Es claro que nuestro país sufre un déficit de institucionalidad, agravado por una inmensa carga burocrática que es la pesadilla de cualquier persona que intente abrir un negocio o realizar un simple trámite administrativo en una entidad pública. Ciertamente, la carga excesiva de trámites, muchos de los cuales generan sobrecostos en materia de tiempo y dinero, ha mermado el desempeño de nuestra economía en los últimos años.

Según el Índice Global de Competitividad 2016-2017, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se encuentra en el puesto 106 (de 138) en el apartado sobre instituciones, uno de los pilares en los que tenemos peor desempeño. Entre los indicadores que componen este pilar, destaca el relacionado con la carga de la regulación gubernamental, en el cual nos encontramos en el puesto 134; es decir, somos uno de los países con mayor carga burocrática en el mundo. A ello se suma que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión de Ejecutivos, también publicada por el WEF, dentro de los factores más problemáticos para hacer negocios en el país, la ineficiencia de la burocracia gubernamental ocupa el primer lugar.

Si es una barrera, es ilegal para todos…

Combatir esta ineficiencia del aparato estatal en nuestro país es vital para fomentar la competitividad del mismo. Con este objetivo, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N.º 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, con la que se pretende dar continuidad a la simplificación administrativa del sector público iniciada por el presente Gobierno.

Si bien la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ya estaba facultada para eliminar las barreras burocráticas a casos concretos, la reciente ley apunta a unificar la normativa existente y propone varias mejoras.

Así, para empezar, dicho decreto define las conocidas barreras burocráticas como las exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros que establecen las entidades de la administración pública a los agentes económicos, sean ciudadanos o empresas, que son consideradas ilegales o carentes de razonabilidad, ya que i) restringen u obstaculizan el acceso o la permanencia de dichos agentes en el mercado, o ii) constituyen incumplimientos de las normas que garantizan la simplificación administrativa.

El principal atributo de esta nueva norma consiste en la inaplicación con efectos generales, según la cual aquellas barreras declaradas ilegales o carentes de razonabilidad serán inaplicables tanto para el denunciante real como para todos los potenciales afectados. En otras palabras, si el Indecopi declara inaplicable una barrera para un caso específico, esta será inaplicable para todos los agentes en general. Esta esperada modificación facilitará considerablemente la eliminación de barreras en beneficio de todos.

Asimismo, según la reciente ley, se podrá sancionar a aquellas entidades públicas que incumplan con esta medida y continúen aplicando las barreras burocráticas declaradas ilegales. Junto a ello, se creará un portal informativo a fin de dar a conocer todas aquellas barreras declaradas improcedentes y se publicará un ranking que incluya las entidades públicas con mayor número de barreras.

Como mencionamos en el Semanario N.º 858, durante 2015, el Indecopi eliminó 1,885 barreras burocráticas, lo que significó un ahorro económico para las empresas y ciudadanos equivalente a S/ 333 millones. Además, si todas las barreras burocráticas hubiesen sido eliminadas, se habría alcanzado un ahorro potencial de S/ 1,008 millones. Con esta medida, se espera que dicho ahorro sea ahora efectivo.

Normativas como esta son las que necesitamos por parte de nuestros gobernantes, y no otras que aumenten las rigideces, como la intención de ciertos legisladores de atentar contra el régimen laboral agrario, lo que pone en riesgo todo lo avanzado en sectores clave como este (ver Semanario N.° 869).

La alta carga burocrática afecta nuestro desempeño económico y la competitividad del país. Por ello, resulta evidente la necesidad de continuar con la simplificación administrativa y el reciente decreto asegura que estamos caminando a paso firme por la senda correcta, pero aún queda un largo camino por recorrer.