Una de las grandes virtudes de la libre competencia es que permite la asignación eficiente de recursos. Es decir, los agentes económicos ajustan sus decisiones de producción y consumo de bienes y servicios sin ninguna traba de por medio. Es esta libre asignación la que se traduce en mejoras para la sociedad en su conjunto, en forma de menores precios, acordes con la producción más eficiente (menos costosa); y una mayor calidad y variedad de productos, generadas por inversiones que solo las empresas más competitivas tienen la capacidad de realizar.

Por ello, en mercados con distorsiones estructurales —las llamadas fallas de mercado—, la regulación aparece como un mecanismo para intentar acercarse al ideal competitivo. Este debería ser el fin último de todo ente regulador, y sus intervenciones tratarse —por ponerlo en términos coloquiales— de remedios temporales acordes a ese propósito, y que deben ir paulatinamente removiéndose una vez que la competencia se desarrolle en un grado suficiente.

No obstante, el reciente congelamiento de precios del servicio de internet fijo, ordenado por el Osiptel mediante la Resolución de Consejo Directivo 26-2020-CD/OSIPTEL, va en dirección contraria a lo descrito, ya que añade una restricción adicional a una parte del mercado de telecomunicaciones que no se encontraba regulada[1]. Es decir, se están aumentando, y no disminuyendo, las rigideces a la asignación eficiente de recursos.

Esto simboliza un paso atrás en un mercado en el que, si bien existe una alta concentración, por ejemplo, mayor a la del internet móvil, el empuje competitivo que todo el sector ha experimentado en los últimos años también se ha hecho presente.

Después de todo, de acuerdo con la data más reciente del Osiptel, la participación de la principal empresa del sector ha ido reduciéndose, al pasar del 80% en el primer trimestre de 2016 al 70.2% en el tercer trimestre de 2019. De igual forma, el precio implícito por conexión de internet ha caído un 16.1% entre el primer trimestre de 2017 y 2019 (de S/ 62.9 a S/ 52.8), y la velocidad promedio ha aumentado un 181.6% (de 4.9 Mbps a 13.8 Mbps). Así, a setiembre de 2019, el 56.6% de conexiones de internet fija contaba con una velocidad mayor a 16 Mbps, frente a un 2.8% en 2016.

Asimismo, el Osiptel también habría dispuesto un plazo para evaluar el mercado a fin de disponer una regulación tarifaria. ¿Cómo se vería perjudicado el mercado si, efectivamente, se concretase el control de precios sugerido por el regulador? En primer lugar, supondría un sobrecosto que las empresas incorporarían en sus negocios, al tener que adaptar sus planes tarifarios a una realidad en la que el regulador simplemente prohibiría las alzas que califique como “incorrectas”. Y, en segundo lugar, la falta de predictibilidad con respecto a la conducta del regulador podría ocasionar una reducción de las inversiones no solo en este segmento, sino también en todo el sector. Esto sería preocupante sobre todo si tomamos en cuenta que podría retrasarse el cierre de las brechas de infraestructura de largo plazo en telecomunicaciones: S/ 20,377 millones para la cobertura 3G y S/ 106,124 millones para la implementación del 4G, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

Finalmente, si consideramos que el ingreso promedio mensual por usuario de internet fijo de las empresas operadoras ha caído un 27.9% entre 2014 y 2018 (siendo la caída cada año mayor), el costo adicional que represente este control de precios, más la posible reducción de inversiones, pondría en jaque la capacidad de las empresas para ofrecer mejores productos a menores precios. Incluso, alguna empresa podría comenzar a preguntarse si es o no rentable seguir operando en dicha línea de negocio en nuestro país (por no decir en todo el sector). Esto generaría, irónicamente, un escenario en el que un regulador procompetencia vuelve ¡menos competitivo al mercado![3]

Por ende, urge hacer un llamado a nuestro regulador de telecomunicaciones para que evalúe las consecuencias de sus acciones. Casos como estos realzan la importancia de aplicar un análisis de impacto regulatorio para el diseño de políticas públicas, en especial si estas pueden tener efectos nocivos en la sociedad, como son aquellas que socavan la libre competencia. No habrá mejoras en competitividad o en la calidad de vida si medidas como esta siguen saliendo a flote.

[1] El internet fijo se encuentra dentro del Régimen Tarifario Supervisado, bajo el cual las empresas operadoras pueden modificar sus tarifas libremente, sin estar sujetas a un tope, con base en las condiciones del mercado.

[2] En el mercado de internet fijo, existe un índice HHI de 5,500 versus uno de 2,722 en el mercado de internet móvil, de acuerdo con el informe de la resolución. El índice HHI es la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de las empresas que lo componen. Un menor HHI se interpreta como una distribución más equitativa de las cuotas, o la presencia de más empresas, lo que a su vez supone un escenario más competitivo.

[3] Un estudio reciente de Apoyo Consultoría mostró que los sobrecostos regulatorios en el mercado de telecomunicaciones serían la principal causa detrás de las caídas significativas en los resultados financieros de los operadores, poniendo en peligro su sostenibilidad.