Recientemente, hemos hablado de la importancia del gasto público en términos de la inversión en capital y su correspondiente gasto en mantenimiento, variables que contribuyen a que la población tenga acceso a una oferta de servicios públicos de calidad y a activos físicos que mejoren la competitividad de la economía (ver semanarios 1016 y 1017). Estos gastos se refieren a mejoras en la dimensión tangible/física del Estado. En relación con lo intangible, uno de los aspectos más importantes es la mejora de las capacidades técnicas de los trabajadores públicos, quienes son los que generan e implementan políticas y prestan servicios en favor de los ciudadanos. Así, en esta oportunidad, analizaremos el gasto del Gobierno en capacitación.

De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), realizar un seguimiento del gasto en capacitación de los servidores públicos supone un ejercicio complicado, ya que las entidades estatales registran en diversas formas y partidas los montos relacionados. Por ello, abordaremos solo la partida presupuestaria “servicio de capacitación y perfeccionamiento” al referirnos a este tipo de gasto, pues, como menciona Servir, es el registro más específico con el que se puede contar[1]. En 2019, el gasto en esta partida, a nivel general, sumó S/ 174 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con un ratio de ejecución del 89.9% respecto de su presupuesto institucional modificado (PIM) y un 2.1% menos con respecto a 2018.

El Gobierno nacional es el que ejecuta la gran mayoría del gasto en el servicio de capacitación y perfeccionamiento: S/ 162 millones, equivalentes al 93.2% del total (90.8% de su PIM, -2.8% respecto de 2018). En lo concerniente a la composición del gasto en la partida de capacitación por sectores, se encuentran Defensa, con un 25.6%; seguido por Educación (17.6%), Interior (15.5%) y Trabajo y Promoción del Empleo (10.1%). Mucho más atrás quedan Energía y Minas, Economía y Finanzas, y Salud. Ya con menos de un 4% del total del gasto nacional se encuentran otros sectores como Justicia, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros.

En cambio, los Gobiernos regionales y locales tan solo abarcan un 6.8% del gasto total, con montos iguales a S/ 6.2 millones (83.4%; +45.5%) y S/ 5.6 millones (75.8%; -16.1%), respectivamente. Estos bajos montos son preocupantes, ya que, como hemos mencionado en reiteradas oportunidades, es en estas unidades gubernamentales donde el gasto público deja mucho que desear, ya sea por los bajos niveles de ejecución o por las evidentes falencias en términos de calidad. Lo que demuestra esto es que dichas instituciones no estarían realizando esfuerzos importantes para mejorar el capital humano dedicado al manejo de los recursos.

Por si fuera poco, si entramos a detalle en estos números, se observa que, dentro de los Gobiernos regionales, la Provincia Constitucional de Callao representa un 30.9% (S/ 1.9 millones) del gasto en el servicio de capacitación y perfeccionamiento, mientras que en los 24 Gobiernos restantes el monto promedio de gasto es de S/ 177,376. Y en el caso de los Gobiernos locales existen múltiples municipalidades que simplemente no ejecutaron gasto alguno.

Ahora bien, como se mencionó, existen diferentes registros del gasto en capacitación del sector público, por lo que sería inexacto afirmar que lo mostrado abarca la totalidad de la situación de esta variable. Sin embargo, cabe resaltar que Servir, a través de un reporte de 2019, también ha realizado un ejercicio similar al nuestro utilizando otra medición.

En su estudio, Servir evalúa la ejecución de los Planes de Desarrollo de Personas (PDP)[2], instrumentos modernos de gestión elaborados por las instituciones públicas que sirven como una hoja de ruta para el desarrollo de las capacidades técnicas y personales de los servidores públicos, mediante el uso de data entre los años 2014 y 2018. ¿Qué encontró?

En primer lugar, el costo de las capacitaciones ejecutadas por medio de los PDP en 2018 fue aproximadamente de S/ 23 millones, pero solamente representó un 49% del presupuesto planificado. De hecho, solo en 2015 hubo un ratio de ejecución mayor al 50%, mientras que en el resto del periodo fue inferior. En segundo lugar, Servir muestra que en 2018 el 90% del gasto en los PDP corresponde a entidades del Gobierno nacional (99% en 2017), con lo que se repite el escenario descrito líneas arriba.

En tercer lugar, Servir analiza si mayores gastos en mejorar el capital humano público se asocian con un mejor desempeño en las entidades, esto último medido como el presupuesto devengado y el cumplimiento de metas de los programas presupuestales. Lamentablemente, aunque la evidencia sugiere una relación positiva, esta es débil y se requeriría de un análisis más profundo para encontrar el verdadero efecto de las capacitaciones.

En síntesis, observamos que el gasto público en las capacitaciones se encuentra altamente concentrado en el Gobierno nacional, lo cual refleja que, para las entidades más pequeñas del Estado, queda un largo camino por delante, en términos de presupuesto y su ejecución, para mejorar el desempeño de sus trabajadores. Dicho esto, existen cuestiones que escapan a los números agregados. Por ejemplo, la cantidad de trabajadores beneficiados probablemente sea mayor en entidades públicas más grandes, lo que implica mayores costos. Sería importante entonces analizar no solo los montos totales, sino también los costos por trabajador.

De igual forma, no se han efectuado mediciones públicas de la calidad de estas capacitaciones, o en qué tipo de conocimientos o aptitudes se focalizan. Finalmente, no podemos obviar que existe un problema de seguimiento de este tipo de gasto. Monitorear la ejecución de las actividades de capacitación es un proceso engorroso, lo que claramente dificulta realizar evaluaciones críticas con respecto a si la llamada transformación/modernización de la gestión pública tiene el impacto esperado. Esperemos que cuanto más mejore la calidad de la información, se tengan más y mejores herramientas para generar un uso adecuado de los recursos públicos.

[1] La definición de la partida es “gastos por contratos de personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios de capacitación y perfeccionamiento al personal orientado a mejorar la gestión y el servicio de la entidad”. De acuerdo con el documento de Servir, el resto de los montos de capacitación registrados fuera de esta partida están dispersos en múltiples conceptos, como alquileres, materiales, difusión, pasajes, viáticos, etc.

[2] El gasto en capacitación en este documento se refiere al costo de aplicar los PDP, información que es remitida a Servir junto con otras variables, como número de trabajadores beneficiarios, ejes temáticos, etc.