Hace algunas semanas, la Contraloría General de la República (CGR) presentó un estudio que señalaba que, en 2019, la corrupción generó pérdidas por un monto de S/ 23,297 millones, aproximadamente, equivalente al 3% de nuestro PBI. Es importante mencionar que dicha cifra refleja las pérdidas directas, pues las indirectas, generadas por la ineficiencia y la pérdida de confianza en las instituciones públicas resultan incalculables.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado en 2019 se habría perdido por corrupción e inconducta funcional. Los Gobiernos regionales más afectados, en términos relativos[1], son Callao, Lambayeque y Pasco; mientras que, a nivel del Gobierno nacional, los sectores con mayor índice son transportes y comunicaciones, salud y educación.

En comparación con otros países de la región, de acuerdo con el Índice mundial de percepción de la corrupción (IPC) para 2019, el Perú está clasificado como un país con niveles altos de corrupción en América Latina. Según el ranking, ocupamos el puesto 101 de un total de 180 economías, con lo que mejoramos un punto y ascendimos cuatro posiciones respecto de 2018. Si bien nuestro país se ubica mejor que Venezuela (puesto 173), Bolivia (123) y Brasil (106), está por debajo de Colombia (96), Argentina (66) y Chile (26).

En el informe de la CGR también se menciona que, entre 2017 y 2018, se estimó un perjuicio económico de alrededor de S/ 22,185 millones, por lo que se calculan pérdidas por corrupción acumuladas entre 2017 y 2019 de S/ 45,482 millones, aproximadamente. La corrupción, sin duda, está retrasando considerablemente nuestro crecimiento y bienestar, al punto de que se pierde, en promedio, S/ 720 por ciudadano anualmente, equivalente al costo mensual de la canasta familiar para dos personas.

Por otro lado, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2019, se estima una brecha de infraestructura de acceso básico en el corto plazo (5 años) de S/ 117,183 millones, mientras que la brecha de infraestructura de largo plazo (20 años) se calcula en S/ 363,453 millones.

Al analizar el costo de oportunidad de las pérdidas generadas por corrupción entre 2017 y 2019, según las prioridades del Gobierno, en el primer escenario, con los montos estimados por la CGR, se podría cerrar al 100% la brecha de infraestructura en el corto plazo (BICP) para el sector transportes y un 13.1% de la BICP del sector salud, así como el 100% de la brecha de infraestructura en el largo plazo (BILP) del sector educación. En el segundo escenario, priorizando los sectores sociales de salud y educación, tan afectados por la pandemia, la brecha a 2024 se cerraría en un 100% y la BICP del sector transportes, en un 33.4%. En los dos escenarios, esto significaría cerrar la brecha de infraestructura de corto plazo en un 34%, equivalente a S/ 39,000 millones.

AÚN QUEDA MUCHO POR HACER EN EL INTERIOR DEL PAÍS

De acuerdo con la información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, presentada en el Informe Anual de la Defensoría del Pueblo, a diciembre de 2018, el número de casos de corrupción ascendía a 40,759, con Lima y Áncash como las regiones que encabezan la lista con mayor incidencia de casos de corrupción en trámite, seguidas por Junín, Ayacucho y Arequipa. Sin embargo, al analizar el índice de corrupción a nivel regional, reportado por la CGR, y la información a nivel regional de los casos de corrupción, se observa una relación positiva entre los niveles de corrupción y la tasa de variación de casos de corrupción entre 2016 y 2018. Los gobiernos regionales de Lambayeque, Huancavelica, Moquegua, Junín y Áncash son los que más casos de corrupción presentan. 

Al respecto, se puede reflexionar que con las pérdidas estimadas por corrupción anualmente se habría podido financiar en su totalidad a los 8.5 millones de hogares beneficiarios en todo el país con los subsidios entregados por el Estado durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Además, el alcance de beneficiarios (familias que debieron recibir un bono, pero que no obtuvieron ningún tipo de subsidio) se podría haber extendido para el segundo tramo del Bono Familiar Universal, el bono Yo me quedo en casa, el bono Independiente y el bono Rural, algo que tanto se criticó en su momento al Gobierno.

Para concluir, es prioritario hacer seguimiento, al menos en el corto plazo, de aquellos sectores y regiones donde existen los más altos niveles de corrupción funcional identificados por el CGR, y trabajar de manera coordinada entre el Gobierno central y las autoridades regionales y locales para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización frente a los programas anticorrupción, de forma que se pueda tener mejores resultados en la lucha contra este mal.

[1] Como porcentaje del respectivo monto de presupuesto ejecutado.