La Comisión de Salud del Congreso de la República establecería barreras de acceso al mercado a boticas y farmacias. Un dictamen aprobado asigna atribuciones al Colegio Químico Farmacéutico del Perú y no a la Autoridad Nacional de Medicamentos, pese a ser la entidad pública competente en la materia. 

En sesión ordinaria realizada el 3 de diciembre pasado, la Comisión de Salud del Congreso de la República aprobó el dictamen conjunto de los proyectos de ley 2522/2021-CR y 8488/2024-CR. Este dictamen está pendiente de su remisión a la Comisión Permanente. 

El PL2522 propone la implementación de medidas de seguridad biométrica en establecimientos farmacéuticos en el sector público, con los objetivos de (i) evitar la reventa de productos farmacéuticos en el mercado negro y (ii) ubicar los establecimientos farmacéuticos públicos con determinados medicamentos esenciales para recomendarlos a los pacientes. El PL8488 propone la integración de los establecimientos farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud (SNS) y asigna competencias administrativas al Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP). 

El dictamen fusiona ambas iniciativas legislativas en un solo texto, que luego se presentaría a la Comisión Permanente para su aprobación. De ser así, se enviaría el texto al Ejecutivo para su promulgación u observación. La integración incluye las siguientes disposiciones: 

• Integración de los establecimientos farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud.

• Implementación de un sistema de seguridad biométrica dactilar en los establecimientos farmacéuticos a nivel nacional (previa coordinación y pago por servicios al Reniec).

• Registrar la captura de datos biométricos al momento del expendio de medicamentos.

• Promoción de la interconectividad de todos los establecimientos farmacéuticos a nivel nacional.

• Los establecimientos farmacéuticos que deseen operar deberán cumplir con la certificación de competencias a cargo del CQFP.

• Desarrollo de actividades de conocimiento e investigación, a cargo de las boticas y farmacias. 

Estas disposiciones serían de cumplimiento obligatorio, por lo que los establecimientos farmacéuticos privados deberán adoptarlas si se aprueba la propuesta legislativa. 

De acuerdo con el dictamen, la seguridad biométrica sería un mecanismo para identificar a los pacientes que cuenten con receta médica. Esto garantizaría que solo ellos puedan adquirir los medicamentos y evitaría su compra con fines de reventa. Además, se sostiene que esto facilitaría localizar los establecimientos farmacéuticos más cercanos para el paciente. 

Sin embargo, el cumplimiento de las disposiciones afectaría negativamente a la industria farmacéutica. El costo de cumplimiento, que implica la adquisición de sistemas de identificación biométrica dactilar, adquisición de softwares de reconocimiento de datos, servicio de verificación de datos biométricos a cargo del Reniec y el servicio de interconexión de datos entre establecimientos farmacéuticos, como mínimo, sería alto y afectaría principalmente a las pequeñas cadenas o a las farmacias o boticas independientes.

Por otro lado, el dictamen no especifica el mecanismo de integración de la industria farmacéutica al Sistema Nacional de Salud. A partir de la revisión del articulado, se trataría de una integración nominal; no obstante, se encuentra en manos del legislador recoger la mejor opción de integración, una que generaría predictibilidad y seguridad jurídica. 

El dictamen de la Comisión propone transferir al CQFP la responsabilidad sobre la operación de los establecimientos farmacéuticos, función que actualmente recae en la Digemid, según el artículo 85° del Reglamento de Organización y Funciones del Minsa. De acuerdo con el legislador, un colegio profesional estaría mejor capacitado para cumplir esta función que una entidad administrativa especializada dependiente del Minsa. Sin embargo, no se explican las razones que respaldan este cambio. Con la propuesta, se daría carta libre al CQFP para que, a discrecionalidad e indirectamente, determine qué establecimiento farmacéutico debería o no operar en el mercado.

Toda regulación debe cerciorarse de seguir un análisis de calidad regulatoria en sus propuestas. Solo así se dictarán medidas eficientes y que satisfagan las necesidades de la población en su conjunto.