Hace pocas semanas, hablamos sobre el reto que enfrenta el Perú para reducir la brecha en el acceso a medicamentos, el cual afecta a la mayoría de los peruanos. En efecto, esta es una “pata coja” dentro de la gestión de la salud pública que, a la fecha, no ha podido resolverse. En ese contexto, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 4494/2018-PE, hoy en manos del Congreso, por el cual, entre otras cosas, dispone que las farmacias y boticas privadas cuenten con disponibilidad de medicamentos genéricos según una lista que elabore el Ministerio de Salud, y así atender la demanda existente. ¿Solucionaría esto el problema? ¿Por qué los peruanos no acceden a medicamentos?

Las respuestas a estas interrogantes apuntan directamente al continuo desabastecimiento que padecen las instituciones de la salud públicas en nuestro país, responsables de atender al 90% de la población, pero que no cuentan con los medicamentos para entregarlos de manera oportuna. Más aún, los hospitales y dependencias públicas son responsables del 80% de las unidades de medicamentos dispensados en el país; no obstante, su recurrente desabastecimiento obliga a los pacientes a acudir a otras fuentes para adquirir los medicamentos que el Estado debería poner a su alcance.

De hecho, según la Superintendencia Nacional de Salud, aproximadamente el 58% de las prescripciones atendidas en farmacias y boticas privadas se generan en establecimientos de salud públicos, y la principal razón por la que los usuarios no adquieren los medicamentos en estos establecimientos es la falta de disponibilidad (70% de los casos), pese a que el 95% de estos usuarios cuenta con un seguro público con cobertura completa para medicamentos. Esto genera un gasto para la población más vulnerable (que representa el 51% del gasto en salud entre los afiliados al Sistema Integral de Salud – SIS) y los acerca al mercado de medicamentos ilegales, que hoy, según la Organización Mundial de la Salud, alcanza un 15% del mercado total.

Así, la mayor barrera para el acceso a medicamentos, incluidos los genéricos, se genera desde el Estado, con el desabastecimiento de las instancias públicas de salud, pese incluso al incremento del gasto público destinado a la compra de medicamentos, el que en los últimos diez años se multiplicó casi 3 veces, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto sugiere, además, que existe mucho espacio para mejorar en lo que a eficiencia del gasto se refiere. Prueba tangible de ello es que, a junio de este año, el Estado solo ha ejecutado poco más del 20% del presupuesto destinado a compra de medicinas.

Si bien el proyecto reconoce esta realidad, concluye que la disponibilidad de medicamentos esenciales (principalmente los genéricos) es muy variable, debido a que no existe una oferta garantizada desde el sector privado, cuando esto depende en gran medida del sector público. Asimismo, concluye que los precios de los medicamentos genéricos en el Perú son elevados, cuando la evidencia muestra que, en realidad, estos son 79% más bajo respecto de otros países de la región, incluso de aquellos con precios controlados, como Ecuador[1], lo que nos lleva a concluir que, en realidad, no habría un problema de precios.

Un aspecto relevante en este punto es que no todos los medicamentos genéricos que se venden en nuestro país pueden asegurar los mismos resultados que el medicamento innovador de marca, debido a que no están obligados a demostrar bioequivalencia, esto es, que además de acreditar seguridad aseguren eficacia (resultados esperados) y equivalencia respecto del producto original, como sí sucede en otros países de la región y de alta vigilancia sanitaria. Un punto que se deja de lado y que es crucial para asegurar una oferta de calidad de medicamentos en el país y de aquellos que el propio Estado compra.

Por tanto, si el problema pasa por solucionar el desabastecimiento de medicamentos en el sector público, imponer listas de disponibilidad a los privados, incluso sin tomar en cuenta aspectos técnicos de relevancia como el comportamiento de la demanda en determinadas zonas, no parece la solución más acertada. Por el contrario, se debe atacar las causas que originan esta carencia crónica, como el deficiente sistema de abastecimiento en el sector público, hoy fragmentado y que no permite aprovechar el poder de negociación del Estado y las economías de escala. Asimismo, urge contar con un único sistema de información confiable que permita gestionar y dar trazabilidad a los recursos para asegurar la demanda.

El proyecto también propone que el Ministerio de Salud pueda adquirir medicamentos a través de instituciones internacionales, en cuyo caso debería asegurar que dicho proceso no implique mayores recursos para poder disponer de ellos, particularmente los relacionados al costo de los sistemas de suministro, que podrían representar entre un 30% y un 60% del costo de adquisición del medicamento[2].

Finalmente, creemos que el privado sí juega un rol en el cierre de la brecha a la accesibilidad de medicamentos. Por ejemplo, una correcta implementación del Decreto Legislativo 1165, bajo la figura de “farmacias inclusivas”, permitiría que el Estado aproveche la infraestructura de las cadenas y boticas privadas a nivel nacional, y asegure que una mayor cantidad de ciudadanos reciban su tratamiento, especialmente aquellos en zonas de difícil acceso. Dicha experiencia ha mostrado resultados positivos en EsSalud con las llamadas “Farmacias Vecinas”.

Para lograr un acceso efectivo a medicamentos, se deben eliminar las barreras estructurales que hoy lo impiden con sinergias público-privadas. La evidencia muestra que el camino es otro y no al que apunta el Ejecutivo. La pelota está en la cancha del Congreso. 

[1] Ipsos Perú (2019). Análisis comparativo de precios en el Perú y América Latina. Disponible aquí.

[2] Center for Global Development (2019). Tackling the Triple Transition in Global Health Procurement. Disponible aquí.