Del total de agua que existe en el planeta, solo un 2.5% es agua dulce. Incluso, solo un 0.007% es potable y esta cantidad disminuye conforme va aumentando la contaminación a nivel global. De acuerdo con cifras de la Fundación Aquae, una de cada seis personas no tiene acceso al agua potable y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en inglés), para 2025, es muy probable que dos tercios de la población mundial se encuentre en situación de estrés hídrico[1].  

El Perú es un país, dentro de todo, privilegiado, pues es el octavo del mundo con mayor cantidad de fuentes renovables de agua dulce dentro de su territorio, detrás de países como Rusia, Canadá, EE.UU. y China, y de otros de la región como Brasil y Colombia. En términos per cápita, incluso, somos los más favorecidos de todo el continente americano junto con Canadá, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

En nuestro país, si bien hay sectores que aportan significativamente al crecimiento económico, son estos mismos también los que más agua usan para operar. La agricultura, por ejemplo, demanda el 76% de los recursos hídricos nacionales; el sector pecuario, un 14%; la industria y la minería, un 5%, y el consumo de viviendas, otro 5%. Si a esto le sumamos que la contaminación del agua es causada principalmente por el vertimiento de relaves mineros, plaguicidas y pesticidas, aguas servidas urbanas y desagües industriales que terminan en los caudales de nuestros ríos, una de las primeras preguntas que saltan a la mente es ¿qué estamos haciendo para mitigar este impacto?

UN CONSUMO MÁS RESPONSABLE

El certificado azul es una iniciativa del Gobierno peruano que busca hacer frente a la escasez hídrica a través de la promoción de buenas prácticas en el uso del agua a nivel empresarial. Así, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), otorga un certificado que pone en valor las acciones de responsabilidad social de las empresas en la gestión del agua, considerándolas “hídricamente responsables”.

Para lograr esta certificación, las empresas deben, primero, medir su huella hídrica, es decir, el volumen total de agua utilizada para su proceso productivo, considerando tanto el consumo directo como el indirecto, en todas sus etapas. Segundo, una vez se tenga clara esta huella hídrica, se debe elaborar una hoja de ruta con acciones concretas para reducirla durante un periodo no menor a un año. Finalmente, deben presentar también un proyecto de valor compartido, que consiste en formular un proyecto de responsabilidad social ambiental enfocado en el agua y en su consumo eficiente, en la comunidad o área de influencia directa.

A la fecha, seis empresas locales ya cuentan con el certificado azul, nueve se encuentran en proceso de obtenerlo y diez más han iniciado sus estudios de huella hídrica. Este avance ha involucrado una inversión privada total de US$ 11.2 millones, lo que ha permitido que se ahorren 3.3 hectómetros cúbicos de agua, que 122,000 m3 sean reusados y otros 110,000 m3 sean tratados, y se ha beneficiado directamente a 12,404 personas e indirectamente a más de 24,000.

Este ya es un modelo que se planea compartir con el resto de los países miembros de la Alianza del Pacífico en la próxima cumbre de julio. Sin duda, se trata de un paso importante en el compromiso del sector privado para lograr un verdadero crecimiento económico que no deje de lado el medio ambiente, y un excelente ejemplo de trabajo público-privado coordinado para el logro de un objetivo común.

[1] Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el estrés hídrico sucede cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible, durante un período determinado de tiempo, o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.