Muchas veces, desde el Congreso, se presentan proyectos de ley que tienen un objetivo o preocupación válido, pero que contienen propuestas que en lugar de beneficiar terminarían perjudicando a la población. Esto se da porque varios de los proyectos de ley carecen de un análisis de impacto regulatorio, el cual implica delimitar el problema, analizar y ponderar alternativas para atenderlo, analizar su proporcionalidad y legalidad, y realizar un análisis costo-beneficio; en suma, aplicar criterios técnicos y evidencia rigurosa en su diseño.

Un ejemplo son los recientes proyectos de ley que proponen el congelamiento de las deudas financieras de las familias y de las micro y pequeñas empresas.

La preocupación, que sin duda compartimos, es la difícil situación económica que estas atraviesan debido a la crisis que enfrentamos por la COVID-19. Sin embargo, la medida propuesta no solo no atendería el problema, sino que los perjudicaría.

Primero, la iniciativa legislativa, tal como está planteada, afectaría la solvencia y la liquidez, especialmente de aquellas entidades con mayor exposición de cartera a personas naturales y Mipyme, como financieras, cajas municipales y rurales. Con el congelamiento de los préstamos, estas empresas no tendrían recursos para honrar los compromisos con sus depositantes, lo que pondría en riesgo el dinero de los ahorristas e incluso llegaría a generar corridas bancarias y quiebras. Por tanto, la medida generaría problemas en aquellas entidades que están más cerca de la población vulnerable, perjudicándola incluso con el riesgo de pérdida de sus ahorros.

Segundo, la propuesta acentuaría los efectos negativos de solvencia y liquidez de un sistema financiero que ya está golpeado por la crisis y que, incluso, es posible que enfrente una crisis financiera. Por tanto, este debilitamiento del sistema, exacerbado por la medida propuesta, afectaría las posibilidades de que el proyecto pueda contribuir con las Mipyme y las familias en el proceso de reactivación económica. Nuevamente, un efecto perjudicial para la población.

Tercero, el sector financiero, afectado por estas medidas, buscará colocaciones menos riesgosas, lo que restringiría la accesibilidad al crédito de personas naturales y Mipyme que tienen mayores riesgos crediticios. En consecuencia, una vez más se verían afectadas por una escasez de crédito, un incremento de la tasa de interés y, probablemente, no tengan otra alternativa que acudir a prestamistas informales y enfrentar tasas exorbitantes.

En suma, la medida propuesta no solo no beneficia a las personas naturales y a las Mipyme, sino que las perjudica, al ponerles un terreno más inclinado para salir adelante. Por ello, cuidado con las buenas intenciones, que podemos terminar peor que antes.

Por último, recordemos que en el Perú tenemos 6.1 millones de micro y pequeños negocios, de los cuales el 83% es informal. Esos negocios, que son el grueso, no acceden al sistema financiero formal y es sobre ese problema que el Congreso debería trabajar en el impulso de medidas para la formalización, la inclusión financiera, la bancarización, etc.