El Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), ha estimado la brecha de infraestructura en agua y saneamiento, tanto a mediano como a largo plazo. A mediano plazo (entre 2016 y 2020), ascendería a US$ 6,970 millones, mientras que, a largo plazo (entre 2016 y 2025), sería de US$ 12,252 millones.

La situación se vuelve incluso más preocupante si consideramos que se trata solamente de una brecha de cobertura y no de calidad, es decir, que no son tomadas en cuenta las mejoras necesarias para que la calidad del agua provista esté garantizada. Así, en el primer semestre de 2016, solo el 86.1% de la población nacional (93.5% de la urbana y 61.3% de la rural) contaba con acceso a agua por red pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Estos números son alarmantes si se comparan con el promedio mundial (91% en 2015, según el Banco Mundial) y el promedio de la región (95%). A propósito, ¿cómo va la inversión pública en este sector? ¿Podremos cerrar la brecha?

Entre 2014 y 2017, el presupuesto institucional modificado (PIM) del sector aumentó a una tasa promedio anual del 8.5%, al pasar de S/ 5,307 millones a S/ 6,780 millones. Más aún, el aumento en el PIM de 2016 a 2017 fue del 27.8% (de S/ 5,160 millones a S/ 6,780 millones), lo que podría indicar que se están intensificando las medidas para cerrar la brecha. No obstante, no basta solo con aumentar el presupuesto asignado a determinado sector, sino que es clave que el nivel de ejecución de dicho presupuesto sea relativamente alto y de calidad, de modo que se optimice la eficiencia de la inversión pública y la brecha se cierre rápidamente. De hecho, entre 2014 y 2017, el porcentaje de ejecución del PIM de este sector ha estado siempre por debajo del porcentaje de ejecución del PIM nacional. Además, durante el mencionado periodo, la ejecución del PIM de agua y saneamiento no ha superado el 70% (su tope fue un 68% en 2014). Para alcanzar los objetivos planteados en un menor tiempo, deben implementarse políticas orientadas al aumento de este porcentaje.

Evidentemente, la ruralidad del país representa un reto para el cierre de la brecha de infraestructura en agua y saneamiento. En las zonas rurales, resulta más difícil distribuir agua potable a través de redes de alcantarillado que en zonas urbanas. Esto se manifiesta en el significativo contraste entre el acceso a agua potable por red pública entre ambas zonas. Así, el 84.5% de la población urbana accede a agua potable, y el 9% a agua no potable; mientras que solo el 9.7% de la población rural accede a agua potable, y el 53% a agua no potable.

El problema de la distribución de agua potable en las zonas rurales se revela también al comparar la asignación del PIM para agua y saneamiento, según departamentos. Concretamente, ocurre que se asigna una mayor proporción de dicho PIM a los departamentos con mayor porcentaje de población rural. Por ejemplo, en 2017, Puno obtuvo un 9.6% del total y se caracteriza por tener un alto índice de población rural: un 46% en 2015. Casos similares ocurren en Cajamarca (9.1% del PIM y 65% de ruralidad) y Cusco (6.5% del PIM y 44% de ruralidad). Por tanto, se podría afirmar que los departamentos de este tipo deben gastar montos mayores en agua y saneamiento que otros.

REFORMAS ESTRUCTURALES PARA REDUCIR LA BRECHA

En la práctica, para brindar el servicio de agua y saneamiento en zonas urbanas, de acuerdo con información del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), existen las denominadas Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), de las cuales 48 son municipales, 1 es una concesión y la restante es Sedapal. Estas empresas suelen tener problemas de solvencia, pues enfrentan complicaciones para facturar el agua que proveen y cobrar la facturada. Otros problemas que enfrentan son la falta de infraestructura adecuada para proveer agua de calidad y un bajo alcance (ver Semanario N.º 875).

Para mejorar esta situación, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estaría elaborando un plan para concesionar el sistema de EPS. Así, empresas privadas con un “gerenciamiento profesional” se encargarían de la provisión de agua en zonas urbanas, lo que reduciría las ineficiencias de distribución existentes. El punto clave es que se llevarían a cabo concursos en los cuales los operadores privados competirían por obtener contratos para gestionar una EPS. De este modo, las empresas privadas más eficientes (con menores costos) serían las que obtengan los contratos, por lo que se esperaría que aumente la eficiencia de los procesos de distribución en el ámbito urbano. Otras medidas que se están tomando para mejorar la eficiencia de las EPS se presentan en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo N.º 1280) (ver Semanario N.º 875).

Por lo tanto, resulta clave reformar las EPS, ya que ello permitiría mejorar el acceso público a los servicios de agua y saneamiento, y, lo que también resulta muy importante, no implicaría una inversión pública directa. En otras palabras, sería posible reducir la brecha de infraestructura a través de medidas que generen menores costos que la inversión pública per se.