En línea con el seguimiento del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), recientemente, ComexPerú publicó el cuarto Reporte de Avance de Proyectos PNIC, el cual registró el avance financiero de 33 proyectos hasta el segundo trimestre de 2021. Los resultados generales muestran que la ejecución respecto de la inversión total es del 34.4%, con tres proyectos culminados en la práctica.

Por supuesto, los resultados son variables cuando los desagregamos entre los sectores del PNIC, e incluso dentro de estos.

Saneamiento

El caso más notorio y preocupante es el del sector saneamiento, el cual, pese a contar con tres proyectos con un avance mayor al 90%, también posee cuatro con un avance menor al 4%, los cuales representan una inversión de S/ 3,470 millones, el 98% de la inversión del sector.

Entre los proyectos del sector saneamiento, está la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Titicaca (PTAR Titicaca), cuya inversión total es de S/ 1,187 millones, con un avance del 0.1% al primer semestre de 2021, de acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas. Afortunadamente, no hay puntos críticos con este proyecto, ya que sus obras comenzaron en abril del presente año, lo que explica su pequeña ejecución, y actualmente, procede con normalidad.

Cabe recordar que la PTAR Titicaca beneficiará directamente a 1.2 millones de personas en seis ciudades de Puno, con efectos positivos tanto para su salud, como para las condiciones ambientales del lago y el departamento, al igual que en actividades como el turismo, la pesca y el comercio, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

Por otro lado, hay otros tres proyectos, con un valor total de S/ 2,284 millones, que sí dejan mucho que desear. Estos iniciaron su ejecución financiera en 2018 y hasta 2019, tenían ínfimos porcentajes de avance. Desde 2019 hasta el segundo trimestre de 2021, se observa que la situación poco ha cambiado: el proyecto de Ucayali aumentó su avance en 0.2 puntos porcentuales (pp); el de la ciudad de Juliaca, en 0.3 pp; y el de la ciudad de Puno, en 1.3 pp.

¿Qué está generando este aparente estancamiento? La información recogida por el SSI revela que en los tres casos no ha sido posible salir de las fases de elaboración de los expedientes técnicos. De hecho, en el proyecto de Ucayali, el 83.5% del dinero ejecutado corresponde a gastos en expedientes; en el de Juliaca, el 84.7%; y en el de Puno, el 80.1%.

Cada proyecto cuenta con sus particularidades. El de Puno aún tiene pendiente la aprobación de entregables, un proceso que debe atravesar los filtros de una empresa supervisora, la entidad prestadora de servicios de saneamiento (EPS) local y el propio MVCS.

En una situación similar está el proyecto de Juliaca, con menos de la mitad de sus componentes (acciones que se planean ejecutar) con visto bueno, y que aún requiere aprobaciones de diversas entidades, como la Municipalidad Provincial de Puno, la Autoridad Nacional del Agua, entre otras.

Finalmente, el proyecto de Ucayali se encuentra en el peor escenario, puesto que su diseño no ha sido aprobado por la EPS de Coronel Portillo, ya que la institución no considera financieramente sostenible ejecutarlo en su estado actual. Ello representa un enorme riesgo, pues de no corregirse esta situación se recurriría a la resolución de los contratos involucrados con la ejecución.

La situación de estos proyectos pone en duda el estatus “especial” que deberían tener las obras que forman parte del PNIC. Si bien es cierto que las etapas anteriores a la ejecución física de los proyectos públicos suelen ser lentas, dada nuestra burocracia estatal, el hecho de que, en casi tres años, dos de estos no puedan salir del tema de los expedientes es una señal clara de que algo no funciona.

Tener estas obras en vilo, por supuesto, implica un costo. No solo son los beneficios para los ciudadanos que no se están generando, como el ampliar la cobertura de agua y saneamiento a más de 1 millón de personas, sino también el costo de que, al no ejecutarse los proyectos, se retrasa la inclusión de nuevas obras en el PNIC.

Por consiguiente, es necesario que el Estado replantee cómo está administrando la ejecución de estos proyectos priorizados, con el MVCS a la cabeza. Y si los problemas usuales de la inversión pública siguen presentes, sería bueno analizar otras alternativas. Ojalá haya una respuesta rápida antes de que el PNIC se convierta en una medida olvidada.