En los últimos meses, el país ha entrado en un proceso de deterioro económico e institucional acelerado. En un contexto en el que la prioridad debía ser la reactivación de la economía y la recuperación del empleo, el accionar del Gobierno solo le ha dado la espalda al pueblo.

En lugar de enfocarse en un gasto público eficiente para cerrar brechas sociales, generar confianza y atraer inversión privada para crear puestos de trabajo formales, se ha hecho todo lo contrario.

Así, las perspectivas económicas para el próximo año han sido corregidas a la baja y las expectativas son sombrías. El crecimiento económico se proyecta en alrededor del 2%, lo que se explica por un débil crecimiento del consumo y una caída estrepitosa de la inversión privada, que según analistas sería del 12%. Sin inversión, no habrá empleo.

Preocupa, además, la pérdida del dinamismo de las exportaciones, que cayeron un 2.1% en el mes de octubre, y que, a pesar de los altos precios internacionales de los minerales, las exportaciones mineras cayeron un 25.7%. Con la conflictividad minera sumada a la inacción del Estado —por decir lo menos—, perdemos todos. Esto se traduce en menores ingresos por regalías y canon, lo que significa menores recursos para las regiones y municipios, y miles de trabajadores y proveedores afectados.

La incertidumbre, la desconfianza y la fuga de capitales (factores que ocasionaron el aumento del tipo de cambio), sumadas a los factores externos, han generado un aumento de los precios, sobre todo, de los alimentos, lo que golpea el bolsillo de las familias peruanas, en particular de las más pobres. Nuestro dinero vale menos cada día.

El anuncio de que se aplicarán medidas que encarecerán las importaciones de productos agrícolas (franja de precios) y de textiles y confecciones (salvaguardia/aranceles) en las próximas semanas solo acentuará una espiral inflacionaria que no veíamos hace 30 años.

El pedido de facultades contiene medidas que no se enfocan en ampliación de la base tributaria, que gravan solo a los 1.7 millones de personas naturales que pagamos impuesto a la renta, que afectarán a la clase media y que golpean la competitividad y desincentivan la inversión. Sobre el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, nada. No hay confianza ni condiciones, no se han sustentado con transparencia y solo se ha evidenciado un manejo fiscal irresponsable.

La educación no es prioridad. Según la Defensoría del Pueblo, más de 300,000 estudiantes de escuelas públicas no accedieron a la educación virtual y más de 83,000 dejaron de estudiar. Con una tasa del 16% de entidades que retornaron a la presencialidad o la semipresencialidad estamos en la cola en el mundo. Además, la reforma universitaria no es defendida por el ministro de Educación.

Estamos en caída libre. Urge retomar el rumbo. La defensa del libre mercado, la inversión privada, el cierre de brechas sociales, la educación y la institucionalidad deben ser la prioridad.