De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el Caribe fue la región que registró la mayor pérdida de empleo femenino a raíz de la pandemia y las medidas de prevención adoptadas por los diferentes Gobiernos. En el Perú, en 2020, la cantidad de puestos de trabajo ocupados por mujeres se redujo en casi 1.3 millones, lo cuales no se recuperaron al cierre de 2021, cuando el empleo femenino ascendió a 7,459,192 (-124,593 empleos respecto de 2019).

No obstante, esta situación no solo generó más desempleo, sino también salidas del mercado laboral por la dificultad para encontrar puestos de trabajo que permitan cumplir con las responsabilidades del hogar. Esto se debería, en parte, a que existe una carga desigual en la asignación de responsabilidades que limita a las mujeres la posibilidad de acceder a empleos. Una muestra de ello es que, en 2019, el 58.5% de la población económicamente inactiva —aquella que no trabaja ni busca trabajo— femenina a nivel nacional reportó no buscar empleo por los quehaceres del hogar, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La magnitud de estas responsabilidades es severa, pues la tasa de participación laboral (es decir, la proporción de personas en edad de trabajar que laboran o buscan activamente empleo) femenina ascendió solo al 63% a nivel nacional el año pasado, 17.9 puntos porcentuales (pp) por debajo del promedio registrado en los hombres (80.9%), según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). A manera de referencia, si la tasa de participación laboral hubiese sido la misma que la de los hombres, se hubiera tenido a 2,267,082 mujeres adicionales buscando empleo o trabajando en 2021. 

Cabe resaltar que esta situación se agudizó durante la pandemia. Esto pues, los resultados del año pasado superaron a lo registrado en 2019, con una brecha de 16.6 pp en dicho año, lo cual fue explicado por una mayor recuperación en la tasa de participación laboral masculina respecto a la femenina. Más preocupante aún es que en departamentos como Tumbes, San Martín y Ucayali existe una brecha que supera los 25 pp, lo que equipara los resultados regionales de hace cuatro años, pues la diferencia entre ambas tasas se situó en 25.6 pp, en promedio, para la región América Latina y el Caribe durante 2018, según la OIT.

Lamentablemente, inclusive las mujeres que sí participan en el mercado laboral son afectadas por las mayores responsabilidades del hogar y obtienen empleo en actividades relacionadas. Según cifras de la Enaho, el año pasado, el 21.5% de la población económicamente activa (PEA) —aquella que trabaja o busca activamente empleo— femenina operó en condición de trabajadores familiares no remunerados (es decir, labora para el negocio de un familiar sin recibir un sueldo, salario o comisiones) o como trabajadores del hogar (es decir, aquellos que realizan quehaceres del hogar, pero que no generen lucro para el empleador o familiares). En detalle, dicha proporción se situó 14.3 pp por encima del promedio registrado en los hombres (7.1%). 

Esta situación se agudiza en departamentos como Apurímac, donde el 49.9% de la PEA femenina estuvo el año pasado en condición de trabajadoras familiares no remuneradas o del hogar, proporción que fue casi cuatro veces los resultados masculinos (12%), con una diferencia de 37.8 pp. Si bien el contraste se reduce, es importante resaltar que, en Amazonas, Huánuco, Cusco, Huancavelica y Pasco, la diferencia supera los 25 pp. En suma, existe una proporción considerable de mujeres expuesta a una mayor vulnerabilidad por su incapacidad para acceder a ingresos propios y mejores trabajos.

¿CÓMO PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO FEMENINO?

En respuesta a los problemas mencionados, en mayo, se aprobó en nuestro país la intervención articulada intersectorial Wiñay Warmi, que busca promover el empleo decente y mejorar las condiciones de empleabilidad. Para ello, se establecieron las siguientes líneas de intervención: promover el empleo y autoempleo, desarrollar y fortalecer competencias laborales, promover y fortalecer los servicios de cuidados y corresponsabilidad, crear espacios libres de discriminación, y difundir la oferta de servicios públicos y privados relacionados.

Cabe resaltar que el éxito de esta intervención dependerá también de los Gobiernos regionales, quienes son responsables de la gestión y articulación de las intervenciones sociales y productivas, y de los Gobiernos locales, que deberán promover la participación en la gestión y las prestaciones de servicios priorizados, así como apoyar su difusión dentro de su territorio.

Para resolver esta situación, es fundamental promover la capacitación y alcanzar mayores grados educativos, ya que las principales razones por las cuales las mujeres de 12 a 24 años no continuaron estudiando el año pasado —lo que explicó el 44.6% de los casos (4.3 pp más que en 2019)— fueron económicas (necesidad de ayudar en negocios familiares, falta de dinero o necesidad de trabajar) o familiares (cuidado de niños pequeños), según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes).

No obstante, debido a la persistencia de estos problemas, es necesario considerar alternativas que permitan a las mujeres encontrar mejores oportunidades laborales, inclusive si no se alcanza una completa equidad en las responsabilidades del hogar. En ese sentido, como destaca la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la rápida expansión de la economía digital tiene un efecto masivo en el mercado laboral e incentiva la demanda por profesionales de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), hecho que genera nuevas oportunidades de empleo con mayor flexibilidad para las mujeres.

Una muestra de ello es la rápida expansión del teletrabajo y la importancia que todavía mantiene en diversas economías. Esta modalidad, que abarcó múltiples perfiles profesionales y permitió trabajar desde el hogar, solucionó la evidente barrera de no poder salir de casa, que es justamente la limitante que todavía enfrentan muchas mujeres. Si bien esta no sería una solución óptima, aprovechar dicho mecanismo permitiría una mayor difusión de empleos de calidad en el corto y mediano plazo.

Para ello, es necesario lo siguiente: i) facilitar el acceso a las TIC, para lo cual se requiere destrabar los proyectos regionales paralizados de banda ancha (ver Semanario 1049); ii) desarrollar las habilidades digitales de la PEA, pues en el Reporte de Competitividad Global 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial, el Perú ocupó el puesto 123 de las 141 economías evaluadas en la categoría de habilidades digitales en la fuerza laboral; iii) mejorar la regulación del teletrabajo en nuestro país, que continúa en debate, si bien el 10 de junio se aprobó la nueva Ley del Teletrabajo que modifica las obligaciones de los empleadores.

Sin duda, las brechas laborales de género son un problema persistente en el Perú y en Latinoamérica, y resolverlas no será una tarea fácil. Pero eso no debe ser una excusa para descuidar los esfuerzos en esta materia y deben aprovecharse las nuevas oportunidades disponibles para alcanzar mejores empleos, como el trabajo a distancia.