En medio de la tormenta por la que pasan millones de personas a raíz de la crisis sanitaria global, surge la necesidad de repensar la manera en la que realizamos muchas actividades cotidianas. Esta obligación de innovar y buscar salidas al abrupto cambio en las condiciones de vida es una situación que enfrentamos todos, desde nuestros hogares, negocios y hasta en las oficinas de los funcionarios públicos.

Así, en medio de la crisis, la tecnología y la economía digital han surgido como algunas de las principales aliadas de los ciudadanos y los Gobiernos para hacer frente al aislamiento impuesto por la pandemia. Las plataformas de comunicación para seguir trabajando o educándonos, los sistemas de información que nos mantienen al tanto de las noticias, y las plataformas digitales que muchas familias han tenido que emplear para movilizarse, realizar pagos y compras, o solicitar servicios, son una muestra de que las actividades de la economía digital se han instalado en nuestra vida diaria.

La inminente reaundacion de actividades económicas que se dará una vez superada la pandemia inevitablemente implicará cambios en las costumbres, prácticas y actividades económicas que las personas consideraban normales. Este es un reto enorme para los Gobiernos, que por mucho tiempo se han visto rezagados en temas de transformación digital En consecuencia, es necesario plantear cuanto antes reglas de juego claras que faciliten y promuevan esta transición.

Y tal parece que así lo ha comenzado a entender el Gobierno peruano, al haber promulgado las resoluciones ministeriales (RM) 137-2020-PRODUCE y 138-2020-PRODUCE, las cuales aprueban el protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 para el comercio electrónico de bienes para el hogar, y los lineamientos para el reinicio gradual e incremental de sus actividades. Ambas resoluciones establecen directivas preventivas que protegen la salud de las personas vinculadas con la cadena productiva del sector y sus consumidores, así como proveen un protocolo claro para que las empresas que cuentan con medios de comercio electrónico definan mecanismos que se sostengan posteriormente en todas sus operaciones.

Como toda nueva norma, y sobre todo aquellas elaboradas en periodos de crisis, es aún perfectible y resulta necesario considerar las modificaciones que hagan de estas herramientas los verdaderos promotores de la economía digital. En primer lugar, es necesario ampliar el espectro de actividades consideradas como “comercio electrónico”, ya que este rubro abarca no solo aquellas operaciones de venta por internet o plataformas digitales, sino también mediante la vía telefónica, por ejemplo. De esta manera, el protocolo de operación debe ser estricto al exigir que las operaciones de comercio electrónico se apoyen únicamente en pagos digitales, en colaboración con las herramientas vinculadas al sistema financiero formal.

Por otro lado, la RM 138-2020-PRODUCE establece criterios de focalización, entre los cuales se incluye un umbral de facturación anual no menor de S/ 3 millones en 2019, contar con dos o más locales comerciales, haber realizado ventas en plataformas propias de comercio electrónico por no menos de un 2% de las ventas anuales en 2019 y operar exclusivamente en Lima Metropolitana. Estas condiciones, si bien buscarían establecer una reactivación gradual de las actividades comerciales que cumplan con protocolos sanitarios estrictos, en la práctica solo beneficiaría a las empresas ya establecidas y con comercio electrónico en marcha, y no incentiva la digitalización de empresas tradicionales ni la operación o creación de negocios basados en su integridad en un esquema digital (que justamente por eso no cuenten con locales comerciales). Finalmente, ¿por qué no permitir la tercerización de los servicios de entrega a domicilio en empresas logísticas o aplicativos digitales que cumplan con todos los requisitos de la ley y los protocolos de seguridad correspondientes, o extender su ámbito de aplicación a otras regiones del país en donde no exista un fuerte impacto en materia de salud?

La publicación de estas resoluciones constituye un paso gigante en la posición que toma el Gobierno frente a la economía digital y demuestra la necesidad de que la tecnología sea considerada como una aliada fundamental para facilitar la vida de las personas. Sin embargo, consideramos que su perfeccionamiento en los términos expuestos sin duda permitirá darle mayor efectividad al marco legal aprobado.

Es un deber de todos —sociedad civil, empresa privada y academia— contribuir con el Gobierno para que estas herramientas inviten verdaderamente a que más empresas opten por la digitalización y se logre una reactivación económica que beneficie a la mayoría de los peruanos. Por ello, en ComexPerú, hemos conformado recientemente el grupo ComexDigital, con el fin de promover políticas públicas que permitan al Perú alcanzar la transformación digital, fomentar el comercio electrónico, incentivar la innovación y promover la alfabetización digital, de manera que todos los peruanos cuenten con las capacidades requeridas por la cuarta revolución industrial. Próximamente compartiremos nuestra hoja de ruta.