El anuncio de la adjudicación de la buena pro del proyecto de cobre Michiquillay a Southern Perú ha sido, sin duda, una gran noticia para las inversiones mineras y para el golpeado departamento de Cajamarca, que ha sufrido reveces en proyectos de inversión, lo que afectó seriamente su desarrollo económico y social. Este es un proyecto que supondrá la inversión de US$ 2,000 millones y que empezaría a operar en 2025, para convertirse en una de las minas más importantes del mundo. Durante la fase de operación, contribuirá con 0.5 puntos porcentuales del crecimiento nacional.

El reto ahora es priorizar el trabajo de la empresa con el Gobierno y las comunidades, para alcanzar un acuerdo social. El camino por recorrer aún es largo, pero resulta fundamental el acompañamiento estatal y, además, representa una oportunidad para impulsar la confianza que requiere el país sobre el destrabe de las inversiones. Se necesita llegar a un acuerdo para la recolocación de las comunidades de Michiquillay y La Encañada, lo que se presenta como el aspecto más complejo, incluso más allá de los temas técnicos que deben resolver, como la fuente del agua. Por ello, es fundamental un trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para convertir este proyecto en una realidad.

Pero así como saludamos este tipo de anuncios, nos sorprenden tantos proyectos de inversión privada paralizados por inacción o malas prácticas de funcionarios. Según el MEF, se tiene una cartera de proyectos por $ 50,000 millones que deben ser destrabados.

Para dar un ejemplo, tenemos el caso de los estudios de impacto vial (EIV) que tienen paralizado (¡oh sorpresa!) el mismo monto de inversión de Michiquillay, US$ 2,000 millones, en proyectos de infraestructura como centros comerciales, autoservicios, entre otros. Proyectos que se pueden ejecutar rápidamente y que generarán un importante impacto en el comercio, el empleo y el dinamismo local, pero que por vacíos en el marco legal vigente y la inacción de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se encuentran trabados hace años, a la espera del pronunciamiento sobre la autorización de sus EIV.

Se trata de proyectos de infraestructura comercial de iniciativa privada que, según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), no requieren EIV cuando incorporan en los documentos o planos del proyecto los criterios y requisitos exigidos en el RNE. Sin embargo, la MML viene exigiendo que ella debe aprobar el EIV para obtener la licencia de edificación. ¿El resultado? Una espera de más de 2 años para la aprobación del EIV, ya que la MML no cuenta con las capacidades técnicas ni humanas para analizarlos, y tampoco con un plan estratégico que señale los lineamientos para atender el tema de infraestructura vial de la ciudad de Lima. Como ejemplos, podemos mencionar el proyecto Cuartel San Martín (US$ 400 millones), que presentó el EIV en junio de 2012; Puruchuco (US$ 200 millones), en diciembre de 2015, y el Centro Comercial Camino Real (US$ 200 millones), en julio de 2016.

Para revertir esta situación, se viene impulsando un proyecto de ley que destrabe estas inversiones, pero claramente solo podrá salir adelante con voluntad política.

Es inaudito que el enemigo de un Estado que busca destrabar inversiones y dar previsibilidad y confianza sea él mismo. Sin voluntad política ni celeridad, poco o nada se podrá hacer. Estas trabas no solo frenan la inversión, sino que generan corrupción. ¿Hasta cuándo? Así como en Michiquillay se requiere un Estado presente que acompañe al privado, en este caso se requiere de un Estado que tome las riendas. El inversionista está listo, pero atado de manos.