El dinamismo del sector agroexportador ha permitido que este se convierta en un motor de desarrollo descentralizado, al contribuir como ningún otro a la reducción de la pobreza, el aumento de la formalidad, la generación de empleo y el desarrollo de un círculo virtuoso que mejora la calidad de vida de miles de familias. Reglas de juego claras y predecibles, una extensa red de acuerdos comerciales, y una sólida institucionalidad sanitaria, han sido factores fundamentales para impulsar la inversión en el agro.

Este sector genera cerca de 800,000 empleos directos e indirectos, y el empleo formal total pasó del 16% al 25% en el periodo 2004-2017. En la región costa, donde se desarrolla de manera predominante la agricultura moderna, la formalidad pasó del 25% al 44%. Además, la tasa de pobreza en el sector disminuyó del 81% al 38%, con una reducción del 67% al 19% en la costa. La productividad en el sector ha crecido por encima del resto de los sectores económicos, a un promedio anual del 4.4%, y los ingresos tributarios generados por el sector también han tenido un incremento sobresaliente, al pasar de S/ 162 millones a S/ 538 millones.

Para seguir impulsando el crecimiento del sector agroexportador y extender sus beneficios a más regiones, es fundamental atender los desafíos a nivel interno: i) informalidad en el uso del agua, ii) investigación e innovación, y iii) proyectos de irrigación.

Primero, en el Perú, el 80% del uso del agua es informal. En el sector agrícola, existen 122 juntas de usuarios de agua reconocidas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las cuales tienen entre sus funciones el desarrollo de proyectos y el mantenimiento y la operación de la infraestructura hidráulica. La elevada informalidad hace que miles de unidades agrícolas no paguen ningún derecho por el uso de agua, lo que genera discriminación contra quienes sí lo hacen, además de crear serios problemas en el mantenimiento de la infraestructura, contaminar las cuencas, sobreexplotar y desperdiciar el recurso escaso, o usarlo ineficientemente al no emplear el riego controlado. Esta situación es crítica y solo se presta a corrupción y conflictos sociales, además de limitar seriamente la expansión de la actividad agrícola sostenible.

Segundo, en el Perú es escasa la inversión en investigación y desarrollo en el sector agrícola, y no se tiene una entidad pública que acompañe su crecimiento con una visión prospectiva del sector. El INIA carece de recursos y estrategia, y se hace necesario impulsar su rol y operatividad. A ello se añaden restricciones como la moratoria al uso de biotecnología, que solo acentúan la crisis de la innovación. Es el sector privado el que ha apostado por investigar, probar nuevos productos y variedades, pero no existe un acompañamiento y los pequeños agricultores están desamparados. Hoy vemos el éxito de la palta, los arándanos, las uvas y los espárragos, pero ¿qué cultivos vienen después? Esta es una apuesta urgente para no perder el dinamismo del sector.

Tercero, el 63.8% de la superficie agrícola no posee sistema de riego, por lo que es urgente impulsar la inversión en proyectos de irrigación como Majes Siguas (Arequipa), Alto Piura (Piura), Chavimochic III (La Libertad), Olmos (Lambayeque) y Chinecas (Áncash), a fin de seguir ampliando la frontera agrícola.

Atender estos desafíos, además de seguir fortaleciendo la autoridad sanitaria, continuar con la agenda de acceso a nuevos mercados, diseñar un sistema de derechos de propiedad predecible y transparente, y preservar la seguridad jurídica, resulta fundamental para consolidar el desarrollo del sector y continuar generando una revolución social del agro.