El Perú apostó hace casi tres décadas por implementar un modelo económico de libre mercado, integrado al mundo, con promoción de la inversión privada y un rol subsidiario del Estado. Se redujo el tamaño de la administración pública, se eliminaron distorsiones, la inversión se convirtió en el motor de desarrollo de la economía y se recuperó la paz, tras derrotar al peor flagelo de la historia peruana, el terrorismo. Esa es la ruta que nos ha permitido crecer de manera sostenida, contar con una sólida política macroeconómica, mantener niveles bajos de inflación, tener una economía abierta y conectada al mundo, pero sobre todo generar oportunidades para la población y reducir la pobreza.

En ese camino hemos tenido avances y también grandes tropiezos. Reformas pendientes urgentes, como la del sistema político, la judicial y otras como la laboral o la de educación, son fundamentales para dar el siguiente paso. Es claro que tenemos mucho por hacer, que los problemas que enfrentamos son enormes y atacarlos es crucial si queremos recuperar el dinamismo económico para seguir generando empleos formales descentralizados y mejorar la calidad de vida de nuestra población.

Sin embargo, no solo no se realizan las reformas, sino que estamos en un círculo vicioso, en el que nos hundimos día tras día, y lo peor de todo es que deja la mesa servida a esquemas políticos de izquierda probadamente fallidos.

Hoy, la población no solo es testigo de enfrentamientos políticos y escándalos de corrupción, sino también de la inacción del Estado, con funcionarios que no toman decisiones, una burocracia que carcome las instituciones, en la que nadie cumple sus propios plazos, se maltrata al ciudadano y se dictan normas de espaldas al pueblo. Pero, también, de un sistema que, además de no generar los incentivos para impulsar la formalidad (la tramitología es una de las grandes taras), castiga al formal cada día más, ahorcándolo y maltratándolo.

Y pongo algunos ejemplos. Las medidas tributarias que se vienen aprobando en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo se han realizado de espaldas al contribuyente, no han generado los espacios de diálogo (uno de ida y vuelta) y algunas atentan contra la seguridad jurídica, ya que golpean la confianza empresarial y afectan seriamente el ambiente promotor de la inversión privada. ¿Por qué seguir ahorcando al formal, a la inversión privada? ¿Por qué la renuencia a generar espacios de diálogo con el sector privado? Se sigue empoderando a una entidad tributaria con normas poco claras, lo que genera más discrecionalidad y falta de previsibilidad, y atenta contra los derechos de los contribuyentes.

El maltrato diario al ciudadano que no recibe servicios de calidad; las largas colas para hacer un trámite en la Reniec o en Sunarp, o las demoras absurdas en los trámites de un registro para un medicamento en Digemid, sin que a nadie le importe las vidas que pueden salvarse o los sobrecostos que genera; todo esto, al final, lo terminan pagando los consumidores con precios más altos. ¿Cómo es posible que el 70% de los trámites requieren que el ciudadano acuda más de una vez al Estado, o que en promedio el ciudadano demore 8.6 horas en culminar un trámite?

¡Basta ya! ¿Hasta cuándo vamos a tener a un Estado que trabaje de espaldas a la población? ¿Por qué no levantan la mirada y ven los nefastos efectos de sus acciones? El peruano quiere trabajar, generar negocios, crear empresa, invertir y crear empleos. Ello solamente es posible si tenemos a un Estado que trabaje con los mismos objetivos y que deje de ser la piedra en el zapato. Se requieren filtros de calidad regulatoria que permitan tener mejores políticas públicas, previsibles y transparentes. Se precisa un Estado más pequeño y eficiente, con un rol facilitador. Se necesita, de una vez por todas, un Estado que trabaje al servicio del ciudadano. Abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde.