La inseguridad y el crimen organizado han escalado significativamente en los últimos años. El incremento de homicidios y extorsiones en el país lo evidencian. Estamos atravesando una de las peores crisis de seguridad ciudadana, y la percepción de la población confirma esta situación. 

De acuerdo con el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), en 2024 se registraron 7.4 denuncias por homicidio por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, un aumento del 115% en comparación con 2019, cuando la tasa fue de 3.5. Asimismo, las denuncias por extorsión ascendieron a 64.7 por cada 100,000 habitantes en 2024, lo que representa un incremento del 438% respecto de las 12 registradas en 2019. 

Por otro lado, datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) muestran que la tasa de homicidios pasó de 3.5 en 2019 a 6.1 en 2024, un incremento del 74%. Los departamentos con los mayores aumentos fueron Madre de Dios, con 21.4 homicidios por cada 100,000 habitantes (+7.1 respecto a 2019); Tumbes, con 14.8 (+6.3); La Libertad, con 13.1 (+6.3); Piura, con 5.5 (+4.3); e Ica, con 8.1 (+3.8). 

Estas cifras han mellado la confianza y percepción de las personas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el semestre julio-diciembre de 2024, el 45% (+7.7 p.p. con respecto al mismo periodo del año previo) de la población colocaba a la delincuencia como uno de los principales problemas del país, solo por detrás de la corrupción. 

Este conjunto de datos evidencia que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no solo no está dando resultados, sino que la población lo percibe como un problema que va empeorando y al cual el Gobierno no pueden hacerle frente. Esta situación tiene un impacto económico muy fuerte, pues los costos directos del crimen y la violencia en el Perú alcanzan el 2.82% del PBI[1], lo que socava las expectativas de personas y empresas. 

La falta de cooperación entre las autoridades ha facilitado el avance de los grupos criminales. Como expusimos en el Semanario 1228, un ejemplo de esto es la Ley 32108, que introdujo modificaciones en el Código Penal, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de Procedimiento para la Adopción de Medidas Excepcionales en Investigaciones Preliminares. Esta legislación ha añadido exigencias adicionales para la persecución de delitos, lo cual dificulta la labor de las autoridades en la identificación y sanción de organizaciones criminales. Como resultado, se han incrementado la impunidad y el número de estos grupos, además de que se ha obstaculizado el trabajo de los fiscales al recolectar pruebas para acreditar delitos. 

Si bien los índices de criminalidad en la región son también altos, algunos países han logrado avances significativos en la lucha contra el crimen organizado. Un caso exitoso es la Operación a Ultranza PY, lanzada en febrero de 2022 en Paraguay. Coordinada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), con apoyo internacional, esta operación es considerada el mayor golpe contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país. Logró más de 100 allanamientos simultáneos, la detención de 30 personas y la incautación de bienes valorados en 100 millones de dólares, incluidos inmuebles, vehículos y aeronaves. 

Otro ejemplo es el de Brasil, donde desde 2008 se implementaron las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro. Estas unidades buscan combatir la violencia y la influencia de pandillas mediante la presencia policial permanente y programas de desarrollo comunitario. Gracias a esta estrategia, se logró reducir significativamente los homicidios y otros delitos violentos en las zonas intervenidas, lo que ha mejorado la seguridad y promovido la inclusión social.

El aumento en los índices de criminalidad y la falta de medidas efectivas demuestran la necesidad de replantear la estrategia de seguridad en el país. La implementación de modelos exitosos de otros países podría ser una alternativa viable para contener el avance del crimen organizado. Asimismo, es imprescindible que las autoridades actúen de manera coordinada y refuercen la capacidad investigativa y operativa para garantizar la seguridad ciudadana. De lo contrario, la delincuencia seguirá ganando terreno, poniendo en riesgo la estabilidad y el bienestar de la sociedad.

[1] Costos directos del crimen y la violencia en 2022, de acuerdo con el BID y citados en el Semanario 1234.