Una adecuada gestión de la salud pública es una condición necesaria para el desarrollo y crecimiento sostenido del país. Hoy, este sector enfrenta importantes retos —como la creciente incidencia de la obesidad, especialmente entre niños y jóvenes— que han sido materia de regulación en diversos países en los últimos años, incluido el Perú. Sin embargo, tan importante como tomar acciones es asegurar su eficiencia a través de políticas públicas basadas en evidencia, en las que el análisis de impacto regulatorio juega un rol fundamental para alcanzar los objetivos con las que nacieron muchas de las regulaciones hoy vigentes, como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Nadie discute la pertinencia de asegurar una alimentación saludable para nuestra población, pero ¿estamos en el camino correcto para lograrlo?

Para ello, es preciso recordar el propósito con el que esta ley se promulgó, y que es proteger la salud pública mediante políticas de (i) educación, (ii) fomento de la actividad física y (iii) supervisión de la publicidad e información de alimentos, con el fin de eliminar enfermedades vinculadas con el sobrepeso y otras no transmisibles. Un objetivo bien intencionado pero que, en la implementación de la ley, no solo se ha visto reducido, sino desvirtuado, precisamente por la falta de un riguroso análisis de impacto regulatorio. Hoy, se han aprobado los octógonos que irían en el etiquetado de menos de un 20% de los alimentos que los peruanos consumimos (los procesados, los únicos que comprende la ley)[1], y nos encontramos en medio de una discusión sobre si estas son las advertencias publicitarias más idóneas o las de un semáforo nutricional, cuando la discusión debería girar sobre aquellas políticas que permitan asegurar una alimentación sana y promover estilos de vida saludables. Así, poco o nada se dispuso para una efectiva política de educación nutricional y, más importante aún, para contar con datos y evidencia sobre la cual diseñar las intervenciones públicas de acuerdo con la realidad del consumidor peruano.

De esta forma, la regulación vigente sobre alimentación saludable en nuestro país no solo atañe a un sector de alimentos muy reducido, sino que se basa en el modelo chileno, que más allá de recoger el sistema de alertas octogonal, asume como propio el perfil nutricional de la población del vecino país, que vive en otro contexto. De este modo, mientras que en Chile el consumo de alimentos ultraprocesados es de 201 kilos por habitante, en el Perú es de 52 kilos[2]. Y mientras que la incidencia de la obesidad en adultos (mayores a 18 años) y adolescentes (entre 10 y 19 años) en Chile es del 29% y el 14%, en nuestro país es del 19% y el 6%, respectivamente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, según la última información de la Organización Panamericana de la Salud, si bien las ventas de los productos ultraprocesados en Chile y el Perú crecieron entre 1999 y 2013, lo hicieron a un distinto ritmo. Más aún, en nuestro país se observó una desaceleración entre 2010 y 2013, con una caída en el último año[3].

Esto pone en evidencia la necesidad de políticas que partan de un diagnóstico preciso (¿obesidad?, ¿deficiente alimentación?, ¿falta de información?, ¿nula educación nutricional?) sobre la base de datos locales, y que un análisis de impacto regulatorio exigiría ponderar la necesidad y alternativas de intervención, así como sus efectos. Para dar pasos más efectivos se requiere contar con un diagnóstico de la situación nutricional y las porciones de ingesta de los niños y adolescentes peruanos. Con ello se podrá determinar las principales fuentes de alimento y el impacto del consumo de alimentos procesados, así como de otros no comprendidos en la ley; implementar recomendaciones nutricionales apropiadas y, así, dar soporte a políticas de salud para enfrentar los problemas referidos al sobrepeso, la obesidad, desnutrición y anemia, entre otros.

Las políticas en esta materia no pueden basarse en los resultados obtenidos en otros países como Chile, en el que, además, aún no existen resultados concluyentes con respecto a la ley de alimentación saludable. Algunos estudios señalan una reducción en el consumo de cereales y jugos envasados, pero no en el de chocolates y golosinas[4]. Otros, aún en curso —aunque mencionados para atribuir un éxito rotundo en Chile—, advierten la reducción de compras de bebidas azucaradas y cereales[5]; no obstante, Euromonitor señala que el consumo de productos envasados se vio afectado por la restricción en canales de venta, y se observa un cambio en la oferta y no en la demanda. Lo cierto es que el consumo de estos productos en Chile continuó creciendo[6], y las cifras de obesidad no se redujeron desde la implementación de la norma[7], aunque cabe señalar que esta tiene un horizonte de largo plazo.

De lo que se trata es de empoderar al consumidor peruano con información oportuna para sus decisiones. Las advertencias negativas no lograrán un cambio conductual ni mucho menos suplirán el rol de la educación.

[1] PublicHealth Nutrition (2017): Energy intake and food sources of eight Latin Americancountries: results from the Latin American Study of Nutrition and Health(ELANS).

[2] II Foro Internacional Gastronómico.

[3] OPS: Consumo de alimentos y bebidasultra-procesados en América Latina: Tendencias, impacto en obesidad e implicaciones de política pública.

[4] Universidad de Chile.

[5] Universidad de Chile.

[6] Euromonitor.

[7] Ministerio de Salud de Chile: Encuesta Nacional de Salud.