Recientemente, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentó el reporte titulado "Desigualdades heredadas. El rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones". Este documento analiza el problema de la persistencia de la desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe bajo un enfoque multidimensional, y evalúa las principales barreras que impiden que el progreso sea posible para todos. En un contexto de gran incertidumbre política y social como el que vivimos en nuestro país, resulta preciso analizar los obstáculos a la movilidad social, evaluar qué podemos hacer para mejorarla y reconocer sobre quiénes recae esta responsabilidad.

Cabe destacar que la movilidad social intergeneracional analiza la dinámica del cambio del bienestar entre generaciones (padres e hijos) desde una perspectiva multidimensional, que va desde el acceso a servicios básicos, como salud y educación, hasta mejoras en el nivel de ingresos y condiciones laborales. Es decir, busca responder cuán asociado está el nivel de bienestar de una generación con respecto a la de sus padres. Además, según el reporte de la CAF, la importancia de analizar este concepto radica en que no solo tiene considerables consecuencias sobre los niveles de desigualdad, sino que también puede afectar el crecimiento económico y la estabilidad político-institucional de un país. En el caso peruano, puede alentar aún más la constante inestabilidad que vivimos en los últimos años.

Ahora, el estudio sobre la movilidad social no es un tema nuevo. En 2020, el Foro Económico Mundial presentó el Reporte de Movilidad Social Global, documento que identifica y posiciona a 82 economías a nivel mundial según su nivel en igualdad de oportunidades. De los resultados, el documento revela que solo hay un grupo de países con las condiciones adecuadas para fomentar la movilidad social. En cuanto al Perú, nuestro país se ubicaba en el puesto 66 y evidenciaba un mayor rezago en los pilares Condiciones laborales, Calidad y equidad en la educación y Protección social (ver Semanario 1018).

Como es de esperar, los resultados guardan relación con los tres canales que afectan la movilidad social para el caso de ALC, según la CAF: (i) la formación de capital humano, (ii) las oportunidades laborales y (iii) la acumulación de activos. Analicemos la situación para el caso peruano.

En principio, la baja movilidad social se explica también porque hay desigualdades en la formación de capital humano. Este no solo se relaciona con mayores salarios, sino que involucra otros aspectos sobre la calidad de vida, como el nivel educativo alcanzado, el estado de salud y el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. Así, por ejemplo, si bien la región avanzó en cuanto a cobertura educativa, esta presenta deficiencias en cuanto a su calidad, lo cual limita la capacidad de los sistemas educativos para promover una mayor movilidad.

En el Perú, entre 2003 y 2019, la tasa de asistencia a la educación secundaria pasó del 69% al 85%, según el INEI. Sin embargo, el reto pendiente está en mejorar la calidad y conseguir que se consigan mayores aprendizajes. De acuerdo con información del Minedu, para 2019, solo el 18% de los estudiantes de 2.o de secundaria tenía un nivel satisfactorio en matemáticas y un 15% lo obtuvo en lectura. Ante esto, se propone mejorar la oferta (de cobertura, calidad y pertinencia) de la educación básica, técnico-profesional y superior.

De igual manera, en cuanto a salud, el país experimentó un notable incremento en la cobertura, la cual pasó del 36% en 2005 al 96% en 2021, pero esto no ha ido de la mano con la mejora de los servicios. Por ese motivo, en este sector se debe hacer énfasis en las intervenciones que alivien el peso de las restricciones financieras de las familias, particularmente las que afectan el desarrollo de los niños y jóvenes. Es decir, se necesita mejorar las intervenciones en salud materno-infantil, las de estimulación temprana y las de nutrición infantil. Recordemos que, en 2021, la desnutrición crónica afectó al 11.5% de niños menores de 5 años y que, al 11 de noviembre de 2022, la vacunación de la pentavalente en niños alcanza solo al 57%.

Por otro lado, en materia de oportunidades laborales, se indica que el nivel socioeconómico de las familias condiciona la participación laboral, el desempleo, el salario y la informalidad de los trabajadores de la región. Por ello, una de las propuestas es mantener políticas activas de empleo que incluyan capacitaciones, pasantías y asistencia para la búsqueda de empleos. Además, las altas tasas de urbanización exigen mejores inversiones en el transporte público que permitan disminuir la distancia hacia los lugares de trabajo y, para el desarrollo departamental, resulta primordial dotar de infraestructura básica a las regiones para que las personas del campo y la ciudad puedan alcanzar su máximo potencial productivo.

En nuestro país, cualquier intervención para mejorar el mercado laboral supone también considerar el gran nivel de informalidad, que en el segundo trimestre del 2022 alcanzó el 73.9% de peruanos, una de las tasas más altas de la región (ver Semanario 1139).

Como es evidente, nuestro país enfrenta el gran reto de mejorar las condiciones básicas para garantizar más y mejores oportunidades para todos. En las últimas décadas, el Perú ha mantenido un crecimiento económico sostenido gracias a las políticas de apertura comercial y fomento de la inversión privada. No obstante, por distintas razones, este crecimiento ha sido insuficiente para garantizar un mayor bienestar de los habitantes. Este trabajo le corresponde al Estado; sin embargo, somos conscientes de que las prioridades de los Gobiernos distan de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

El futuro de los peruanos, sobre todo de los más desfavorecidos, depende de las intervenciones que se ejecuten hoy. Y es a eso a lo que deben apuntar las políticas públicas, de modo que se garantice que todos jueguen bajo las mismas condiciones.