Pese al acelerado desarrollo de la construcción en las últimas dos décadas en nuestro país, el sector vivienda aún se encuentra lejos de satisfacer una demanda largamente desatendida. Según información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en 2016, el déficit de viviendas en nuestro país ascendió a 1.8 millones de unidades. La oferta anual de viviendas bordearía las 95,000 unidades, pero la demanda —fundamentalmente de sectores populares concentrados en Lima y Callao— excede las 450,000.

De este déficit, un 33% correspondió a uno cuantitativo, que mide la cantidad de viviendas que se necesitan construir; mientras que un 67% al déficit cualitativo, medido en viviendas que no cumplen con las condiciones básicas para ser habitadas por deficiencias en materiales de construcción, espacio (hacinamiento) y acceso a servicios básicos (agua, desagüe y electricidad).

Lo anterior pone en evidencia una importante brecha en materia de infraestructura, que limita el acceso a mejores estándares de vida para la población. De acuerdo con el MVCS, la cobertura de agua potable y saneamiento en nuestro país asciende al 88% y 79%, respectivamente, considerablemente lejos del objetivo de universalización. Y específicamente en el sector rural alcanza únicamente al 62% y 29%. Además, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, el sector saneamiento en el Perú se encuentra significativamente rezagado respecto a sus pares de la región: en 2015, mientras que el porcentaje de nuestra población con acceso a mejoras en el suministro de agua fue del 86.7%, en países como Chile, Colombia y Brasil se registraron niveles del 99%, 91.4% y 98.1%, respectivamente.

Según el MVCS, el alto déficit de viviendas sería resultado de factores como el limitado acceso a viviendas propias, el escaso desarrollo de planificación urbana, el bajo atractivo financiero de las viviendas sociales desde el punto de vista privado, así como el alto nivel de informalidad en el sector construcción. Sobre este último, se señala que siete de cada diez viviendas se construyen de manera informal, lo que significa que se encuentran mal ubicadas, en terrenos blandos con alto riesgo al derrumbe, tienen baja calidad constructiva y son poco resistentes ante sismos. Ello es especialmente preocupante considerando la alta vulnerabilidad de nuestro país a desastres naturales.

El camino por delante

Uno de los cinco lineamientos de política económica para el periodo 2018-2021, planteados por la presente administración en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), es impulsar la vivienda social y cerrar la brecha habitacional (ver Semanario N.° 905). 

Al respecto, recientemente se han adoptado importantes medidas. Primero, con relación al nuevo crédito Mivivienda, se amplió el valor de las viviendas que pueden acceder al bono del buen pagador y se incrementó el subsidio en algunos rangos. En segundo lugar, se incrementó el valor de la vivienda de interés social que puede acceder al bono familiar habitacional del programa Techo Propio, aplicable a proyectos multifamiliares, con el fin de incentivarlos. Tercero, el desembolso del bono familiar habitacional para la adquisición de vivienda nueva será más eficiente gracias a la participación de una entidad financiera como garante de un proyecto inmobiliario e intermediario entre el promotor inmobiliario y el Fondo Mivivienda. Cuarto, a partir de 2018, se actualizará el rango de precios de las viviendas beneficiadas en función a la inflación, y ya no a la variación anual de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), para reflejar los incrementos en los precios que afectan la construcción y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Cabe recordar que el Gobierno impulsa el acceso a la vivienda principalmente mediante tres ejes: i) planificación urbana, que busca promover el desarrollo urbano sostenible con planificación integral y proyectos de urbanismo y vivienda; ii) generación de suelo urbano, a través de la revalorización de zonas para densificación, la gestión para terrenos urbanizables, el fomento de asociaciones público-privadas, el mejoramiento de asentamientos humanos, entre otros; y iii) mecanismos de acceso a vivienda (adquisición, construcción y mejoramiento), que incluye a los programas Crédito Mivivienda, Techo Propio, Fondo Mivivienda y Vivienda Rural. Según el MMM, en 2017, se espera beneficiar a más de 33,000 familias bajo todas las modalidades de apoyo de acceso a vivienda; y en este quinquenio se espera promover 250,000 viviendas nuevas, lo que requerirá una inversión de S/ 4,000 millones. 

Por otro lado, cabe mencionar también la alta priorización otorgada por la actual administración al tema de agua y saneamiento, con el objetivo de cubrir la demanda urbana a 2021 y dar pasos considerables hacia la meta de cubrir la demanda rural para 2030. Como hemos discutido anteriormente (ver Semanario N.° 875), las acciones para mejorar el sector agua y saneamiento deben seguir orientadas hacia: i) la simplificación de procesos y normativa que impacte en inversión, financiamiento y gestión para la agilización de inversión pública y privada; ii) la eficiencia en la inversión y el gasto público; y iii) la reestructuración, fortalecimiento y modernización de las empresas prestadoras de servicios (EPS).

No se puede negar que el compromiso de la presente administración con esta reforma es alentador; pero habrá que esperar los resultados para ver si las medidas implementadas son suficientes para elevar el estándar de vida de los peruanos a través de viviendas dignas. Como muestran las cifras, aún queda un largo camino por recorrer.