La Ley de Exportaciones no Tradicionales fue aprobada por Decreto Ley 22342 de 1978, y contempla un régimen especial laboral que permite contratar a los trabajadores por un tiempo determinado y temporal, a fin de satisfacer la necesidad de producción de la empresa ante la demanda internacional. Esto con miras a trabajar a la par de la estacionalidad de los productos. Algunos de los sectores comprendidos en este régimen son los siguientes: agropecuario, químico, textil, siderometalúrgico, pesquero, minería no metálica, metalmecánico, madera y papeles, pieles y cueros, artesanías y joyería.

Esta Ley ha beneficiado a las empresas peruanas, lo cual se evidencia a través del resultado de sus exportaciones. Como podemos ver en el siguiente gráfico, hemos pasado de enviar al exterior US$ 5,285 millones en productos no tradicionales en 2006, a exportar US$ 16,146 millones, lo que refleja un crecimiento acumulado del 206% y un crecimiento promedio anual del 7.7%, en el periodo 2006-2021.

A lo largo de los años, a través de diversas iniciativas legislativas, se ha planteado si la presente Ley debe modificarse o derogarse en favor de la estabilidad laboral, para migrar al régimen general, tal como pasó a fines de 2020 con el régimen laboral agrario. Al respecto, diversas instituciones han expresado su posición de apoyo a la norma con base en un sustento técnico y legal.

El Tribunal Constitucional, en 2012, se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas laborales de fomento de la exportación no tradicional, la cual ha sido confirmada resaltando la importancia del cumplimiento de los requisitos para validar el contrato laboral temporal.

A la posición anterior se le suma el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el cual sostiene que no se debería obligar a todo el sector a conducirse bajo el régimen general de la actividad privada, ya que este comprende distintas actividades productivas, las cuales ya cuentan con regímenes o reglas especiales en materia laboral. Además, estos proyectos de ley no muestran el impacto económico que se tendría a futuro, lo cual resulta completamente necesario para saber las consecuencias monetarias que afectarían tanto a los trabajadores como a los empleadores. 

UNA MIRADA A SECTORES ESPECÍFICOS

El Ministerio de la Producción (Produce) señala que, en 2014, el 54% de los contratos del régimen de promoción no tradicional se suscribieron en Lima y que el 85.9% de estos correspondieron al sector textil y confecciones. A pesar de que se esperaría una mayor participación de ellos en los contratos, el número en Lima Metropolitana viene cayendo, debido a sus diversos problemas, como la informalidad y la baja productividad. Esto nos hace ver que uno de los principales problemas del sector recae en la precariedad informal y la competitividad, ya que el régimen cubre a una minoría.

En el Semanario 1135, presentamos un caso con un contexto similar: la derogación del régimen laboral agrario. Luego de más de un año de realizarse los cambios, sin un sustento técnico de por medio, analizamos su desempeño. Según cifras del MTPE, en diciembre de 2019, el 86.5% de los contratos formales se regían por el régimen laboral agrario y un año después solo un 19% se encontraba en este, como parte del régimen general, lo que aumentó del 11% al 77.7% durante el mismo período. Esto supuso un incremento significativo de los costos. Esta migración masiva entre regímenes supuso la pérdida de los beneficios que gozaba el sector, desincentivó mayores contrataciones y evitó la consolidación de planillas formales de nuevos empleadores. Como consecuencia, las inversiones en el sector agroexportador se concentraron en implementar sistemas de mecanización para reducir la mano de obra.

Por otro lado, a pesar de que la cantidad de empleos formales del sector agrícola aumentó durante el primer trimestre del presente año, los trabajadores informales ascendieron a 4,161,462. Como consecuencia, la tasa de informalidad en el sector se incrementó al 95.9% y así se terminó eliminando uno de los pocos mecanismos de formalización en la agricultura, lo que viene afectando la competitividad de las agroexportaciones peruanas y ha paralizado las inversiones.

Desde este espacio, consideramos que existe la posibilidad de mejorar esta situación. Toda norma es perfectible y, si se van a plantear cambios, estos deben hacerse sobre la base de evidencia técnica y rigurosa. Si bien es cierto que la informalidad presente en nuestro país da pie a que algunas empresas violenten el uso de este régimen, no por eso se debe derogar o hacer cambios radicales que terminan perjudicando a las empresas que sí cumplen con sus trabajadores. Si bien los sindicatos juegan un rol importante, el Ejecutivo o el Legislativo debe sentarse a entablar un diálogo y escuchar las propuestas de todas las partes involucradas, ya que, al fin y al cabo, son las mismas empresas que posteriormente se harán, o no, con los servicios de los empleados.