De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), los seguros agrícolas constituyen instrumentos financieros que actúan transfiriendo al Estado o a una compañía aseguradora el riesgo asociado a un incidente sobre la producción o los activos agrícolas. Usualmente, en el mercado de seguros existen problemas como selección adversa y riesgo moral, y los seguros agrícolas no son la excepción.

En cuanto al problema de selección adversa, este radica en que una de las partes se encuentra más informada que la otra. Así, de acuerdo con los hallazgos y resultados de una investigación de Xuemei Yang[1], este problema surge debido a que los agricultores poseen más información que las aseguradoras, principalmente sobre tierra, clima, cultivos y ganado, mientras que para las aseguradoras sería más costoso conseguir esta información. 

Por otro lado, según el análisis de Yang, el problema de riesgo moral aparecería cuando, tras adquirir el seguro, los agricultores abandonan las buenas prácticas de control de riesgo, lo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un accidente y generación de daños. Cuando ocurre un accidente, los agricultores no estarían dispuestos a emplear recursos para tomar medidas correctivas, de modo que dejan que el evento se extienda y luego lo comunican a la aseguradora, dado que los agricultores consideran que el seguro significa obtener una compensación.

Los inconvenientes mencionados sugieren que el mercado de seguros agrícolas no funciona correctamente y existe desconfianza tanto por el lado de los agricultores como de las aseguradoras. A pesar de ello, en algunos países de América Latina los seguros agrícolas logran su objetivo y contribuyen a que la agroindustria crezca.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay cuatro grandes tipos de productos que se ofrecen en los mercados de seguros agrícolas: de riesgo único, multirriesgos, de ingresos y paramétricos. El tipo más común en América Latina es el producto multirriesgos, el cual cubre riesgos naturales y biológicos; por ende, los agricultores lo prefieren ya que establece un rendimiento normal y un punto crítico por debajo del cual se activa el seguro debido a la ocurrencia de cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza. De hecho, este tipo de seguro funciona en algunos países con los que conformamos la Alianza del Pacífico, como México y Chile. El modelo de colaboración en estos países es público-privado, a través de subsidios, impuesto al valor agregado, convenios, coberturas, entre otros. Así, han logrado que los agricultores se sientan más seguros en cuanto a los eventos catastróficos y al aumento de su producción, lo que es un claro ejemplo de cómo las alianzas entre el sector público y el privado permiten el impulso de diversos sectores de la economía, que en reiteradas ocasiones hemos señalado desde ComexPerú.

En el Perú, desde 2003, el Gobierno mostró interés en el tema al formar una Comisión Nacional de Desarrollo de Seguro Agropecuario para evaluar el potencial de implementar una política de seguro agrario, lo que ha llevado a que actualmente existan dos productos: el seguro agrícola catastrófico y el seguro agrícola comercial. El primero es financiado íntegramente por el Estado y provisto por las empresas aseguradoras, específicamente dirigido a los agricultores que viven en zonas pobres del país; y el segundo es brindado por las aseguradoras y está dirigido a grandes y medianos agricultores.

A inicios de 2019, el Ministerio de Agricultura y Riego anunció que se incorporaría un solo seguro que reemplazaría a los dos productos mencionados, pero esto solo quedó en diálogos y no se llegó a formular ninguna propuesta concreta. Cabe resaltar que, si llega a consolidarse en un solo producto, debe existir un correcto análisis previo, ya que no todas las zonas del Perú poseen las mismas condiciones climatológicas. La idea de un trabajo en conjunto entre el sector público y el privado podría fortalecer un producto mucho mejor elaborado que beneficie a más peruanos. Inclusive, esta propuesta se podría ver reforzada con la reciente aprobación del decreto de urgencia que prorroga hasta 2031 la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, ya que, con las nuevas modificaciones a la norma actual, sería una buena oportunidad para incentivar el crédito y la formalización en el sector agrario.

[1] Experto en economía y gestión de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, China.