De acuerdo con un estudio de Euromonitor[1], en 2017, se consumieron 279,472 hectolitros de alcohol ilegal en el Perú, lo que representó una pérdida para el Estado de US$ 74 millones, producto del contrabando y la evasión de impuestos. Pero las bebidas alcohólicas ilegales no son solo un problema en el ámbito fiscal, sino que, peor aún, representan un grave riesgo para la salud de la población. Alcohol adulterado, bebidas artesanales ilegales e, incluso, bebidas no aptas para el consumo humano están hoy a disposición del público, y la inacción de las autoridades y una laxa lucha contra esta amenaza están poniendo la salud del consumidor en jaque.

Si bien se observa una tendencia decreciente en el consumo de alcohol ilegal entre 2011 y 2017, debido, en parte, a una significativa reducción de las cervezas adulteradas y a los menores precios de las bebidas legales, nuestro país continúa siendo uno de los mayores consumidores de alcohol ilegal en América Latina. Así, mientras el mercado de bebidas ilegales representó, en promedio, un 20.2% en la región, en el Perú alcanzó una participación de 26.2%, solo por detrás de República Dominicana, Ecuador y Brasil.

Cabe destacar que, en nuestro país, las bebidas alcohólicas adulteradas son el problema más grave, pues representan el 56.1% del mercado ilegal. Les sigue el alcohol artesanal ilegal, que representa un 26.2%, y las bebidas de contrabando, que alcanzan un 15.2%. Todo ello se da casi en su totalidad en las bebidas destiladas (no tanto en las fermentadas, como las cervezas). Incluso, según Euromonitor, el etanol producido a nivel nacional es la principal fuente de suministro de estas bebidas en nuestro país.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Estamos inmersos en un contexto en el que, a pesar de que tenemos una ley vigente para abordar la problemática de la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para consumo humano (Ley 29632), el mercado de bebidas alcohólicas adulteradas ha crecido un 7% entre 2015 y 2017, y se estima que lo seguirá haciendo a partir del incremento del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas dispuesto en 2018, el cual incrementaría la brecha en el precio de los licores legales e ilegales (según Ipsos, el 94% de las personas que consumen bebidas informales lo hacen porque son más baratas[2]).

De acuerdo con Euromonitor, los principales problemas que hoy enfrentamos como país son, primero, la importación de etanol industrial, que luego es utilizado para fabricación de licores adulterados; segundo, la gran informalidad en los controles de las zonas fronterizas con Bolivia y la zona franca de Tacna; tercero, la amplia brecha entre los precios de los licores legales e ilegales; y cuarto, la poca fiscalización que existe en el país.

De hecho, en concordancia con lo anterior, el 14 de febrero último, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó un proyecto de reglamento de la Ley 29632, con la intención de retomar este importante tema. Así, creemos que la normativa va en línea con lo que se necesita para atacar frontalmente la informalidad en este mercado; no obstante, estarían faltando dos piezas fundamentales que condicionan su eficiencia. Primero, el reglamento establece la obligación de desnaturalizar el alcohol etílico[3] que se fabrica o se importa, pero solo se refiere al industrial o de segunda, y deja de lado una gran lista de alcoholes que no están obligados a ser desnaturalizados (y que justamente terminan en el mercado ilegal de bebidas). Segundo, se requiere una fiscalización efectiva. Este es un punto crucial para enfrentar el mercado ilegal y, con lo propuesto, no se podría lograr.

A la fecha, y a pesar de los esfuerzos de Produce por controlar la situación, no se cuenta con los recursos necesarios para la enorme tarea de fiscalización. ¿Por qué no pensar en incluir al alcohol etílico como un insumo químico o bien fiscalizado por la Sunat, tal como hoy sucede con los insumos pasibles de ser destinados al narcotráfico y a la minería ilegal? Este procedimiento ya ha probado dar resultados y bien podría darle la eficacia que requiere a la lucha contra el alcohol ilegal.

De manera complementaria, sería interesante evaluar la participación del sector privado en proyectos coordinados con asociaciones de recicladores formales, que puedan devolver al comercializador una mayor parte del parque de botellas que se encuentran en el mercado, con miras a impactar directamente los negocios de compra de botellas vacías de bebidas alcohólicas. O el que las mismas empresas productoras y exportadoras de pisco asuman, en coordinación con el Indecopi, un rol fiscalizador más activo en el marco del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco.

El trabajo por delante es grande y se requiere de una coordinación público-privada eficiente, no solo para salvaguardar los intereses fiscales del Gobierno, sino para reducir el impacto negativo en la salud de los consumidores.

[1] “Mercado de bebidas alcohólicas informales en Perú”, Euromonitor International.

[2] “Percepción de consumo de bebidas alcohólicas”, Ipsos Public Affairs.

[3] La desnaturalización es el proceso a través del cual se le añade, al alcohol etílico, una o más sustancias para obtener un sabor u olor que lo convierta en impropio para consumo humano.