Vemos con gran preocupación las recientes acciones adoptadas por el Gobierno peruano, las que afectan seriamente la seguridad jurídica, el libre mercado, la previsibilidad de las inversiones y vulneran el Estado de derecho en nuestro país.

Queda claro, por ejemplo, que la gestión de Sedapal es un fracaso. No cuenta con un plan de prevención o mantenimiento, un inventario de puntos críticos ni un plan de acción para evitar una emergencia como la ocurrida en San Juan de Lurigancho. Los más pobres pagan hasta 10 veces más por el agua. La empresa estatal no tiene incentivos para ser eficiente, estaría plagada de corrupción y el ciudadano recibe un pésimo servicio. Urge que este recurso esencial pase a manos de un operador calificado, que de la mano de un organismo regulador garantice un buen servicio a la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno derogó hace unos días el decreto supremo que establecía los pasos para el ingreso de operadores de gestión a las empresas de servicios de saneamiento. Se habla de sensibilidad, lo cual es ridículo, porque al Estado debe interesarle únicamente el que más peruanos tengan un servicio decente de agua y desagüe.

Asimismo, hace unos días, la Municipalidad del Callao decidió clausurar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por, supuestamente, incumplir una norma edil. Una medida inconstitucional, al ser este un servicio esencial, además de irresponsable y desproporcionada, que afectaría no solo la imagen país, sino a los propios ciudadanos. Algo similar ocurrió hace unas semanas, cuando el mismo municipio dispuso el cierre del Terminal Norte del puerto del Callao, lo que generó la paralización de las actividades de comercio exterior por algunas horas y sobrecostos que al final del día son pagados por el consumidor.

O el acuerdo entre el Gobierno y los transportistas a raíz del paro de camioneros, por el cual se ha cedido al chantaje y se han dado concesiones con graves implicancias, como el facilitar la norma para la devolución del ISC, reducir el precio de referencia del diésel, posponer el uso del GPS y revisar el tema de los peajes. El bloqueo de carreteras es un ilícito penal, pero en este país se cede ante estos delitos incluso premiándolos. Con estas concesiones, ¿los transportistas se harán más eficientes o acaso se reducirán los fletes terrestres? Un Gobierno que cede a presiones no impone la ley (¿cuántos presos hay por bloqueos de carreteras?), pierde respeto y se encuentra a merced de más chantajes y huelgas.

O el reciente acuerdo entre el Ejecutivo y la comunidad de Mayuriaga (Loreto), mediante el cual, para que Petroperú pueda ingresar a reparar el daño causado al Oleoducto Norperuano, se le obliga a contratar mensualmente, por un periodo de dos años renovables, a 50 miembros de la comunidad, cuando fue esta misma la responsable del daño al ducto.

Es fundamental recuperar el principio de autoridad y orden, y poner al ciudadano por delante de cualquier interés. Se requiere generación de empleo, formalidad, bienestar para la población, y esto solo se logrará con la inversión privada como motor de desarrollo. Se requiere un Estado fuerte, que haga respetar las leyes. Sin ello, no podremos avanzar, sino que iremos de lado como el cangrejo, y el gran perdedor serán los ciudadanos y, peor aún, los más pobres.