Diversos alcaldes y funcionarios municipales se están convirtiendo en enemigos de la inversión privada. Manejan sus municipios como “feudos” con actos arbitrarios y abusivos que incluso acarrean responsabilidad penal. 

Unos cierran centros comerciales y negocios de diferente tamaño, sin sustento técnico o legal alguno. Otros impiden que obras ya aprobadas se ejecuten, como el alcalde de Lima, quien se opone a la construcción de la estación número 13 de la Línea 2 del Metro de Lima. Otros, por inacción (o complicidad), no atacan el flagelo de la inseguridad ciudadana y mafias organizadas ponen en jaque a miles de emprendimientos. Basta ver las denuncias públicas de los líderes del emporio comercial de Gamarra. 

Todo esto pone en riesgo la reactivación económica, afecta a miles de empresarios y los puestos de trabajo que ellos generan. Además, atenta gravemente contra los principios de seguridad jurídica y predictibilidad de las inversiones, lo que termina golpeando la confianza empresarial. 

Por ejemplo, hace unos meses, el alcalde de Ate cerró de manera arbitraria el restaurante Granja Azul. También tenemos el caso de la puesta en operación de un centro comercial paralizado por la Municipalidad de La Molina, el cual, pese a contar con todas las autorizaciones necesarias, no podía obtener la licencia de funcionamiento. Esto impedía la generación de 1,500 empleos directos y la operación de 30 puestos comerciales, muchos de ellos pymes. O, más recientemente, la actuación del alcalde de Trujillo, quien cerró por varios días dos centros comerciales y llego a anunciar que los demolería. 

Estos casos fueron mediáticos y se logró solucionarlos. Pero cada día miles de emprendimientos enfrentan arbitrariedades de funcionarios municipales, extorsiones de mafias organizadas, delincuencia, y nadie hace nada. 

Ante ello, por ejemplo, hace unos meses, gremios representativos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa se unieron para impulsar la Ley N.° 31914 —aprobada en octubre del 2023—, que estipula que un negocio solo puede ser cerrado si se constata la existencia de un peligro inminente para la vida, la salud, la propiedad o la seguridad de las personas, y que no pueda ser subsanado en el propio acto de inspección. 

Dicha norma no da impunidad a las empresas o emprendedores, sino que regula las funciones municipales para evitar que se cometan actos de corrupción o abuso de autoridad. Incumplir la norma puede generar responsabilidad penal. De hecho, lo de Trujillo ha generado denuncias penales a funcionarios municipales por parte de las empresas afectadas. 

Esto tiene que cambiar. Urge que las autoridades municipales cumplan estrictamente la ley y sean aliados de los negocios y la generación de empleo formal en sus localidades. El Ejecutivo tampoco puede ponerse de costado. Esta es responsabilidad de todos y, por ello, debe trabajar con los alcaldes para garantizar que la inversión privada pueda desarrollarse en un ambiente seguro y predecible, bajo el estricto cumplimiento de la ley. 

*Publicado en Diario Gestión el 19.01.24