Hace algunos años, escribimos una serie de artículos sobre cómo la problemática en la cadena logística de comercio exterior estaba afectando duramente la competitividad del país. Según el ranking Doing Business del Banco Mundial, en 2020, el Perú ha caído 8 posiciones y se sitúa en la posición 76, por debajo de Chile, Colombia y México. En el Índice de desempeño logístico, que mide la eficiencia del movimiento de carga, la situación es similar, pues hemos retrocedido 10 posiciones en la última década.  

En el Perú contamos con operadores de puertos de clase mundial, que nos han permitido tener infraestructura portuaria de primer nivel, así como procesos regulados según contratos de concesión. Sin embargo, los retos de la competitividad logística son enormes y pasan por dos frentes. El primero, relacionado con la brecha de infraestructura de soporte de acceso a los terminales portuarios, que genera congestión vehicular e inseguridad en los alrededores del puerto. A esto se le suman los retos de conectividad entre centros de producción y puertos o aeropuertos que ocasionan demoras, sobrecostos y mermas de la producción. Además, no podemos dejar de lado la problemática en cuanto a la tramitología, así como inspecciones de la carga poco eficientes. 

El segundo se relaciona con la falta de transparencia en los servicios que prestan algunos operadores logísticos. Sobre este último punto, el Banco Mundial presentó una serie de estudios en los que identificó que en el Perú existen sobrecostos logísticos o “costos evitables” —aquellos pagados por los usuarios por servicios no prestados, cobrados doblemente o que no deberían existir en la cadena logística— que ascendían a US$ 300 por contenedor. ¡Realmente inaceptable! 

Por ello, desde ComexPerú expresamos nuestro total respaldo al Decreto Legislativo 1492, que aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas con la cadena logística del comercio exterior. En el marco de las facultades delegadas, el Gobierno acertadamente aprobó esta norma que busca atender una problemática que se ha agudizado con el actual estado de emergencia y que afecta seriamente la continuidad de la cadena logística, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Por un lado, impulsa el proceso de digitalización de trámites logísticos tanto del sector público como privado y, por el otro, la transparencia de la cadena logística respetando los principios de libertad contractual, donde solo deberán pagarse aquellos conceptos que hayan sido elegidos y contratados libremente y de común acuerdo.  

Esta norma es un gran paso en la mejora de la competitividad logística y todos los actores de la cadena debemos apoyarla, dejando de lado intereses particulares y poniendo al país por delante. Sin duda, habrá detractores, seguramente los “afectados”, pero es momento de que todos hagamos causa común por impulsar el correcto funcionamiento del mercado, basados en la transparencia y la predictibilidad. Es hora de nivelar la cancha, poniéndonos en igualdad de condiciones con nuestros competidores y así aprovechar las oportunidades que nos presenta nuestra vasta red de acuerdos comerciales. 

El siguiente paso es la implementación de las medidas aprobadas en el Plan Nacional de Competitividad para la Productividad, como potenciar la VUCE y desarrollar ventanillas únicas sectoriales, el corredor puerto-aeropuerto, mejorar sus accesos, la implementación de un antepuerto que mejore la eficiencia y la seguridad en el acceso a los terminales portuarios, y una red de truck centers a nivel nacional. Ya dimos el primer paso. Que esta crisis sea una oportunidad para efectuar las reformas pendientes y estar fortalecidos cuando empiece la recuperación mundial.