En el Perú, el sector minería e hidrocarburos es una importante guía del desempeño macroeconómico. Desde 2005, su participación en el PBI ha alcanzado, en promedio, un 14%, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). A su vez, la minería comprende casi un 70% dentro de este sector. Según cifras de la Sunat, representa una importante fuente de ingresos ya que, en 2015, generó S/ 4,350 millones en tributos internos, un 6% del total nacional.

Por otro lado, en términos de inversión extranjera directa (IED), la minería se destaca por contar con un saldo de US$ 4,648 millones, lo que representa un 22.9% del total invertido en el país por fuentes externas. Además, tan solo en proyectos iniciados en 2016, como el proyecto minero Las Bambas, este sector generó más de 20,000 empleos directos.

Sin embargo, estas cifras se encuentran lejos de mostrar la verdadera imagen de la minería en el Perú y mucho menos reflejan las grandes dificultades que enfrenta. Si consideramos que, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alrededor del 60% de nuestra economía es informal, con un mercado laboral también informal cercano al 70%; debemos analizar las acciones que el presente Gobierno está tomando en temas de formalización, particularmente en el sector minero.

Como sabemos, la informalidad es un cáncer en la economía nacional que no solo limita y reduce la recaudación fiscal, y opera sin ningún tipo de control, sino que también genera mecanismos de trasmisión para actividades ilícitas como el contrabando, y en muchos casos, prácticas que atentan contra los derechos humanos y dañan los recursos naturales.

Esta situación no es ajena a la minería. Así, según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Ambiente (Minam), entre 2001 y 2014, solo en la zona de amortiguamiento de Tambopata se han deforestado cerca de 50,000 hectáreas (ha) debido a la minería ilegal y se han invadido otras 500,000 ha. Además, la minería ilegal deforestó 12,503 ha de bosques en el sur de la Amazonía. Por otra parte, el uso predominante del cianuro y mercurio en la minería fluvial de esta zona afecta la salud de la población a través de la contaminación de peces, pues el ser humano absorbe un 95% del mercurio contenido en los pescados que consume.

Armas de alto calibre para el desarrollo

Durante los Gobiernos anteriores, la respuesta a esta problemática consistió básicamente en operativos de interdicción: destrucción total de campamentos mineros (informales e ilegales). Solo en 2015 se llevaron a cabo 62 interdicciones y, según la PCM, cada operativo le costó al Estado un millón de soles. Además, las iniciativas pasadas de formalización tuvieron resultados insignificantes, ya que, del universo estimado por el Minam de mineros informales (400,000), tan solo 72,000 presentaron compromisos de sostenibilidad y apenas 144 completaron el proceso de formalización.

Así, el actual Gobierno ha dado grandes pasos para fomentar la formalización de la pequeña minería y ha sentado las bases de una lucha frontal contra la facción ilegal del sector. En el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo promulgó los decretos legislativos N.° 1293 y N.° 1336, que establecen novedosos mecanismos para promover el desarrollo sostenible de la pequeña minería y la minería artesanal.

Ambos decretos son potenciales armas que atacan cuatro aspectos clave que han contribuido a la proliferación y prevalencia de la minería ilegal. En primer lugar, por primera vez se establece una clara definición de la minería informal. Recordemos que, en la pasada reglamentación, la minería informal no llegaba a ser ilegal por el solo hecho de no realizarse en zonas naturales protegidas, a pesar de emplear técnicas que destruyen ecosistemas y prácticas sociales que atentan contra los derechos humanos. Así, estas medidas comprenden, además, métodos y límites de producción y registros de propiedad para su definición.

En segundo lugar, se ahonda en cuanto a cooperación estatal y fomento mediante la creación del Fondo para el Proceso de Formalización Minera Integral y del sello “Oro formal, oro peruano”. Ambas iniciativas buscan que la formalización sea rentable para alcanzar economías de escala. Se estima que más del 78% de la minería informal es realizada como medio de subsistencia, por lo que resulta clave desarrollar los negocios de estas familias.

En tercer lugar, estas medidas comprenden incentivos para la formalización. De acuerdo con los gremios mineros, sus costos de formalización alcanzaban los US$ 150,000. Así, además de reducir los trámites, los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera tendrán el derecho de preferencia sobre el área donde se realice actividad minera.

En cuarto lugar, se fomenta la asociatividad tanto entre pequeños mineros como mediante concesiones con grandes empresas. De este modo, la gran minería puede encontrar en el pequeño minero a un defensor de la industria, lo que evita que se sienta tentado a volcar su simpatía hacia el movimiento “antiminero”.

La pequeña minería representa, sin dudas, un enorme reto para el país. El Gobierno ha dado un paso firme en el tema; sin embargo, queda un largo camino por recorrer. Más allá de políticas que pongan en un mismo saco a todos, se debe trabajar con aquellos pocos que realmente generan desarrollo sostenible al sector y contribuyen con un manejo adecuado de estos recursos tan valiosos para el Perú.