Urge ampliar la vigencia de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), como medida de promoción de la inversión privada, sin descuidar las condiciones de seguridad de los establecimientos. Corresponde a las municipalidades su fiscalización. 

Los certificados ITSE son expedidos por las municipalidades después de evaluar y verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad en edificaciones, con la finalidad de prevenir o reducir riesgos derivados de fenómenos naturales o acciones humanas, para proteger la vida y el patrimonio de las personas. 

Según la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, todo titular de establecimiento comercial, industrial o de servicios, indistintamente de su tamaño y nivel de riesgo del establecimiento, debe tramitar cada dos años la renovación de su certificado. 

Esto no era así. En 2015, ante la ausencia de criterios claros y excesiva discrecionalidad en la ejecución de las inspecciones técnicas por las municipalidades, se expidió el Decreto Legislativo 1200, que dispuso la vigencia indeterminada de los certificados ITSE, sin perjuicio de la fiscalización posterior de las municipalidades. 

Ello se revirtió en 2017, con la aprobación de la Ley 30619, que reinstauró la vigencia de los certificados ITSE por dos años, lo que se mantiene hasta hoy y ha generado innumerables casos de reclamos por la excesiva arbitrariedad de las municipalidades en su ejecución. 

Esta fue una de las razones por las que varios gremios representativos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa impulsaron, el año pasado, la aprobación de la Ley 31914, sobre cierres de establecimientos comerciales. 

REPLANTEAR LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS ITSE

Podemos señalar dos argumentos para replantear la vigencia de los certificados ITSE: 

1.   El uso del concepto riesgo en el diseño regulatorio. Es una tendencia internacional, utilizada principalmente en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La regulación basada en el riesgo permite cumplir los objetivos de las políticas públicas al enfocarse en las actividades que presentan más riesgo para el bien público, lo que a su vez reduce las cargas para una variedad de sectores y empresas con menores riesgos. 

2.   La Ley del Procedimiento Administrativo General plantea que los títulos habilitantes no deben estar sujetos, por regla general, a un plazo de vencimiento. La temporalidad es solo excepcional. 

Por estos motivos, el certificado ITSE debería volver a contar con una vigencia indeterminada. Evidentemente, siempre que las condiciones que justificaron su otorgamiento se mantengan y contemplando la facultad de fiscalización municipal bajo un enfoque de riesgo. 

Por ello, resulta positivo el proyecto de ley 7422/2023-CR, recientemente presentado por la congresista María del Carmen Alva, que vuelve a poner el tema en debate. Lo que propone es ampliar de dos a diez años el plazo de vigencia de los certificados ITSE y fortalecer la obligatoriedad de la fiscalización por parte de las municipalidades, bajo responsabilidad. 

No obstante, consideramos que la propuesta se queda corta. En todo caso, bajo un enfoque de riesgo podría considerarse que la ampliación de la vigencia de diez años aplique a las edificaciones consideradas de riesgo alto o muy alto. En el caso de edificaciones consideradas de riesgo bajo o medio, que sea indeterminada. Lo anterior contribuiría a la promoción de las inversiones, la mejora del clima del negocio y de la seguridad de las personas y sus inversiones.