En Perú, ocho de cada diez personas viven en una ciudad. Así, con una tasa de crecimiento de la población urbana del 2%[1], somos uno de los países de la región andina que ha registrado un mayor proceso de urbanización en los últimos años. Nuestras ciudades experimentan, cada vez más, la llegada de población proveniente de distintas zonas en busca de nuevas oportunidades; sin embargo, este crecimiento es más rápido que la formulación de medidas de intervención necesarias para garantizar un desarrollo urbano sostenible. Entonces, ¿estamos preparados para este fenómeno?

De acuerdo con el plan de acción para Huancayo, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una ciudad que crece desordenadamente, sin un plan de desarrollo urbano (PDU), genera problemas para la administración municipal y complica la gestión fiscal. De esta manera, el costo de administrar nuestras ciudades, en términos de infraestructura y provisión de servicios, resultará alto en el futuro. Además, la falta de planificación territorial dificulta el canal, de por sí burocrático, para la realización de inversiones tanto públicas como privadas. Es así como distintos proyectos se ven imposibilitados de cumplir sus objetivos al no poder gestionar la propiedad en los tiempos y formas necesarios.

Al analizar el estado de la gobernanza de las municipalidades del país, encontramos que, de acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), en 2019, 256 de los 1,874 municipios contaban con un PDU, es decir, solo un 15.6%. Ucayali (41.8%), Pasco (37.9%) y Junín (32.3%) lideran la lista de departamentos con mayor número de municipios que cuentan con dicho plan, mientras que en el otro extremo encontramos a Tumbes (0%) y Apurímac (3.6%). En general, que más del 80% de las municipalidades no haya desarrollado un PDU da mucho que pensar en términos del interés por la sostenibilidad urbana con miras a futuro.

Ahora bien, uno de los grandes retos en materia de planificación urbana es el registro formal de los predios que, de no realizarse adecuadamente, dificulta la identificación de los ciudadanos para la provisión de servicios públicos. Esto se relaciona con la importancia de tener un catastro urbano actualizado que ayude a mejorar el financiamiento interno de las municipalidades, lo cual reforzaría la autonomía financiera con la que cuentan. Un estudio realizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico para el caso peruano concluyó que la implementación y actualización de un sistema de catastro es una de las reformas de gran escala que se requiere para incrementar las capacidades de recaudación municipal.

En cuanto a esto, según datos del Renamu 2019, encontramos que 150 de las 249 principales ciudades[2] del país han realizado un levantamiento catastral. De estas, solo un 29.3% actualizó su catastro urbano en los últimos cinco años. Esto evidencia el descuido de las autoridades de aquellas ciudades más vulnerables a los efectos del acelerado crecimiento urbano.

La necesidad de la implementación de un catastro en las ciudades también se menciona en el Programa Ciudades Emergentes Sostenibles (CES), implementado por el BID desde 2010. Por ejemplo, en Huancayo, una de las cuatro estrategias de gobernanza municipal del mencionado plan, presentado por la entidad, es la implementación de un catastro urbano multifinalitario que sirva como herramienta para aumentar la recaudación de impuestos, mejorar la planificación urbana y facilitar la provisión de servicios básicos.

Lamentablemente, en nuestro país existe una gran desarticulación entre las entidades que se desarrollan en el ámbito de gestión territorial, registro de propiedad y catastro, lo cual genera la existencia de diferentes registros de información. La debilidad de este sistema trae consigo importantes trabas para el Estado, el cual debe lidiar tanto con la subutilización del suelo y los predios que posee, como con la ineficiencia de las instituciones y trámites que este mismo ha creado (ver Semanario 889). Todo esto aumenta la imprecisión de algo que de por sí es complejo, como la gestión de la propiedad en el país.

Con miras a crear un sistema urbano sostenible, debemos empezar a valorar los procesos de planificación de gran impacto que van más allá de objetivos cortoplacistas. En ese sentido, no perdamos de vista el octavo objetivo prioritario de nuestro Plan Nacional de Competitividad y Productividad, de fortalecer la institucionalidad del país. Así pues, se requiere impulsar el desarrollo de la plataforma de servicios de información estandarizada para la gestión del territorio, medida de política 8.8 del referido plan. Con estos insumos, podremos ordenar el crecimiento urbano, aumentar recaudación propia de los municipios y diseñar mejores políticas públicas.

[1] Variación anual del crecimiento de la población que vive en zonas urbanas en 2018, según cifras del Banco Mundial.

[2] Clasificación del Ministerio de Economía y Finanzas según población, carencias, necesidades y potencialidades.