El avance tecnológico y el uso de herramientas digitales ya es parte del día a día de muchos, gracias a los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su capacidad para agilizar diversos tipos de transacciones y procesar información a gran escala, lo que sirve para adoptar mejores decisiones empresariales y de políticas públicas. Desde el transporte de personas o mercancías, la intermediación de servicios, el manejo de datos abiertos y el comercio electrónico hasta la interacción entre el Gobierno y los ciudadanos, la transformación digital de las economías es una verdadera revolución que cuenta con el potencial de acercar a las personas servicios, bienes y oportunidades que alguna vez fueron costosos o inalcanzables. Más aún, en un contexto de pandemia, ha quedado demostrado cómo la tecnología es la principal herramienta, si no la única, para que bienes y servicios públicos y privados lleguen de manera eficiente a quienes los requieren.

En este contexto, el pasado 9 de enero, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia (DU) 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el DU 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento (ver Semanario 1021). Esto, independientemente de evidenciar un gran espacio de mejora para una implementación efectiva de estos dispositivos, nos invita a pensar en los principales retos que enfrentamos como sociedad y a preguntarnos si realmente estamos preparados para un proceso de transformación digital.

LISTOS O NO… VIENE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

De acuerdo con el último informe técnico acerca de las TIC en los hogares peruanos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo un 35.6% contaba con una computadora y un 40.1% con acceso a internet durante el primer trimestre de 2020. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde un alarmante 4.5% de hogares con computadora en el área rural y tan solo un 5.9% con acceso a internet. Asimismo, poco menos de la mitad de los colegios de educación básica del Perú accedieron a internet (49.7%), según cifras del Censo Escolar 2018.

Por otro lado, la conectividad digital es un tema pendiente para muchos Gobiernos municipales. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), elaborado por el INEI, solo en seis departamentos del país (Ucayali, Tumbes, Tacna, Pasco, Moquegua y Madre de Dios) el 100% de municipalidades accede al servicio de internet, mientras que, por ejemplo, en los departamentos de Apurímac, Amazonas y Huancavelica más del 20% de sus municipalidades no se encuentran conectadas. Esta situación las pone en desventaja, pues les resulta más difícil realizar procesos y trámites que involucren la coordinación con otras entidades estatales, o colocar de manera eficiente proyectos de inversión pública a través del sistema nacional (ver Semanario 1003).

Finalmente, estas alarmantes deficiencias en el acceso a internet y conectividad en hogares, colegios y municipalidades responden a la brecha en infraestructura de telecomunicaciones que el Perú mantiene. De acuerdo con cifras del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, la inversión faltante para alcanzar estándares internacionales de acceso básico en red móvil y banda ancha[1] en el largo plazo asciende a S/ 20,377 millones. Sin embargo, si el Perú busca estar a la par con el mundo desarrollado en temas de transformación digital y acceso a redes de última generación, la inversión requerida alcanza los S/ 106,124 millones. Esto indica que el país ha rezagado por años la inversión en conectividad digital y telecomunicaciones, las cuales son pilares fundamentales que condicionan la capacidad de una transformación digital para los sectores más vulnerables (ver Semanario 1016).

COMEXDIGITAL Y UNA RUTA COMÚN

Pensemos por un momento en la potencial capacidad del Gobierno si se adopta verdaderamente una mentalidad de transformación digital. Por ejemplo, la administración pública y los servicios al ciudadano podrían verse altamente impactados al contar con proveedores de calidad internacional en cloud computing para el manejo de datos personales o para la sistematización y digitalización de historiales médicos para entidades públicas y privadas. Asimismo, implicaría la materialización de la tan necesaria interoperabilidad entre todas las entidades del Gobierno, la cual reduciría trabas burocráticas y agilizaría todo trámite que una persona natural o empresa deba realizar en el país. Por otro lado, la colaboración con empresas de economía digital serviría como apoyo a la labor de fiscalización contra la evasión tributaria y la informalidad, así como al incremento de la bancarización. En cuanto a los programas sociales, se podría hacer uso de estas herramientas para incrementar la efectividad en su focalización, a fin de que las personas con distintas necesidades básicas insatisfechas puedan acceder a servicios gubernamentales adecuados.

Dentro de este marco, desde el Comité de Economía Digital de ComexPerú, ComexDigital, venimos trabajando para aportar evidencia y perspectivas desde el sector privado en las discusiones que se han venido dando en diversos espacios públicos (Congreso, ministerios u otros organismos públicos) en torno a diversos temas de la economía digital. ComexDigital busca ser un referente desde el sector privado para contribuir a las acciones públicas y propuestas regulatorias orientadas a la transformación digital del país, y se pone a disposición de las autoridades para participar en los procesos de política pública.

Con estas expectativas y una hoja de ruta bajo la manga que incluye temas como transformación digital, implementación de análisis de impacto regulatorio, gobernanza digital, tributación de servicios tecnológicos, seguridad digital y protección de datos, conectividad e infraestructura, comercio electrónico y servicios digitales en el sector público, ComexDigital seguirá trabajando para posicionar en el debate público la economía digital y la transformación digital del país, con la mirada puesta en el desarrollo de correctos marcos normativos que nos permitan aprovechar las oportunidades disruptivas de la era digital para el crecimiento del país y la región.

[1] La brecha de infraestructura de acceso básico en telecomunicaciones comprende el acceso a una red móvil y la cobertura (suscripciones) de banca ancha fija a internet mínima de 3G.