El lunes pasado, se presentó el Estudio Multidimensional del Perú Volumen II, un informe que brinda recomendaciones para lograr que nuestro país se convierta en una economía de ingresos altos y que genere bienestar para sus ciudadanos, de manera que se supere la trampa del ingreso medio en la que el Perú habría caído (ver Semanario N.° 900). Este estudio parte de los resultados expuestos en el primer volumen, donde se identificaron las principales limitantes para alcanzar un mayor bienestar y un desarrollo más inclusivo y sostenible. Así, se enfoca en 3 áreas específicas: diversificación económica y productiva, conectividad en transporte y reducción del empleo informal.

La productividad laboral en el Perú representa casi la tercera parte del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por tanto, si el país creciera con un muy buen desempeño macroeconómico, es decir, si el PBI per cápita aumentara un 4.6% al año, recién en 2029 podría ser una economía de ingreso alto. No obstante, esto significa que el país se habría mantenido como una economía de ingreso medio por 80 años aproximadamente, lo cual contrasta con las economías de la OCDE, que en promedio hicieron la transición en 30 años. Por ello, para asegurarla, es necesario implementar y mejorar regulaciones en diversas materias, que incluyen el desarrollo de nuevas industrias competitivas, la apertura del mercado, las estrategias de innovación, la tributación y el canon, y el marco institucional estratégico para el desarrollo productivo.

En este sentido, parte de las recomendaciones de la OCDE consisten en mejorar las condiciones que faciliten el desarrollo de nuevos sectores competitivos, lo cual, a su vez, incluye enfrentar las barreras al emprendimiento, potenciar las competencias y habilidades de la gente, y desarrollar servicios de logística. Adicionalmente, se incentiva a fortalecer la innovación a través del aumento de la inversión privada y pública, así como establecer conexiones eficientes entre ambos sectores. Asimismo, la asignación de transferencias fiscales basadas en recursos naturales (canon) debe tomar en cuenta a todas las regiones del país y sus limitantes socioeconómicas.

Por el lado de la conectividad del transporte, en el informe se especifica que Perú tiene uno de los ratios más altos entre costos y tarifas de transporte, 20 veces más que los países de la OCDE, por lo cual la conectividad entre bienes y personas resulta importante para el país. Esto implica más que proveer infraestructura para el transporte, incorporar mejoras logísticas y desarrollar buenas prácticas en la gestión aduanera. De igual manera, se establecen 5 puntos relevantes que deben seguirse, entre los cuales podemos encontrar el diseño de un plan nacional de transporte que priorice claramente ciertas políticas, la creación de un “observatorio logístico” que ayude a monitorear y reducir los costos de transporte y, en especial, la creación de una única autoridad para la movilidad en el área metropolitana, de manera que se eviten las limitaciones relacionadas con la falta de coordinación en políticas y decisiones de inversión en Lima y el Callao. Estas medidas aumentarían la eficiencia y reducirían tiempos y costos de transporte que luego son transferidos a las empresas y ciudadanos. Asimismo, es importante desarrollar otro tipo de transportes, ya sean marítimos, ferroviarios o aéreos.

Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, si bien el empleo informal ha caído, aún constituye el 72% del mercado. Por si esto fuera poco, la creación de empleo formal también ha caído en los últimos años, pues según el Instituto Peruano de Economía, hasta setiembre de 2017, habría disminuido un 2% en el ámbito urbano. Asimismo, según el estudio de la OCDE, la vulnerabilidad socioeconómica está correlacionada con la informalidad en nuestro país, pues el 80% de trabajadores informales pertenecen a la clase “vulnerable” y trabajan en sectores de baja productividad. Por ello, se establecen recomendaciones ligadas a la intervención en el mercado laboral, los tributos y la protección social, que estén acompañadas por políticas de desarrollo productivo. De igual manera, se sugiere fortalecer los sistemas de inspección y supervisión laboral, así como fomentar la formalización de las empresas simplificando los mecanismos de tributación y reduciendo costos administrativos asociados con la formalidad. Esto debería resultar en un mejor acceso a empleos formales, en especial para jóvenes, mujeres y personas del sector rural, así como en la reducción de incentivos para permanecer o pasarse a la informalidad.

Es evidente que aún nos falta mucho por hacer para consolidarnos como una economía de ingresos altos. Por esto, se deben llevar a cabo fuertes reformas estructurales que logren la diversificación económica, desarrollen la conectividad en transporte y hagan frente a la informalidad. Para ello, es necesario elaborar un plan de acción detallado de manera que toda la administración pública actúe coordinadamente y así se pueda mejorar el marco institucional y fortalecer la legitimidad fiscal del país. Por último, resulta esencial incrementar los niveles de competencias, así como cerrar las brechas que existen entre la población.