos en todo el país. En cuanto al presupuesto para inversión pública en educación en 2024, se asignaron S/ 10,073 millones para el sector, según cifras del MEF. Los Gobiernos regionales han recibido S/ 5,103 millones y los Gobiernos locales, S/ 3,125 millones. En el desglose de estos últimos, las municipalidades que tienen asignados mayores presupuestos son las de Cusco, Piura y Áncash. 

La inversión en calidad educativa es crucial para cerrar las brechas educativas y elevar el rendimiento de los alumnos. Al destinar recursos a la mejora de la infraestructura, la formación docente, el desarrollo de programas educativos innovadores y el acceso a recursos didácticos actualizados se crea un entorno propicio para el aprendizaje de los millones de estudiantes de nuestro país. Esperamos que este 2024 los Gobiernos subnacionales hagan su tarea y logren ejecutar el 100% de su presupuesto para obras públicas educativas.