¿Qué tienen en común la inseguridad y la mala política? Que ambas se alimentan de la necesidad y la pobreza. La herramienta principal para combatirlas es el crecimiento económico. Y, en paralelo, urgen medidas eficaces y voluntad política para enfrentar la inseguridad. 

El problema de la inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, lo que afecta no solo la calidad de vida de la población, sino también la confianza en las instituciones. Recientes hechos como el asesinato de un periodista en Ica, quien perdió la vida tras recibir amenazas vinculadas a su labor de investigación, y los atentados contra el Ministerio Público en Trujillo, reflejan un escenario de violencia que parece imparable. Estos incidentes no solo son ejemplos de la creciente criminalidad, sino también un recordatorio de la falta de control por parte del Estado. 

La inseguridad no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples factores, entre ellos la pobreza y la necesidad. Según estudios, las regiones con mayores índices de delincuencia suelen coincidir con aquellas donde predominan la falta de empleo y el acceso limitado a servicios básicos. En este contexto, la desesperación y la falta de oportunidades empujan a muchos hacia actividades ilícitas, lo que crea un círculo vicioso que perpetúa la violencia. 

Para abordar esta crisis, es imprescindible implementar soluciones integrales que ataquen la raíz del problema. En primer lugar, se debe priorizar el crecimiento económico como herramienta fundamental. Esto implica generar empleo formal, especialmente en zonas vulnerables, y promover inversiones y políticas que permitan a las familias mejorar su calidad de vida. Además, es crucial fortalecer el sistema educativo, ya que una educación de calidad resulta clave para reducir la desigualdad y abrir nuevas oportunidades para las generaciones futuras. 

Por otro lado, es necesario reforzar las capacidades de las fuerzas del orden y del sistema de justicia. Esto incluye equipar y capacitar a la Policía Nacional, además de garantizar que las investigaciones fiscales y judiciales sean efectivas y transparentes. La lucha contra el crimen organizado requiere de un enfoque multidimensional, que involucre inteligencia policial, cooperación internacional y la participación activa de la ciudadanía en la denuncia y prevención de delitos. 

El Gobierno tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la seguridad como un servicio público esencial. Sin embargo, los resultados hasta la fecha muestran graves deficiencias. La falta de estrategia y de voluntad política han dejado a la población expuesta a la criminalidad, lo que afecta no solo su bienestar físico, sino también su confianza en el Estado. 

La seguridad es mucho más que una promesa de campaña. Es un derecho fundamental. Mientras no se implementen medidas concretas y sostenibles, el Perú seguirá atrapado en una espiral de violencia que amenaza su desarrollo y estabilidad. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen en soluciones que devuelvan la tranquilidad a los peruanos. Solo así se podrá construir un país donde la paz y el progreso sean una realidad accesible para todos.