¿De verdad queremos resultados?

En una reciente reunión en Palacio de Gobierno con representantes empresariales, el Ejecutivo compartió avances y perspectivas sobre el desarrollo económico del país. Sin embargo, más allá de los anuncios, lo que hoy demanda el Perú no son diagnósticos ni buenas intenciones, sino resultados concretos. 

Desde que se anunció el llamado shock desregulatorio, en marzo de 2025, hemos sido firmes en señalar que, pese a acumular más de 600 medidas en matrices y documentos, los avances reales son escasos. Las reuniones con los gremios —que en su momento tuvieron una periodicidad quincenal— se han vuelto esporádicas, y el entusiasmo inicial ha cedido terreno al letargo burocrático. 

Lo dijimos claramente: sin voluntad política, sin prioridades claras y sin liderazgo decidido, este esfuerzo corre el riesgo de convertirse en otra promesa incumplida. Por ello, insistimos en la necesidad de avanzar con urgencia en temas clave como la eliminación de barreras burocráticas; la transformación digital del Estado; la mejora de la gestión en EsSalud, Petroperú y Machu Picchu; y un combate frontal contra la corrupción, la minería ilegal y la inseguridad ciudadana. 

Un gran legado que podría dejar esta gestión es institucionalizar el mecanismo de las mesas ejecutivas como espacios público-privados permanentes y vinculantes. Que no dependan de una cartera ni de las autoridades de turno, sino que se conviertan en una política de Estado y formen parte de su funcionamiento, en el marco de la mejora regulatoria. 

También es momento de revisar críticamente el Acuerdo Fiscal. Cumplir las reglas fiscales es necesario, pero no suficiente. El país requiere una política tributaria que no castigue la inversión privada y que, por el contrario, la incentive. Desde fiscalizaciones excesivas y cambios de criterios alejados de la naturaleza de las operaciones comerciales, hasta falta de independencia y capacidades en los órganos resolutivos, sea el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial. 

Asimismo, debe prestarse mayor atención al manejo de las controversias internacionales de inversión, donde nos estamos jugando no solo recursos públicos, sino también la credibilidad del Estado como socio confiable. 

Celebramos que nuestras observaciones hayan sido tomadas en cuenta por los ministros presentes. Pero no basta con escuchar: toca actuar. El tiempo es limitado y los desafíos son múltiples. La ciudadanía, las empresas y los inversionistas necesitan señales claras de que este Gobierno puede —y quiere— cerrar su gestión con reformas que marquen la diferencia. 

Reactivación económica no es llenar matrices ni hacer anuncios. Es remover trabas, facilitar inversiones, recuperar la confianza y generar empleo. El país no puede esperar más.