La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas para la población peruana. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo setiembre 2016-febrero 2017, la tasa de victimización por cada 100 habitantes mayores de 15 años alcanzó un 26.5%. Si bien ha disminuido en 6.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, aún continúa siendo un nivel muy elevado. Asimismo, el hecho delictivo más frecuente fue la sustracción de dinero, cartera o celular, que afectó a un 14.2% de la población (una reducción de 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior).

Ello genera que la población viva constantemente con una elevada percepción de inseguridad. De acuerdo con el INEI, un 89% de la población percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de un hecho delictivo que atente contra su seguridad. Además, el hurto de dinero, cartera o celular constituye el tipo de delito que se percibe como más probable (80.3%).

Avances y piedras en el camino

Con el fin de disminuir estos niveles de inseguridad, el Ministerio del Interior (Mininter) propuso, en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo a fines del año pasado, una serie de medidas con el objetivo de reducir las víctimas de hurto al 10.5% para 2018 y recuperar la confianza en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los decretos emitidos giran en torno a diversos temas, entre los cuales destacan el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, el nuevo reglamento disciplinario de la PNP y la creación de herramientas para enfrentar la corrupción en la institución (por ejemplo, la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los oficiales y suboficiales de la PNP). Asimismo, se han establecido una serie de programas nacionales, como el de recompensas, los megaoperativos, el programa Barrio Seguro, entre otros. 

Otra de las medidas que también fue incluida en este marco, a través del Decreto Legislativo N.º 1338, fue la inhabilitación de los teléfonos celulares que han sido declarados robados, con el objetivo de disminuir el valor económico del equipo móvil, desincentivar su hurto y evitar su comercialización ilegal. Con ello, el Mininter busca reducir la sustracción de celulares, uno de los delitos más comunes que, según cifras del propio ministerio, aumentó un 19% el último año. Se calcula que más de 6,000 celulares son robados diariamente y solo un 12% ha podido ser recuperado por sus dueños.

En ese sentido, dicho decreto dispuso la creación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), el cual contiene una lista de todos los equipos celulares habilitados en el país, los cuales son registrados a través del código de identidad internacional de equipo móvil (IMEI, por sus siglas en inglés). De esta manera, se podrá detectar e inhabilitar aquellos equipos cuyos IMEI sean alterados ilegalmente. Este sistema ha sido resultado de un trabajo conjunto entre el Mininter y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el cual recibe las bases de datos de las empresas operadoras de telefonía y lo administra de modo confidencial.

Esta semana, el Mininter inició la primera campaña de inhabilitación de celulares robados denominada “Celular robado, celular bloqueado”, con la cual se bloquearían unos 50,000 equipos que han sido declarados bajo delito de receptación, lo que significa que fueron robados y están siendo usados por terceras personas. Aquellos usuarios que cuenten con este tipo de equipos deberán entregarlo a las empresas operadoras a fin de no ser denunciados ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el lanzamiento de esta campaña ha sido empañado por la bancada Fuerza Popular, al respaldar una moción de interpelación contra el titular del Mininter, el ministro Carlos Basombrío.

Si bien es necesario que los ministros muestren los resultados de sus acciones, muchas de las medidas llevadas a cabo traerán beneficios en el mediano y largo plazo, lo que frecuentemente carece del respaldo político. Sin ánimos de defender ni atacar al ministro, el Legislativo debe dejar otras intenciones de lado y esperar los resultados antes de continuar entrampando el accionar del Gobierno. ¡Déjenlos trabajar!