En las últimas semanas, hemos presenciado cómo las protestas sociales en algunos países de la región han pasado a una mayor escala, con efectos como la paralización de varios sectores de la población e, incluso, enfrentamientos violentos. En particular, la situación que se vive en Chile ha generado gran atención por parte de los medios internacionales, debido a la magnitud de la violencia registrada, las reacciones de los mismos ciudadanos y la respuesta por parte del Gobierno y las fuerzas armadas.

Dicha situación ha sido desencadenada por un conjunto de demandas sociales insatisfechas, brechas sociales y descontento por la calidad de los servicios básicos que provee el Gobierno chileno. Esta olla a presión entró en ebullición y terminó de estallar al toparse con el discurso oficial, que define a Chile como un país desarrollado, miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Claramente, la realidad de una parte importante de la población chilena no está de acuerdo con esta clasificación. Sin embargo, es necesario analizar los desencadenantes de esta situación y ver cómo, a pesar de tener realidades sociales y económicas distintas, en el Perú se podría estar cocinando una situación similar.

Los principales reclamos en Chile se enfocan en la heterogeneidad del acceso a servicios del Gobierno como pensiones, salud, educación y transporte. En particular, el descontento se debe a los altos costos de estos servicios para la clase media. En otras palabras, el acceso a este tipo de servicios con una mayor calidad está sujeto a la capacidad de pago del ciudadano, la cual, para el caso chileno, se ha mantenido estancada al menos para la clase media que ha surgido durante las últimas décadas.

A pesar de que el salario mínimo en Chile es más alto que en el promedio de la región (US$ 423 frente a US$ 263, según cifras del Banco Mundial), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, un 50% de los trabajadores chilenos recibe un sueldo igual o inferior a US$ 562 al mes. Además, esta población se ha visto obligada a incurrir en altos niveles de endeudamiento. De acuerdo con cifras del Banco Central de Chile, la deuda de los hogares chilenos enfrentó un máximo histórico en 2018, al representar el 73.3% de sus ingresos disponibles, 3.2 puntos porcentuales más con respecto a 2017. Esta alta presión sobre los recursos familiares se enfrenta a altos precios de servicios y al segundo precio de transporte público más alto de la región, según un estudio del diario colombiano La República.

En términos de desigualdad socioeconómica, el reporte Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), describe una situación preocupante que se contrasta con los altos ingresos y la clasificación como economía desarrollada en Chile. De acuerdo con la Cepal, el 1% de hogares mayores ingresos en Chile concentró un 26.5% de la riqueza, mientras que el 50% de hogares ubicados en la base de la pirámide socioeconómica solo accedió a un 2.1%. Además, la quinta parte con ingresos más altos de la sociedad chilena recibe ingresos equivalentes a 11 veces el promedio de la quinta parte con ingresos más bajos, y alrededor de 7 veces los ingresos de la clase media. Además, el informe también señala serias disparidades en el acceso a educación y salud, lo que se refleja en la diferente cobertura de estos servicios para las poblaciones más ricas y las pobres.

Alta desigualdad en ingresos, acceso muy limitado a servicios públicos y con calidad heterogénea, altos costos para el acceso a educación y salud de calidad, brechas económicas que limitan las oportunidades de gran parte de la población, un Gobierno con temas pendientes en conectividad y que aún no muestra señales claras de cómo enfrentar esta realidad… ¿suena familiar? A pesar de las diferencias en materia de competitividad e ingresos que distancian a Chile de otros países de la región y que le han valido su clasificación como país desarrollado, es posible establecer conexiones con la realidad peruana.

En el Perú, se podría estar cocinando una receta que involucra demandas sociales aún insatisfechas que desencadenan paralizaciones de inversión privada, resquebrajamiento de las instituciones a causa de la corrupción y rezagos en materia de competitividad y acceso a oportunidades (ver Semanario 1001). Trabajar por el país involucra garantizar que la riqueza y el crecimiento económico generen una misma base de oportunidades para todos, un esfuerzo que verdaderamente valdría el título de “país desarrollado”. ¡Basta ya de jugar a la guerra de tronos en la política y pongámonos a trabajar pensando en lo que podría suceder en nuestro país si dejamos las cosas para mañana!