Recientemente, con el fin de estandarizar pronunciamientos anteriores, la Corte Suprema adoptó un acuerdo en el Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, que dispone que, ante despidos fraudulentos o incausados, el trabajador pueda solicitar su reposición, además de acumular simultáneamente el pago de una indemnización por daños y perjuicios, que incluya daño emergente, lucro cesante y daño moral. Si bien este pronunciamiento no constituye un precedente vinculante de observancia obligatoria, sí sirve para orientar a los jueces en casos similares. Por ello, resulta necesario reabrir el debate sobre el impacto que genera, en la competitividad de la economía peruana y en la generación de empleo formal, la implementación de este tipo de políticas en el mercado laboral.

Recordemos que, contrariamente a los pronunciamientos judiciales, nuestro marco legal laboral dispone que la reposición solo se da en casos de despido nulo. En el caso del despido incausado, solo opera una indemnización equivalente a un salario y medio por cada año laborado (con un tope de 12 años). Una decisión como la adoptada por el Pleno Jurisdiccional Supremo no hace más que agravar la situación del empleo en el país.

Según el Índice de Competitividad Global 2016-2017, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubicó en la posición 61 (de 138 países) en el pilar de eficiencia del mercado laboral. Al respecto, si bien hemos mostrado avances en la flexibilización de la determinación del salario —ya que se pasó de la posición 39 en 2014 a la 17 en 2016— aún nos encontramos muy rezagados en prácticas de contratar y despedir personal (¡puesto 130!), sin mejora alguna en los últimos años.

De esta manera, es de vital importancia identificar cuáles son las principales implicancias de ser un país donde es más fácil cerrar un negocio que despedir a un trabajador. Así de cruda es la situación.

A los que más afecta…

Sin lugar a dudas, las principales afectadas son las micro y pequeñas empresas (Mype), al no contar con recursos para asumir los mayores costos laborales. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), las Mype son una de las principales fuentes de empleo, puesto que emplearon a 8.13 millones de trabajadores en 2016, lo que representa cerca del 50% de la población económicamente activa (PEA) de ese mismo año. Sin embargo, el 79.9% de estas son informales, debido a los altos costos laborales, la mala provisión de servicios y bienes públicos, entre otros factores (ver Semanario N.° 891). Así, un aumento de los costos por despido es contraproducente en la lucha para formalizar a la principal fuente de empleo.

Por otro lado, los jóvenes también sienten las consecuencias de contar con un mercado laboral rígido, dado que son el grupo más afectado por el desempleo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al primer semestre de 2017, la tasa de desempleo en los jóvenes entre 14 y 24 años en Lima Metropolitana llegó al 17.1%, 1.3 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. Por tanto, el aumento de los costos de contratar a alguien afectará principalmente a los casi 300,000 jóvenes que entran a la fuerza laboral cada año (ver Semanario N.° 902).

Si bien se percibe, erróneamente, que asegurar la estabilidad laboral es algo “justo”, la realidad muestra que este tipo de medidas solo generan informalidad, desempleo y baja productividad, no solamente en el ámbito privado, sino también en el sector público. Lo último se explica por los incentivos que se tienen, ya que muchos trabajadores, en la práctica, al gozar de una estabilidad absoluta, no tienen el incentivo de ser productivos en su día a día, ya que, de todos modos, le resultará muy costoso al empleador despedirlos.

Por lo tanto, resulta importante fomentar los incentivos correctos que mejoren la productividad de los trabajadores; más no así normativas que eleven el costo de despido o lo hagan más complicado para el empleador, en desmedro del desarrollo de sus negocios. Todos, empleadores, trabajadores y hacedores de política en materia laboral, y por qué no en todos los ámbitos, deberían interiorizar el principio de la meritocracia y así explotar al máximo sus capacidades en beneficio de la competitividad de nuestra economía.

Como hemos visto en los últimos días, aún existe una gran resistencia por parte de cierto sector de la población a emprender reformas, sobre todo, por la movilización de los sindicatos. Así, hablar de una flexibilización del mercado laboral se puede asociar con costos sociales altos, como lo fue en su momento la movilización en contra de la Ley de Empleo Juvenil, mal llamada “ley pulpín”.

Sin embargo, ejecutar reformas en materia laboral es un tema que no se puede seguir aplazando. No se puede esperar un quinquenio más para tomar al toro por las astas. Ya es hora de que el Ejecutivo y el Congreso emprendan conjuntamente los cambios en materia laboral que un país que aspira a ser moderno necesita. En un país donde solo 3 de cada 10 trabajadores es formal, no sirve de nada asegurar el puesto de los 3 a costa de no incluir a los otros 7. ¡Trabajemos para todos!