Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las competencias son un factor esencial para lograr el bienestar individual y el desarrollo económico de los países. La OCDE define competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse y que permiten a los individuos desarrollar una actividad o tarea de manera adecuada, y que pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. Estas son muy importantes, porque representan la base para alcanzar altos niveles de empleos de calidad, dada la mejora en la productividad que traen consigo. En el Perú, en particular, la importancia de las competencias radica en la necesidad de nuestro país de producir bienes y servicios con mayor valor agregado y de aumentar nuestra capacidad de exportación. Cabe resaltar que mejores competencias no solo implican mayores niveles de productividad económica, sino también otros beneficios, como mayor salud y confianza.

El Perú ha emprendido el camino correcto en el fortalecimiento de las competencias, pues es el primer país no miembro de la OCDE que ha implementado una estrategia nacional junto a esta organización. Esta estrategia brinda al Perú un marco de referencia para analizar sus fortalezas y debilidades, y formula medidas concretas a adoptar en relación con tres pilares en los que se apoya todo sistema nacional de competencias: desarrollar las competencias relevantes desde la infancia hasta la edad adulta, activar la oferta de las mismas en el mercado laboral y utilizar las adquiridas de manera eficaz en el ámbito socioeconómico.

Las competencias son la base de la prosperidad en el Perú, pues impulsan el empleo, la productividad, el crecimiento económico y un mejor nivel de vida, al mismo tiempo que ayudan a construir una sociedad más sana, equitativa y cohesionada. Las estrategias de competencias de la OCDE han pasado de centrarse en el enfoque tradicional, que solo consideraba los años de educación formal y los diplomas alcanzados, a una perspectiva más amplia que incluye competencias que se adquieren, utilizan, conservan e incluso pierden a lo largo de una vida.

Existen nueve desafíos para el Perú a nivel de competencias, que son los siguientes: i) apoyar la culminación de estudios escolares y mejorar las competencias básicas en la educación obligatoria; ii) mejorar el acceso a una educación superior de calidad y la transición al empleo; iii) mejorar el marco institucional del mercado laboral para facilitar el empleo formal; iv) ampliar el alcance de las políticas de intervención en el mercado laboral para mejorar la empleabilidad de los trabajadores; v) mejorar la correspondencia entre la oferta y la demanda de competencias, y fomentar su mejor uso en el lugar de trabajo; vi) sacar el máximo partido a las competencias para impulsar una economía más diversificada y productiva; vii) mejorar la información disponible sobre las opciones educativas existentes y sobre el mercado laboral; viii) promover la coordinación entre los distintos actores y niveles gubernamentales; y ix) establecer alianzas con todos los participantes en el sistema, para garantizar que las políticas respondan a nuevas necesidades de competencias.

En los últimos años se han observado mejoras en algunos de los desafíos mencionados líneas arriba. Por ejemplo, la ley universitaria busca regular la calidad de las instituciones de educación superior y contrarrestar el efecto negativo de la expansión de la oferta de educación superior de baja calidad. No obstante, existen ámbitos en los que no hemos mejorado mucho y nuestra situación no es muy alentadora; por ejemplo, la informalidad en el mercado laboral peruano, la cual surge, entre otros factores, debido a los altos costos laborales producto de las rigideces existentes.

Según el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubica en el puesto 61 de 138 países en cuanto a eficiencia en el mercado laboral. Sin embargo, nos encontramos en la posición 130 en lo que respecta a prácticas en contrataciones y despidos, que son las que generan las rigideces y los altos costos que incentivan la informalidad. Esto evidencia que el país necesita reformas que busquen flexibilizar el mercado laboral, como se mencionó en el Semanario N.° 828, para aumentar la eficiencia, la productividad y dar pie a la reducción de la informalidad. Según la OCDE, el empleo informal aumenta los problemas relacionados con la ausencia de inversión en las competencias de los trabajadores. La baja inversión en competencias implica una baja productividad en las empresas que impide que puedan costear su paso a la formalidad. De esta manera, la poca inversión en competencias genera un círculo vicioso que impide que una empresa salga de la informalidad y hace que los problemas relacionados con esta persistan.

La estrategia de competencias desarrollada por la OCDE busca convertirse en un marco estratégico integrado para ayudar a los países a comprender mejor cómo invertir en las habilidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar su economía de manera efectiva. Los retos que se plantean en el informe marcan el camino del Perú para dinamizar y cerrar las brechas entre la oferta y la demanda de empleo juvenil, mejorar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, y solucionar un amplio número de problemas laborales relacionados con la informalidad y la baja productividad. Esto se lograría mediante la implementación de mecanismos que garanticen un salario mínimo acorde con la productividad de los trabajadores, el fomento de la colaboración entre empresas e instituciones educativas, y la mejora en la información sobre opciones educativas y mercado laboral, entre otros.