Lima enfrenta un grave problema de congestión vehicular, ya que es la novena ciudad más congestionada[1] del mundo y la primera en Sudamérica, según el TomTom Traffic Index 2024. Esta problemática genera un costo anual equivalente al 2.4% del PBI, lo que afecta la productividad y calidad de vida, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Resolver este desafío requiere infraestructura moderna, transporte eficiente y un cambio hacia la movilidad sostenible. 

La densidad vehicular en Lima aumentó en los últimos diez años un 40.1%[2], de acuerdo con cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esto preocupa y afecta a los ciudadanos limeños. El tráfico en la ciudad generó un costo anual equivalente al 2.4% del producto bruto interno (PBI) del país en 2023, según estimaciones del BCRP. Este cálculo considera dos aspectos: el costo del combustible extra consumido durante las horas pico en comparación con las horas de tráfico fluido y el costo del tiempo que los trabajadores pierden en desplazamientos, lo que reduce su productividad. 

En dicho contexto, urge contar con una infraestructura de transporte masivo y eficiente. Sin embargo, esto se ve obstaculizado por los retrasos en las construcciones de obras importantes como las líneas del Metro de Lima. Problemas como la falta de acuerdos sobre la expropiación de terrenos y la gestión de recursos presupuestales serían las principales limitantes, señala el MTC. 

De acuerdo con el informe Lima Cómo Vamos 2023, al cierre de esta edición, la línea 1 del Metro es el medio de transporte público preferido y el atributo más valorado es su rapidez, según el 61.7% de encuestados. En ese sentido, se debería priorizar el desarrollo de las líneas y destrabar los trámites pendientes, ya que traería beneficios en términos de tiempo y ahorro económico para la ciudadanía. Recordemos que existe un costo económico asociado a la no ejecución o el retraso de proyectos de inversión pública, lo que se traduce en beneficios no percibidos por la población objetivo. 

Recientemente se aprobó el Plan Regulador de Rutas de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que reemplaza al Estudio de Optimización de la Red de Rutas, bajo el Régimen Excepcional de Autorizaciones de 2023. Este plan reorganiza la cantidad de rutas del transporte público basándose en un estudio de la demanda real de viajes. Su objetivo es evitar la superposición de rutas y combatir la informalidad en el transporte público. 

La ATU brindará autorizaciones de rutas por cinco años en casos sin concesiones, si las empresas cumplen con requisitos como la implementación del modelo de negocios y registro de todos los conductores en planilla el primer año y, a los 20 meses, la integración completa de sus flotas. Además, se les otorgará una concesión de 10 años si utilizan gas y hasta 15 si optan por vehículos eléctricos. Estos son los incentivos que buscan modernizar las flotas de empresas de transporte, así como impulsar la formalidad y competitividad del sector. 

Cada día se realizan 108,802 viajes en hora punta en vehículos informales que ofrecen transporte público en Lima, lo que provoca congestión e inseguridad, según datos del Plan de Movilidad Urbana 2023. En esa línea, es relevante observar lo realizado en Santiago de Chile, ubicado entre las diez urbes con menor congestión en Sudamérica, según el TomTom Traffic Index 2024. Allí se integró el metro con una red de buses para ampliar su cobertura. Esto podría replicarse con una mayor cobertura en Lima. 

La coordinación entre desarrollo urbano y transporte público es importante para crear ciudades eficientes. Un ejemplo es Curitiba, en Brasil, donde se implementaron políticas que alinean el crecimiento urbano con el desarrollo de sistemas de transporte masivo, a través del sistema de buses rápidos. Este enfoque mejora la movilidad y optimiza el uso del suelo. 

Abordar la congestión vehicular requiere una combinación de infraestructura adecuada y políticas públicas eficientes. Implementar soluciones integrales y aprender de experiencias exitosas en otras ciudades permitiría que Lima avance hacia un sistema de transporte más ordenado y funcional. La clave estaría en el trabajo articulado entre sectores. Las soluciones o alternativas deben involucrar a todos los stakeholders posibles, para viabilizar rápidamente la ejecución de obras. Si trabaja cada uno por su cuenta, habremos perdido demasiados años como ciudad.

[1] Se considera el nivel de congestión como el tiempo adicional promedio (en porcentaje) perdido por el tráfico, en comparación con las condiciones en horas libres.

[2] Se considera el parque automotor circulante en Lima y Callao entre 2014 y 2023.